La justicia federal le está poniendo límites a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, una jueza de California ordenó la liberación de un joven al que habrían coaccionado para que firmara un documento en el que renunciaba a impugnar la deportación.
En su fallo, la jueza Noël Wise, del distrito norte de California, determinó que los agentes habrían violado las garantías básicas del debido proceso. Un caso similar ocurrió en julio en Houston, luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araújo, víctima de un supuesto tiroteo con agentes de ICE.
Un testigo del episodio, José Trinidad Rojas Pliego permaneció en un centro de detención durante 22 días acusado de vivir en Estados Unidos de manera ilegal. El juez federal Keith Ellison ordenó su liberación con argumentos similares a los de Wise porque la detención prolongada afectaba sus derechos constitucionales.
Las sentencias vuelven a poner bajo la lupa la legalidad de muchos operativos realizados por ICE que, según muchas denuncias, llegan a poner en riesgo y hasta violar las garantías de los ciudadanos.
Los agentes habrían tratado de engañarlo
La jueza Wise dictaminó que ICE “coaccionó” a Cornelius Kaihau Holani, un ciudadano neozelandés de 20 años, de etnia tongana, para que firmara un documento después de detenerlo en el Aeropuerto Internacional de Oakland y trasladarlo a una oficina de la agencia en San Francisco.
La jueza Noël Wise dispuso la liberación de Holani. Foto: District Court for the Northern District of California.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, informa que Holani había ingresado al país el 13 de julio de 2023 con una visa que le permitía permanecer 90 días. Pero su estadía se extendió mucho más: vive en Seattle, donde cuida de su abuela y es voluntario en una iglesia, donde enseña danzas tradicionales de Tonga. Su madre tiene Green Card y su padrastro es ciudadano estadounidense.
El 31 de julio de 2026, agentes de ICE lo detuvieron en el aeropuerto de Oakland. La jueza Wise dice que, una vez en la oficina de San Francisco, los funcionarios le presentaron un documento y le ordenaron firmarlo. Cuando Holani preguntó si estaba relacionado con la deportación, le respondieron que no.
Entonces, Holani firmó el documento sin conocer su contenido y también presentó un pedido de hábeas corpus, argumentando que estaba siendo confinado, detenido o encarcelado ilegalmente.
El caso llegó a la jueza Wise, quien finalmente ordenó su liberación e impidió que el gobierno lo expulsara del país. También ha fijado una audiencia para el próximo 13 de agosto por el expediente Holani v. Albarrán et al, orden de restricción temporal.
Otro caso similar. Rojas Pliego posa junto a su abogado, Hugo Balderas Ibarra. Foto: @elabogadotejano.
En el caso de Rojas Pliego, su abogado Hugo Balderas Ibarra, conocido como El abogado tejano, también había pedido un hábeas corpus y así logró su liberación. El juez Ellison consideró que su detención continuada estaba violando su derecho al debido proceso, amparado por la 5ª Enmienda.
Ahora, si el gobierno intenta detener nuevamente a Rojas Pliego, los fiscales deberán notificar con antelación y programar una audiencia ante el juez Ellison. También deberán demostrar que el hombre representa un peligro para la comunidad o que existe un riesgo de fuga.
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