El nuevo esquema con el que las empresas tendrán que pagar indemnizaciones o juicios laborales podría empezar más tarde de lo previsto. Su inicio, estipulado para dentro de dos semanas, podría aplazarse a diciembre, de acuerdo a fuentes privadas que estuvieron en contacto con el Gobierno en los últimos días.
La postergación del comienzo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema obligatorio para todos los empleadores que se aprobó en la reforma laboral, está habilitada por la normativa que aprobó el Congreso.
De suceder, se trataría de la segunda prórroga: originalmente hubiese comenzado en junio. La ley dio seis meses de margen para reprogramarlo y el Gobierno resolvió en mayo demorarlo cinco meses hasta noviembre.
Fuentes oficiales consultadas por Clarín no confirmaron la postergación del inicio del FAL hasta diciembre, aunque mencionaron que hubo conversaciones con cámaras de fondos comunes de inversión y de fondos fiduciarios, que solicitaron formalmente un mes más de tiempo para adaptarse a las cuestiones operativas que implica el esquema nuevo.
Los bancos y las Alycs también están, en estas horas, a la espera de una definición concreta, según fuentes de los dos sectores consultadas por este diario. "Es muy probable que pase, pero estamos esperando confirmación", aseguraron desde uno de los principales bancos involucrados en el servicio de FAL para sus clientes.
La cámara de fondos comunes solicitó a la CNV un mes más de tiempo para adaptarse al nuevo sistema.
Un cambio de esta naturaleza debería estar reflejada en el Boletín Oficial, ya que el 1° de noviembre como fecha de arranque fue estipulado por decreto. En caso de que la postergación se oficialice, de esta forma, el esquema comenzaría a funcionar desde diciembre, pero los aportes propiamente dichos comenzarían a ser girados a los administradores de FAL desde enero.
La puesta en marcha del sistema FAL implica una cantidad considerable de cambios en los sistemas internos de las empresas, y de su vinculación con ARCA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El pedido más generalizado del sector hacia el Poder Ejecutivo, durante estos meses de preparación, fue claridad y celeridad para conocer la reglamentación de la letra chica.
Son unos 550 mil empleadores, de acuerdo a fuentes privadas, los que estarían contemplados en el nuevo esquema, entre pymes y grandes empresas. Todas estarán obligadas a adherir sin importar la cantidad de trabajadores que tengan en su nómina. Solo quedan exceptuados empleados públicos, los de la construcción y trabajadoras de casas particulares.
Dos fuentes del mercado financiero que mantuvieron reuniones con el Gobierno también mencionaron otro tema en la mesa de negociación. Se trata del tiempo mínimo que tendrán que permanecer invertidos los fondos en el mercado de capitales antes de que puedan ser usados para el pago de indemnizaciones o juicios laborales.
La reglamentación estableció un margen de 6 meses de aportes de cada empresa a su cuenta financiera antes de que se conviertan en utilizables. Es decir, que deberían mantenerse invertidos en el menú de bonos o acciones que permite la regulación. Está en análisis, por pedido de los jugadores del mercado financiero, extender ese período a 12 meses.
ARCA será la encargada de derivar los aportes a la cuenta FAL de cada empresa.
"Sería sano para que el mercado adquiera una mayor escala. Y el año que viene es electoral, puede llegar a ser un año volátil, y sumarle la posibilidad de rescates desde junio y que puedan impactar en los bonos no sería conveniente", mencionó una fuente involucrada en conversaciones con el Gobierno.
Esa extensión, de 6 meses a un año, también está contemplada en el articulado de la reforma laboral, por lo que el Gobierno solo estaría a tiro de decreto reglamentario para concretarlo. "El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer un plazo mayor, cuando por las características del sector económico o del mercado laboral, entre otros motivos atendibles, así lo aconsejen", reza el artículo 65°.
El sistema FAL no implica en términos prácticos un cambio en la cantidad de aportes que hacen las empresas empleadoras sino en el destino. Un porcentaje (2,5% para las pymes y 1% para el resto) en lugar de desviarse al sistema previsional, irán al mercado financiero.
Otra interpretación para una eventual postergación es de orden tributario. El Gobierno incluyó un cálculo sobre los fondos FAL en el proyecto de Presupuesto 2027 y estimó cuál será el costo fiscal del esquema.
Es decir, cuánto dinero dejará de recaudar el sistema previsional para que esos fondos vayan al mercado financiero. De acuerdo al texto de ley, serán casi 0,2% del PBI de menor ingreso al fisco por concepto de Aportes a la Seguridad Social.
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