¿Qué cambia cuando el asesinato de una mujer es juzgado como femicidio y no como un homicidio común? Se trata de decidir si en determinadas muertes de mujeres se reconoce una forma específica de violencia atravesada por razones de género y relaciones de poder.
Julieta González tenía 21 años cuando fue asesinada en Mendoza, en 2016. Tenía una relación con Andrés Di Césare y, según estableció la investigación, ella le había contado que estaba embarazada. La primera sentencia descartó el femicidio y lo condenó a 18 años por homicidio simple. Di Césare había buscado en Internet información sobre pruebas de ADN “sobre el feto de un cadáver” y “¿cómo deshacerse de un cuerpo?”
La Suprema Corte mendocina revisó esa decisión, consideró la asimetría de poder, el sometimiento, la brutalidad del ataque y su relación con el embarazo y lo condenó a prisión perpetua por femicidio. Ahora la Corte Suprema de la Nación debe decidir si mantiene esa interpretación.
Lo que está en discusión es si para que exista un femicidio tiene que haber necesariamente una pareja, una expareja o una historia previa de violencia. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte que no. La ley no lo exige. Tampoco que haya denuncias anteriores ni que víctima y victimario se hayan conocido durante mucho tiempo. La violencia de género puede aparecer en un único ataque. Lo que importa es investigar el contexto del crimen.
Que un asesinato sea caratulado y juzgado como femicidio no significa necesariamente que aumente la pena. El Código Penal contempla agravantes. Lo que cambia es que el Estado reconoce en una sentencia que ese asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género.
Y eso importa porque permite identificar patrones, construir estadísticas, saber cuántas mujeres son asesinadas en ciertas circunstancias y cómo ocurren esos crímenes. Permite diseñar políticas de prevención. Queda por escrito que esa violencia existe.
Hablar de femicidio significó dejar de mirar esa violencia como una tragedia privada y permitió empezar a reconocerla como parte de un problema social. ELA advierte que restringir ahora la figura significaría volver a invisibilizar formas de violencia que el país aprendió a reconocer.
Por eso, la discusión que tiene hoy la Corte Suprema es importante. El término femicidio denuncia la violencia estructural del patriarcado y la desigualdad de género. El crimen deja de ser un drama individual para convertirse en un problema social y político de Estado.
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