Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno portugués que transmita al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita del jueves a Portugal, que la base aérea de Lajes, en las Azores, "no puede utilizarse para cometer crímenes de guerra" y que rechace su uso para apoyar operaciones militares en Irán.
"Ha llegado el momento de que las autoridades portuguesas digan claramente a la Administración Trump que la base de Lajes no puede ser utilizada para crímenes de guerra", afirmó el director ejecutivo de AI Portugal, João Godinho Martins, en un comunicado.
La organización reclamó que esa negativa incluya el espacio aéreo portugués y sostuvo que la alianza con Estados Unidos implica para Portugal "la responsabilidad y el deber moral" de garantizar que no contribuye a violaciones del derecho internacional.
Godinho Martins acusó al Ejecutivo luso de mantener una "contribución activa" a la crisis y consideró que incumpliría sus compromisos internacionales si permite reiteradamente el uso de Lajes para operaciones relacionadas directa o indirectamente con los ataques sin poder asegurar que las aeronaves y el material que transitan por la instalación no se emplean para cometer crímenes.
Conforme al derecho internacional, según recordó, los Estados no deben ayudar de forma consciente a cometer violaciones de ese ordenamiento y tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.
También denunció las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de "aniquilar" Irán. A juicio de la organización, podrían constituir una amenaza de genocidio.
Amnistía afirmó que ha documentado ataques de Estados Unidos, Israel e Irán que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad y señaló que la población iraní está atrapada entre los ataques externos y la represión interna.
Una base portuguesa de valor estratégico
Situada en la isla de Terceira, en el archipiélago atlántico de las Azores, Lajes acoge fuerzas estadounidenses y constituye un punto estratégico de tránsito y apoyo logístico para sus operaciones, así como para las de la OTAN y sus aliados.
Su utilización por Washington se encuadra en la cooperación bilateral de defensa. El acuerdo de 1995 preserva la soberanía portuguesa sobre el territorio y el espacio aéreo y establece distintos regímenes para el uso de las instalaciones, incluida la autorización previa para operaciones no contempladas en los supuestos previstos.
El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, anunció en marzo que Lisboa había concedido una autorización condicionada para el uso de Lajes tras los ataques estadounidenses contra Irán.
En abril defendió ante el Parlamento que el Gobierno tenía razones para creer que Washington respetaba las condiciones, entre ellas la proporcionalidad y la exclusión de infraestructuras civiles como objetivos de las operaciones que involucraban la base.
La controversia ha llegado a la Fiscalía portuguesa, que el pasado 3 de octubre confirmó la apertura de una investigación sobre la legalidad de la autorización gubernamental, tras una denuncia de miembros del partido Bloco de Esquerda.
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