La Corte Constitucional de Ecuador informó este viernes que el Acuerdo de Comercio Recíproco suscrito por el Gobierno en marzo pasado con Estados Unidos requiere aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento).
El alto tribunal señaló que el acuerdo se encuentra incurso, al menos, en las causales previstas en los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución, que señalan que los tratados deben pasar por el Legislativo si contienen el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley y comprometen al país en acuerdos de integración y de comercio.
La Corte agregó que el pronunciamiento solo corresponde al primer momento de control constitucional de los tratados internacionales, y que continuará con el análisis del acuerdo para verificar si es compatible con la Constitución.
El acuerdo fue suscrito en Washington tras un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025 y concluido el pasado 13 de febrero.
El convenio permitirá eliminar la sobretasa del 10 % impuesta por el presidente Donald Trump para el 53 % de las exportaciones no petroleras del país que ingresan al mercado estadounidense, lo que equivale a 2.786 millones de dólares en comercio, de acuerdo con cifras de 2025, según dijo en ese entonces el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador.
Entre los sectores que se beneficiarán figuran principalmente productos agroexportadores como banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla, además de cacao y café y productos florícolas y palmito.
También se incluyen productos pesqueros y sus preparaciones, así como minerales estratégicos como oro, cobre y plomo, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero.
Respecto al ingreso de productos estadounidenses a Ecuador, el convenio prevé la reducción de aranceles para maquinaria agrícola y equipos industriales. La maquinaria para la construcción podrá ingresar con "arancel cero" desde la entrada en vigor del acuerdo o en cortos plazos.
El acuerdo también incluye compromisos en materia de inversión, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, estándares ambientales y comercio digital.
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