QUITO (AP) — La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch pidió el viernes a los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador revelar la base legal de las operaciones que permitieron la interceptación y destrucción de ocho barcos pesqueros ecuatorianos en las últimas semanas en medio del océano Pacífico.
En un informe publicado en su página web la organización aseguró que ninguno de los dos países “ha revelado evidencias sólidas que vinculen individualmente a los tripulantes con algún delito”.
Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, según HRW, fuerzas estadounidenses destruyeron ocho pesqueros ecuatorianos y detuvieron a 140 de los 160 tripulantes. Los otros 20 fueron rescatados más tarde por la Armada ecuatoriana.
Del total de los pescadores detenidos 90 están siendo investigados penalmente por la justicia, 14 no fueron presentados ante un juez y el resto fueron liberados, señaló ese organismo.
Algunos de esos tripulantes, precisó HRW ,“dijeron que fueron golpeados y amenazados para obligarlos a confesar que traficaban combustible” y que los obligaron a firmar documentos que no entendían.
Estados Unidos ha dicho que esas embarcaciones operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para operaciones de tráfico de drogas vinculadas al violento grupo criminal "Los Choneros”, acusado por la policía de mantener estrechos nexos con cárteles de México y Colombia.
Estos casos se suman a los de otras tres embarcaciones cuyos tripulantes aseguran que fueron interceptados por fuerzas estadounidenses a inicios de este año. Además, está el caso del “Fiorella”, cuyos ocho pescadores siguen desaparecidos desde enero. Los tripulantes del resto de las embarcaciones volvieron al país.
The Associated Press pidió un comentario al Ministerio de Defensa de Ecuador y no obtuvo una respuesta de inmediato, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos precisó que actúa conforme a las leyes.
Recientemente el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, aseveró que “estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas" y destacó que con ello se está “desmantelando sus redes intrincadas, interrumpiendo su logística sofisticada y asestando un golpe a sus finanzas”.
“La interceptación del tráfico de combustible en el mar puede ser un paso importante para detener a grupos criminales", reconoció Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de HRW, pero insistió en que "eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos”.
HRW indicó que no pudo determinar si alguna de las embarcaciones operaba como estación ilícita de reabastecimiento de combustible y afirmó que Estados Unidos y Ecuador no han revelado evidencia “que respalde sus alegaciones”.
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