El fondo de inversión Burford Capital, financista de las demandas de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, se preparaba este miércoles para presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Este 30 de septiembre vencía el plazo para hacerlo y al cierre de esta edición no se había informado si hizo uso del recurso.
Burford quiere revertir el fallo que eximió a la Argentina de pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la supuesta violación al estatuto de YPF al momento de su estatización.
La presentación había sido anunciada por Burford el 27 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Por ende, la Procuración del Tesoro de la Nación ya estuvo preparando la defensa argentina durante los últimos meses.
En junio, a su vez, el plenario de la Cámara (en banc) rechazó un pedido para revisar el fallo.
Los jueces de segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson -con la disidencia de José Cabranes- entendieron que Preska interpretó mal el derecho argentino, por lo que anuló su sentencia. Sin embargo, determinaron que la expropiación puso en peligro los derechos de propiedad en la Argentina.
El juicio por YPF, a la Corte Suprema de EE.UU.
Según había informado Burford públicamente, la tasa de reversión de sentencias de primera instancia en Nueva York era menor al 10%. Los conocedores del sector indican que la Corte Suprema difícilmente tome el caso (en torno al 1%), aunque en 2019 los jueces supremos estadounidenses habían fallado que correspondía tomar el caso en tribunales norteamericanos.
El fondo dirigido por Christopher Bogart ya se había presentado este mes en nombre de las sociedades Petersen -que fueron de la familia Eskenazi- en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para reclamarle una compensación al Estado nacional.
La última vez que lo informó, a principios de año, Burford conservaba el 35% de las acciones de la quiebra de las sociedades Petersen y el 82% de Eton Park. Por esas participaciones, su valor contable ronda los 100 millones de dólares (desde los US$ 1.700 millones que valía antes del fallo desfavorable en marzo).
Los administradores de la quiebra de estas sociedades, que están en España, tienen el 30% de la participación. Si llegaran a cobrar algo del juicio deberán primero asumir múltiples deudas con los bancos internacionales que financiaron el ingreso de los Eskenazi en YPF, entre 2008 y 2010, antes de percibir alguna ganancia.
La defensa del caso YPF por parte del Estado nacional cruzó a las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, casi como una política de Estado.
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