GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García volverá el martes a un tribunal federal, donde el gobierno federal continuará su intento de deportarlo en una saga de 18 meses que comenzó cuando fue enviado por error a El Salvador el año pasado.
El gobierno busca anular una orden judicial preliminar dictada por la jueza Paula Xinis que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenga y deporte a Ábrego García a Liberia. Su equipo legal intenta que la orden sea permanente. La jueza mantuvo vigentes órdenes anteriores en diciembre pasado y ordenó su liberación.
El caso del ciudadano salvadoreño se convirtió en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fuera deportado por error a su país de origen. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a un país africano, como propusieron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Ábrego García sostuvo que, si iba a ser deportado, debería ser a Costa Rica, que previamente aceptó recibirlo. Pero Todd Lyons, exdirector interino del ICE, señaló en un memorando de marzo de 2026 que deportarlo a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”, porque el país había gastado recursos y capital político negociando con Liberia para que aceptara a nacionales de terceros países.
El impulso para deportarlo a Liberia continuó incluso después de que Estados Unidos firmara un acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
“Al gobierno sigue el mismo rodeo de tantas veces. Enviar a Kilmar a Costa Rica está sobre la mesa. Sin embargo, el gobierno sigue castigándolo por ejercer sus derechos constitucionales y busca enviarlo a Liberia”, manifestó Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y a su familia y que tiene previsto estar en el tribunal. “Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del debido proceso, un símbolo que la administración Trump quiere silenciar”.
Añadió en un correo electrónico que la familia merece privacidad, ya sea en su hogar en Maryland o en Costa Rica.
Ábrego García, de 31 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia.
Fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 después de recoger a su hijo, que entonces tenía 5 años y tiene autismo y otras discapacidades, en la casa de su abuela, según documentos judiciales.
Luego, fue enviado a una megaprisión en El Salvador conocida como CECOT, que según activistas está plagada de abusos y donde los reclusos son hacinados en celdas sin poder nunca salir al exterior. Funcionarios del ICE admitieron en documentos presentados ante el tribunal que su deportación allí fue un “error administrativo”.
Ante la presión pública y una orden judicial, la administración republicana del presidente Donald Trump lo trajo de regreso en junio de 2025, pero solo después de obtener una acusación formal de tráfico de personas en Tennessee. Un juez federal desestimó ese caso en mayo de 2026, al concluir que el gobierno solo deseaba castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno está apelando.
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