Ocho exiliados nicaragüenses a quienes el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad han sido detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y están en riesgo de ser deportados, denunció este viernes Human Rights Watch (HRW).
Siete de los ocho forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno nicaragüense expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos "traidores" y retirarles la nacionalidad, de acuerdo con un comunicado de HRW.
El octavo es el periodista Luis Galeano, también privado de su nacionalidad ese mes, indicó la misma fuente.
HRW señaló que al menos cuatro de los ocho tenían solicitudes de asilo pendientes y que cinco permanecen detenidos, mientras otros dos fueron liberados posteriormente.
Galeano, de 48 años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 14 de septiembre y permaneció recluido en el centro Krome, en Miami, hasta que fue liberado bajo fianza el 26 de septiembre.
Según HRW, había solicitado asilo en 2019, cuenta con permiso de trabajo y no tiene antecedentes penales en Estados Unidos; tiene una audiencia migratoria prevista para el 27 de octubre.
La organización también alertó del aumento de deportaciones de nicaragüenses: según un análisis de datos de ICE realizado por HRW, Estados Unidos deportó a más de 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, frente a los 3.323 registrados en el mismo periodo de 2025.
Desde enero de 2025, más de 1.100 nicaragüenses han sido enviados a terceros países, incluidos México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
HRW recordó que el Gobierno de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 452 personas entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 y confiscó sus bienes.
La organización citó además un informe de expertos de la ONU de marzo de 2026 que documentó una red de vigilancia contra nicaragüenses exiliados y al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos en el extranjero.
HRW pidió a Washington no deportar a personas que afronten riesgo de persecución o tortura en Nicaragua o en terceros países.
El caso se conoce el mismo día que la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra en Washington una reunión extraordinaria para abordar el deterioro de la democracia en Nicaragua.
Los cancilleres debatirán una resolución impulsada por seis países en la que piden a Managua garantizar elecciones "ibres, justas e inclusivas" liberar a los presos políticos y restituir la nacionalidad a las personas despojadas de ella, entre otras medidas.
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