El presidente Donald Trump siempre quiso poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a miles de extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos. Las últimas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) involucran (y perjudican) a casi un millón de refugiados.
La finalización del TPS (que en muchos casos había sido concedido por perjuicios humanitarios en los países de origen) tiene relación con un fallo de la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe. Por mayoría, el tribunal permitió que el gobierno avanzara con la terminación del TPS para ciudadanos de varios países.
El DHS ha sido enfático en una publicación de redes sociales: "Todas las cancelaciones del TPS ya están en vigor. Quienes tengan el TPS cancelado deben irse ahora. Si no lo hacen, los deportaremos".
La medida alcanza a personas que, según las disposiciones adoptadas por el Gobierno estadounidense, ya no cumplen con los requisitos para permanecer bajo esta protección. El alcance de la decisión dependerá de las determinaciones establecidas para cada nacionalidad y de los plazos fijados para la finalización del programa.
¿A qué países afecta la medida?
El gobierno aclara que el TPS es un permiso especial que habilita la permanencia de ciudadanos de países afectados por crisis políticas, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Es un permiso temporal que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) renovaba cada año.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llevó hasta la Corte Suprema el caso para derogar el TPS. Foto: Samuel Corum. Sipa. Bloomberg.
Para paliar la situación provocada por el final del TPS, el Gobierno organizó un programa de autodeportación que representa “una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo”, según la información oficial.
La oferta incluye la condonación total de cualquier multa acumulada durante la residencia en Estados Unidos y un “bono de salida de $2600 para facilitar el viaje de regreso a su país de origen u otra nación en la que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home”.
Protesta de beneficiarios del TPS frente a la Corte Suprema, en abril de 2026. Foto: Bill Clark. CQ Roll Call.
Según la información del USCIS los países que perdieron el estatus son:
- Haití.
- Siria.
- Yemen.
- Honduras.
- Nicaragua.
- Sudán del Sur.
- Myanmar (Birmania).
- Somalia.
- Nepal.
En tanto, según la misma información, el estatus continuaba para:
- Venezuela (hasta el 2 de octubre de 2026, ahora está nuevamente en una corte estatal y sigue en litigio)
- Sudán (hasta el 19 de octubre de 2026).
- Ucrania (hasta el 19 de octubre de 2026).
- Líbano (hasta el 27 de noviembre de 2026).
- El Salvador (posiblemente hasta marzo de 2027)
La mayoría de los afectados son personas que llegaron desde América Latina. En el caso de Haití, el TPS comenzó a regir en 2010 y se calcula que hay 350.000 beneficiarios de ese origen.
Para los nacidos en Honduras, había sido otorgado en 1998 luego de que el huracán Mitch devastara gran parte del país. En junio de 2023, el gobierno de Joe Biden había rescindido la decisión de terminar el TPS que había tomado Trump durante su primer gobierno y lo extendió hasta el 5 de julio de 2025. Los afectados suman unos 50.000.
También el huracán Mitch llevó a Washington a otorgar el TPS a los nicaragüenses a partir de 1998. Debía terminar el 8 de septiembre de 2025. Al confirmarse su finalización, hay unas 4.000 personas afectadas.
Para los venezolanos, el TPS fue aplicado por primera vez en marzo de 2021, debido a la persecución política del régimen chavista de Nicolás Maduro, durante la administración de Joe Biden. Posteriormente, en octubre de 2023, el DHS amplió la protección hasta abril de 2025. Abarca a unas 600.000 personas.
Miembros de la comunidad hondureña exigen la vigencia del TPS, en febrero de 2026. Foto: X/@f15septiembre.
El Pew Research Center, que estima en un millón los alcanzados por la finalización del TPS, también realizó una encuesta. En el sondeo la mayoría (59%) manifestó su desacuerdo con la medida, mientras que el 39% la aprobó.
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