La diplomacia británica tiene la tendencia de intentar adaptar la historia a su conveniencia. Es el caso del artículo publicado recientemente por el embajador del Reino Unido en Israel en el The Jerusalem Post en respuesta a uno del canciller Pablo Quirno en el mismo medio, en el que el diplomático británico omite señalar que en 1790 Londres había reconocido que las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur pertenecían a España.
Fue a través de la Primera Convención de Nootka Sound – o Tratado de San Lorenzo-, un acuerdo bilateral con España en el que el Reino Unido renunció a establecer colonias permanentes en el extremo sur del continente americano.
Aunque el conflicto que originó este pacto jurídicamente vinculante estalló en la costa de la actual Canadá, Londres y Madrid aprovecharon la oportunidad para ordenar el mapa colonial de sus respectivos territorios en el Nuevo Mundo. El texto final no se limitó al hemisferio norte; por el contrario, la norma estableció un marco regulatorio que abarcó explícitamente a toda Sudamérica. Fue allí donde España logró introducir una cláusula estratégica que, a la postre, se convertirá en un blindaje legal sobre el Atlántico Sur.
El núcleo de ese blindaje reside en el artículo VI del Tratado, cuyo texto prohíbe explícitamente a los súbditos británicos levantar asentamientos en “las costas orientales y occidentales de la América Meridional y de las islas adyacentes”.
La corona británica aceptó que sus barcos solo podían navegar, pescar y establecer refugios estrictamente temporales para la caza de ballenas o la reparación de naves. Londres consintió, formalmente, que no edificaría ninguna base ni colonia al sur de los territorios que ya estuvieran bajo control efectivo de España.
Para el año 1790, la presencia de España en la región no era teórica, sino un hecho fáctico e incontestable. Desde que Francia transfirió el asentamiento de Puerto Luis en 1767 – rebautizado como Puerto Soledad- Madrid mantuvo gobernadores civiles y militares designados de forma ininterrumpida en el archipiélago. Al momento de firmarse la Convención de Nootka Sound, las Malvinas contaban con una guarnición militar activa, una capilla, un puerto operativo y una población estable que dependía directamente de Buenos Aires.
Bajo la lógica geopolítica y cartográfica de la época, las Malvinas cumplían a la perfección con la definición de “islas adyacentes” a la costa patagónica ocupada por España. Al encontrarse geográficamente ligadas al litoral austral y ubicadas al sur de los fuertes españoles, las islas del Atlántico Sur quedaron por añadidura protegidas por el veto impuesto a Gran Bretaña.
De este modo, el Reino Unido reconoció la exclusividad territorial española en el Atlántico Sur y a España como la única potencia soberana legítima en esa porción del planeta.
El embajador británico en Israel desestimó este antecedente en su artículo en el The Jerusalem Post, como también lo hizo respecto del principio del Utis Possidetis Iure que establecía que los nuevos estados americanos heredaban automáticamente todos los territorios y títulos jurídicos de España al momento de declarar su independencia. Un principio del derecho internacional que Londres terminó aceptando en 1904 en la disputa fronteriza con Brasil en torno a la Guyana Británica. También lo hizo posteriormente para proteger sus propios intereses en los procesos de descolonización de Asia y África.
En conclusión, la Convención de 1790 demuestra que la ocupación británica perpetrada en 1833 fue una flagrante violación a sus propios compromisos internacionales. El Tratado de San Lorenzo expone la contradicción histórica de Londres ya que había reconocido ante el mundo que el suelo y las aguas circundantes de las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur le estaban legalmente vedadas. w
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