La Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires comienza a revisar el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja a 14 años de la edad de imputabilidad del nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un menor que intentó robar un celular.
El tribunal, desde este viernes, quedará en condiciones de tomar una decisión con la expectativa que la semana que viene dicte su sentencia, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La jueza De Marinis sobreseyó a un chico de 14 años que el 10 de septiembre pasado intentó robarle, junto con otros menores, un celular a un hombre en Palermo. La magistrada lo desvinculó del caso al declarar inconstitucional el artículo 1 de la nueva ley de menores que bajo a 14 años la edad a partir de la cuál una persona puede ser punible. La norma -que entró en vigencia el 5 de septiembre- establece además una escala de sanciones donde la detención es la última instancia y para delitos especialmente graves y violentos.
La magistrada sobreseyó al menor al señalar que la baja de la edad de imputabilidad a 14 años es regresiva y viola la protección integral de los derechos de los menores. También que el chico atraviesa una situación familiar y social de vulnerabilidad y que el delito que cometió –tentativa de robo- no es grave.
El fallo fue apelada por el fiscal Mauro Tereszko. El caso será analizado por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Jorge Franza, Ignacio Mahiques –hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques- y Patricia Larroca.
La jueza Laura Beatriz De Marinis, del Fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de CABA, declaró inconstitucional la nueva ley penal juvenil.
Antes de resolver, el tribunal le pidió opinión a las partes: la defensa oficial, la Fiscalía de cámara y la asesoría tutelar. Tienen plazo para hacerlo hasta este viernes. Luego, los magistrados quedarán en condiciones de resolver si confirman el fallo o lo revocan.
El Código Procesal Penal de la ciudad de Buenos Aires establece que una vez que las partes opinen el caso “se resolverá de inmediato”, sin establecer plazos. La expectativa, en las fuentes consultadas por este medio, es que la decisión sea la semana que viene.
La decisión fue duramente criticada por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y por funcionarios del gobierno nacional de Javier Milei. El Ejecutivo porteño presentó un pedido de juicio político para que la jueza sea destituida por mal desempeño.
Apoyo judicial
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y un grupo de cerca de 100 jueces respaldaron a De Marinis y criticaron el pedido de juicio político que el presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La FAM -entidad que nuclea a magistrados de todo el país- y 91 jueces de la ciudad de Buenos Aires sacaron sendos comunicados en los que señalaron que ante una decisión judicial que no se comparte existe la apelación para que sea revisada.
“Esta Federación no emite opinión sobre el acierto de esa decisión. La crítica de las sentencias es legítima en una sociedad democrática, y quienes discrepan con ellas cuentan con las vías recursivas que el ordenamiento prevé”, señaló la FAM.
El gobierno porteño pidió la destitución de la magistrada
Foto Federico Lopez Claro
“En cambio, recurrir a mecanismos disciplinarios o de remoción como respuesta al criterio jurídico de un magistrado desnaturaliza esos institutos y proyecta un efecto intimidatorio sobre la totalidad de la judicatura. El control de constitucionalidad y convencionalidad no es una facultad discrecional sino un deber que la Constitución Nacional impone a todo juez. Promover represalias porque un juez ejerza esa función, lejos de fortalecer la democracia, debilita el sistema de control del poder establecido por la Constitución. Las libertades de expresión y de opinión no legitiman el hostigamiento ni las presiones indebidas”, sostuvo y habló de “hostigamiento contra la jueza Laura Beatriz De Marinis con motivo del contenido de una resolución jurisdiccional”.
En la misma línea, 91 jueces y juezas señalaron que “más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido, es preciso subrayar que las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia”.
“La promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial, que ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado”, sostuvieron y resaltaron que el fallo fue apelado para su revisión “lo cual demuestra que el propio sistema jurídico está utilizando, como corresponde, los mecanismos adecuados”.
A nivel político quien se diferenció fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza. Bullrich dijo que no compartía el fallo pero tampoco el pedido de juicio político.
Esa fue la segunda decisión judicial que objetó la ley. A principio de mes, la jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Pascual suspendió por 60 días la aplicación en toda la provincia de Buenos Aires, por lo que también fue criticada y recibió pedidos de juicio político. El fallo fue revocado días después por la Cámara.
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