Este lunes desde las 10 se realizará una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para evaluar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de modificar los "coeficientes zonales" que determinan las tarifas, con el objetivo principal de ampliar la protección a usuarios vulnerables.
Si la propuesta de la empresa que todavía hoy maneja el Estado nacional -y que en las próximas semanas pasará a manos de Walter Román y Mauricio Filiberti, entre otros- es aceptada por el regulador, 6 de cada 10 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán aumentos promedio de 22,6% -con un máximo de 149% en pocos casos y topes de 5% mensual-; mientras que un 20% de los usuarios residenciales verá una baja de 14,7% promedio en los próximos meses.
Los 2 millones de hogares que verán un incremento de sus tarifas pasarán de pagar $ 29.116 mensuales más impuestos a $ 35.710 por mes más impuestos a valores de septiembre 2026, sin contar las actualizaciones por inflación.
En Capital, las alzas más fuertes se verán en los barrios de Puerto Madero, una zona de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, además de sectores de Colegiales, Coghlan, Saavedra y el eje de Caballito que atraviesa el Parque Rivadavia y la avenida Pedro Goyena; en el Gran Buenos Aires, en tanto, se sentirá en los countries y zonas puntuales lindantes a centros comerciales.
La audiencia pública por AySA
La audiencia no es vinculante y el regulador puede definir aplicar los aumentos pero más diferidos en el tiempo. Tiene anotados a 37 personas, de los cuales 31 son oradores y apenas 6 oyentes inscriptos previamente; se transmitirá por streaming solo con link de ingreso y durará aproximadamente unas 4 horas y media.
El primer orador será el presidente del ERAS, Walter Méndez; lo seguirán ejecutivos de AySA, como su presidente, Alejo Maxit; y luego expondrán en contra el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; asociaciones de defensa de usuarios, consumidores, defensores de los pueblos y particulares interesados.
Los funcionarios peronistas criticarán el parate de las obras durante la presidencia de Javier Milei, los aumentos de tarifas por encima de la evolución de los salarios, la poca exigencia de inversiones y un "vaciamiento" con la privatización.
Por qué aumenta el agua y las cloacas
Los cambios en los "coeficientes zonales", que intentan determinar la capacidad de pago de los usuarios residenciales y no residenciales -comercios e industrias- según su lugar de residencia, tienen dos objetivos:
- Elevar la recaudación tarifaria en un 7,3% o $ 140.000 millones por año a valores del mes pasado para financiar una mayor cobertura en la tarifa social y ampliar la protección a por lo menos unos 150.000 hogares.
- Avanzar con una segmentación geográfica que quiso pero nunca supo o pudo hacer el kirchnerismo, para que los "subsidios cruzados" vayan de los hogares con más recursos hacia los más necesitados.
El Gobierno, además, puntualiza el "cambio cultural" que instaló al mostrar que el agua no es gratis, que ahora se puede cortar el servicio y que existen las herramientas para cuidar a los que no lo pueden pagar.
La medición zonal es el método que tiene AySA para facturar a sus usuarios, en una ausencia casi plena de medidores de consumo de agua. De hecho, la de AySA es la única concesión de su tamaño -14,3 millones de habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- que no los tiene desplegados masivamente.
Los criterios actuales responden a una configuración socioeconómica de hace 40 años, que no refleja la realidad. En 2022, el gobierno anterior solamente pudo quitar del "área protegida" a Puerto Madero y algunos barrios cerrados, pero casi el 90% de la superficie urbana todavía tiene un nivel zonal "bajo".
Los fondos adicionales que se recaudarán no se podrán aplicar a obras ni a la ganancia de los accionistas, que estarán obligados a un plan de inversiones de por lo menos 1.940 millones de dólares en los primeros 5 años y US$ 12.500 millones en los 30 años de la concesión.
Al inicio, los objetivos son el mantenimiento y no tanto la expansión de los servicios de agua y cloacas, cuya cobertura actual es de 75% y 63,6%, respectivamente.
La privatización de AySA y su valor de venta
La privatización de AySA, con la venta del 90% de las acciones del Estado nacional al fondo neerlandés PHX, a la firma de ingeniería Rowing, la operadora brasilera Arcos Saneamento e Participações y Transclor tuvo un avance la semana pasada con la adjudicación oficial.
El cierre se concretaría el 13 de noviembre, fecha alrededor de la que el consorcio ganador pagará los US$ 340,2 millones. Entonces se sellará la renuncia de sus altos cargos ejecutivos, como el del presidente de AySA, Alejo Maxit, que dejará su lugar a otro directivo designado por los compradores.
En el mercado se menciona a Teófilo Lacroze, ex presidente de Shell Argentina, de Raízen Argentina y de Meitner Energy, el vehículo estadounidense de origen iraní que quiere construir pequeños reactores nucleares modulares con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
La semana pasada, además, se conoció que la tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por la venta del 90% de AySA era de 332,6 millones de dólares, en línea con lo que pagarán los compradores.
Incluso, los funcionarios descontaron una tasa de rentabilidad en torno al 10% anual en dólares -por debajo de lo que hoy es la suma del riesgo país argentino y la tasa de interés base de Estados Unidos- y calcularon que el valor presente del flujo de fondos proyectado a 30 años es negativo en US$ 4,4 millones. Es decir, que no sería un negocio demasiado rentable en el largo plazo, según los análisis oficiales.
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