A quince días de sentarse, por primera vez, en el banquillo de los acusados, el diputado nacional Máximo Kirchner, recibió otro fallo judicial en contra de sus intereses patrimoniales. La Cámara de Casación rechazó el planteo que formuló junto a su hermana, Florencia Kirchner, para impedir que se avance sobre casas, terrenos, hoteles y departamentos anotados a nombre de ambos, en una segunda etapa de decomisos en el caso Vialidad.
La estrategia judicial de la defensa de los hijos de Cristina Kirchner, no prosperó en el máximo tribunal penal. Los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, en un fallo unánime, desestimaron el planteo que pretendía suspender el trámite del decomiso impulsado en el marco de la causa Vialidad.
El recupero del producido del delito, es la herramienta del Poder Judicial para restituir al Estado aquello se fue robado. En este expediente, es el resultado de la maniobra defraudatoria alrededor de los 51 procesos licitatorios viales que fueron adjudicados, de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65%, al Lázaro Báez.
La cifra actualizada por los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, asciende a 685.000 millones de pesos. Los nueve condenados del caso Vialidad deben responder solidariamente, ante ese reclamo.
La primera tanda de bienes a decomisar, que incluye 111 bienes muebles e inmuebles, se encuentra bajo estudio en la Corte Suprema. De ese universo de propiedades hay 19 que están escrituradas a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
El criterio lo aplicó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena. Señalaron que todo aquello que los condenados hayan incorporado a sus respectivos patrimonios entre 2003 y 2015, es decir, mientras se desarrolló la maniobra delictiva.
Cristina Kirchner a mediados de 2016, cedió en partes iguales y a título gratuito, todos sus bienes a sus hijos. Por eso, son alcanzados por el decomiso que reclamó el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Luciani.
Mientras ese trámite que ya tiene confirmación por parte de la Cámara de Casación, está siendo estudiado por los ministros de la Corte, en Comodoro Py el TOF 2 avanza con una segunda tanda de decomisos.
Se trata de 144 bienes muebles e inmuebles, y abarca propiedades de las empresas de la familia Kirchner, Los Sauces SA (inmobiliaria) y Hotesur SA (firma hotelera). Asimismo, el fiscal Diego Luciani reclamó el decomiso de los U$S 5 millones que le pertenecen a Florencia Kirchner, embargados en el expediente por maniobras de lavado de dinero conocido por los nombres de las compañías.
Para avanzar, se remitió documentación a los registros de la propiedades inmueble como automotor y otra clase de documentación a los fines de constatar la información recabada por el Ministerio Público Fiscal.
Los jueces de TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, ordenaron dictar un embargo preventivo sobre los bienes identificados por el fiscal Luciani.
Los argumentos expuestos por el abogado defensor, Luis Goldin, pretendía que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la primera tanda de bienes a decomisar.
La Sala IV consideró que los recursos eran "formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible", es decir: no constituía una sentencia definitiva "ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite".
Tampoco entendieron los magistrados, la defensa de Máximo y Florencia Kirchner, lograron "demostraron un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior". En ese sentido, los camaristas manifestaron que las cuestiones planteadas "no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento había sido diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente".
De esa manera, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa “Vialidad”, por un monto actualizado de aproximadamente $685 mil millones.
En una resolución anterior, los jueces del máximo tribunal penal, ya habían convalidado el criterio del TOF 2 respecto al embargo preventivo sobre las compañías, los bienes de Máximo y Florencia Kirchner como medida previa a resolver si se avanzará en el decomiso de ese universos de inmuebles o no.
¿Por qué avanzan sobre las empresas?
En la última resolución y a través de la cual se dictan nuevas medidas cautelares, los jueces del TOF 2 recordaron que la sentencia condenatoria firme determinó que la maniobra defraudadora en la obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
Durante el período investigado “existió una conexión económica y comercial comprobada”, consignaron los jueces. La sentencia es clara al momento de indicar que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Por lo tanto, el dinero del delito “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”.
En la resolución se señaló que es necesario avanzar en la cautela de los bienes que integran esta segunda etapa de decomiso. “El artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. Bienes transmitidos gratuitamente a terceros: La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros”, se detalló.
Respecto a los paquetes accionarios, los magistrados recordaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde la instrucción del caso, en 2017. En aquel momento, la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas/acciones que le correspondían a Cristina (como parte de sus bienes gananciales y el acervo heredado) habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia.
Una vez más: como la condena y su consecuencia patrimonial pesa sobre Cristina Kirchner, esa cesión no la exime de ser ejecutada.
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