El gobernador Greg Abbott anunció que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobó un reembolso de 7.500 millones de dólares para Texas por gastos de seguridad fronteriza. La oficina del gobernador presentó el pago como una devolución histórica y lo vinculó con los fondos federales aprobados para compensar a estados y gobiernos locales por costos asumidos en la frontera sur.
La devolución está asociada a costos de la Operación Lone Star, el despliegue de seguridad fronteriza que Texas puso en marcha en 2021. Según la oficina de Abbott, ese operativo incluyó miembros de la Guardia Nacional de Texas, agentes del Departamento de Seguridad Pública, barreras físicas, tecnología de vigilancia y otras medidas aplicadas en la frontera con México.
Abbott dijo que recibió la confirmación del pago por parte del secretario Markwayne Mullin. En el comunicado oficial, el gobernador sostuvo que Texas “sostuvo la línea” y calificó el reembolso como una “victoria” para los contribuyentes del estado. La frase forma parte de su propia lectura política del caso, ya que el dinero devuelve a Texas parte de fondos que el estado afirma haber usado ante la falta de una acción federal suficiente.
El pago llega después de años de tensión entre Texas y el gobierno federal por la política migratoria. Durante la presidencia de Joe Biden, Abbott sostuvo que el estado debía intervenir con recursos propios para reforzar la frontera. Desde esa postura surgieron inversiones estatales en despliegue de personal, construcción de barreras, transporte de migrantes a otros estados y uso de herramientas de vigilancia.
The Texas Tribune informó que la administración de Donald Trump aprobó los fondos como compensación por dinero que Texas gastó en seguridad fronteriza durante el gobierno anterior. El medio señaló que la aprobación llegó 14 meses después de que el Congreso autorizara el fondo de reembolso.
En la solicitud estatal, Texas incluyó gastos vinculados con barreras de alambre cerca de Eagle Pass, personal asociado con más de 530.000 detenciones migratorias, casi 54.000 arrestos penales y el traslado de alrededor de 120.000 migrantes a otros estados tras su procesamiento por autoridades federales, según The Texas Tribune.
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, una fuerza bajo la dirección de CBP. Foto: X/@BPAcademyChief.
Qué falta para completar el reclamo
El reembolso de 7.500 millones de dólares no agota la discusión. La oficina del gobernador informó que Texas también buscará una parte de otros 3.000 millones de dólares disponibles a través del Departamento de Justicia para cubrir costos adicionales. El objetivo del estado es ampliar la devolución por gastos asociados a su estrategia fronteriza de los últimos años.
En esta línea, The Texas Tribune señaló que Texas había calculado en cerca de 10.000 millones de dólares el costo de los programas por los que pidió compensación federal. El estado gastó más de 11.000 millones en seguridad fronteriza bajo la Operación Lone Star, con fondos para muro, boyas, cercas, personal estatal y acciones de control en la frontera.
Texas había calculado en cerca de 10.000 millones de dólares el costo de los programas por los que pidió compensación federal.
El dinero también tendrá efecto sobre las cuentas públicas de Texas. Los 7.500 millones podrán ser incorporados a las proyecciones fiscales cuando la Legislatura estatal vuelva a reunirse en enero. Ese punto importa porque el reembolso no solo cierra una disputa con Washington: también puede modificar el margen presupuestario disponible para otras decisiones del estado.
La discusión, sin embargo, no queda cerrada con el anuncio. Todavía falta saber cómo se registrará el ingreso, qué porción cubrirá gastos ya realizados, qué nuevos reclamos aceptará el gobierno federal y cómo se usará el dinero dentro del presupuesto estatal.
En términos políticos, Abbott presentó la devolución como una reivindicación de la política fronteriza de Texas. En términos administrativos, el pago reconoce una parte importante de los costos que el estado dijo haber asumido. La próxima etapa será menos simbólica y más presupuestaria: definir cómo se integran esos fondos a las cuentas públicas y qué reclamos quedan pendientes.
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