15/10/2026 14:24
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Debe US$ 260 millones: quebró una importante algodonera vinculada a la familia Vicentin

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Algodonera Avellaneda emplea a alrededor de 350 trabajadores en Reconquista, Santa Fe. La textil estaba en concurso desde 2024, pero no se pudo llegar a un acuerdo para reestructur

La Justicia santafesina declaró en las últimas horas la quiebra de Algodonera Avellaneda, una empresa textil vinculada a integrantes de la familia Vicentin, tras atravesar un concurso de acreedores por más de dos años en el cual no se pudo llegar a un acuerdo y tampoco se registraron ofertas de interesados en comprar la compañía en el proceso de salvataje.

"Luego de que venciera el plazo para la inscripción de interesados en el salvataje, sin haberse registrado presentaciones en tal sentido (art. 48, incs. 1 y 2 LCQ); y ante la falta de obtención de las mayorías legales (arts. 45 y 46 LCQ), corresponde declarar la quiebra de la sociedad ALGODONERA AVELLANEDA SA", indica el fallo firmado por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado de 1ra Instancia Civil y Comercial de 2da Denominación de Rafaela, explicó que "esta medida se adopta tras haber realizado todos los esfuerzos posibles y agotado cada instancia legal previa para evitar este momento".

Algodonera Avellaneda se ubica en la localidad santafesina de Reconquista, posee alrededor de 350 empleados. Actualmente, funciona al 60% de su capacidad realizando trabajos a fasón para poder afrontar los sueldos de su personal. Además de la planta hilandera, posee desmotadoras de algodón en las localidades de General Pinedo (Chaco) y Banderas (Santiago del Estero).

Según indica un fallo anterior de Lorenzini en el marco del concurso, la firma debe afrontar una cuantiosa deuda con el Banco Nación - su principal acreedor - de $1.585.782.428,89 y U$S 260.791.600,40. Este monto representa el 80% de las acreencias no saldadas por la empresa.

Además, la Sindicatura registró un pasivo post concursal de $6.818.717.040,87 (correspondiente a períodos 2025-2026), originado en acreencias de servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y laborales.

La compañía había pedido la exclusión de la entidad financiera por considerarla un “acreedor hostil”, cuestión que fue considerado “improcedente” por el tribunal.

Así, sin posibilidad de acuerdo y sin ofertas para quedarse con la empresa en el proceso de cramdown por su abultada deuda, Lorenzini declaró la quiebra indirecta y abrió las puertas a la posibilidad de que la misma sea continuación de la actividad de la planta.

"Declarada la quiebra, corresponde analizar la conveniencia de autorizar la continuación de la explotación cuando, por medio de este mecanismo, se pueda preservar de la mejor manera posible un mínimo margen de actividad productiva que (además), podría redundar en una conservación del valor de los activos, y mayor tutela del empleo, con carácter eminentemente transicional, mientras se procura de modo eficaz la liquidación de la empresa en marcha, mediante su adjudicación total, o por medio de la venta de unidades de negocios en funcionamiento", sostuvo Lorenzini en el fallo.

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