La casi segura caída en el Congreso de las medidas que mejoran la crisis del alquiler que aprobó el gobierno de España abre la puerta al adelanto electoral que sobrevuela al presidente Pedro Sánchez desde hace meses.
A la acampada que lleva seis días en la Puerta del Sol de Madrid y a los cacerolazos frente a los ayuntamientos de varias ciudades que retumbaron en la noche del jueves, se sumó este viernes una marcha en la puerta del Congreso mientras se decidía el futuro de los dos decretos que aprobó el gobierno para proteger a los inquilinos.
Marcha en la puerta del Congreso. Foto: Reuters
“¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!”, gritaban los manifestantes al tiempo que, en el hemiciclo del Parlamento, se debatían los decretos que estarían condenados al fracaso por falta de apoyos.
Una de las medidas postula mayor protección contra los desalojos hasta 2030, que los contratos de alquiler que estén vigentes se puedan prorrogar automáticamente por dos años y que los fondos de inversión inmobiliaria -fondos buitre- tengan prohibido comprar viviendas hasta 2028.
El otro decreto, impulsado por Sumar -el socio minoritario en la coalición del gobierno con el PSOE-, pretende la renovación indefinida de los contratos de alquiler y que, si el propietario se niega sin un motivo justificado, indemnice al inquilino con doce mensualidades.
El apoyo en el Congreso a las medidas
La aprobación de los decretos depende de que los grupos parlamentarios que apoyaron la reelección del Pedro Sánchez en 2023 vuelvan a decirle que “sí”.
Pedro Sánchez abandona el hemiciclo en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE
Sin embargo, esos “socios de investidura” ya no lo son para que Sánchez apruebe leyes.
El gobierno contaría, para aprobar el primero de los decretos, con el voto de los partidos progresistas, incluyendo a los catalanes independentistas y a los vascos, tanto de izquierda -como EH Bildu-, como de derecha -Partido Nacionalista Vasco (PNV)-.
El Partido Popular y Vox anticiparon que le darán la espalda.
La llave de la aprobación quedaría en poder de Junts per Catalunya, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, que aún espera que se le aplique la ley de amnistía para poder volver a España.
Junts permitió la última investidura de Sánchez, pero es muy probable que le suelte la mano en la votación de los decretos de este viernes.
El PSOE y Sumar solicitaron al Parlamento que la votación de este viernes se realice bajo llamamiento, es decir, que cada uno de los 350 diputados sean llamados por nombre y apellidos y expresen el sentido de su voto.
“Que se retraten”, reclaman desde el gobierno.
¿Adelanto electoral?
La convocatoria anticipada a las urnas una decisión que solo puede tomar el presidente del gobierno. En su entorno crece el rumor que este escenario sería el mal menor. Teniendo en cuenta el calendario electoral, debería producirse antes del verano europeo de 2027.
“Este gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”, dijo Sánchez en sus redes sociales casi a medianoche, cuando trascendió que el partido del expresidente Puigdemont pedía que retiraran los decretos y elaboraran otro proyecto.
“Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”, señaló Sánchez.
“Ha llegado la hora de la verdad -sentenció el presidente-. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras.”
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