“Las inversiones del RIGI ya están impactando en todo el país, el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores”, comunicó este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.
El mensaje estaba acompañado por una foto. Y en esa foto estaban presentes tres ejecutivos de las principales empresas mineras con inversiones del país: José Morea (Vicuña), Martín Pérez de Solay (Glencore) y José Ignacio Costa (Rio Tinto).
Se trata de algunas de las mineras más grandes del mundo. Y las tres tienen inversiones en el país enmarcadas bajo el régimen de incentivos. Según el Gobierno argentino, en base a lo que pudo reconstruir Clarín, el dato que difundió Caputo no está llegando a la opinión pública. Es por eso que el ministro le exigió a las empresas una mayor comunicación de las obras que realizan.
Y contrarrestar, así, las que sí han impactado: desde los caños indios que destronaron a Tenaris para el gasoducto de Southern Energy al campamento chino que Vicuña instaló en su proyecto Josemaría.
Caputo comunicó también que el 29 de octubre iniciará en Rosario, Santa Fe, las “Rondas de Negocios RIGI”. Consiste en conectar los proyectos que están bajo el régimen con los proveedores nacionales, “a efectos de que tengan conocimiento del cronograma de inversiones y generación de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas proveedoras de bienes o servicios”.
Vicuña desarrolla los proyectos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan. Y ya cuenta con un RIGI aprobado por US$9.024 millones para la primera etapa. En los primeros dos años, entre 2026 y 2028, que contempla el inicio de la construcción de la mina de cobre, desembolsará US$2.009 millones. Vicuña es un consorcio integrado por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, una de las mayores mineras del mundo.
Excelente reunión con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el secretario de Minería, Luis Lucero, y ejecutivos de tres grandes compañías mineras con importantes proyectos de inversión en el país.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2026
El próximo 29 de octubre, estaremos en Rosario junto a… pic.twitter.com/uExmCLhNJk
Rio Tinto, que también integra el selecto grupo de las principales mineras globales, es de las mayores productoras de litio en el país y ya cuenta con dos RIGI: el desarrollo del proyecto Rincón en Salta por US$ 2.744 millones y la expansión de la planta Fénix, en Catamarca, por US$ 531 millones.
En el caso de la suiza Glencore, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, está a la espera de que el comité evaluador del RIGI apruebe dos inversiones: Agua Rica, en Catamarca, por US$ 4.000 millones; y Pachón, en San Juan, por US$ 9.500 millones.
Ya hay 23 proyectos aprobados por el RIGI, régimen que ha sido extendido por un año y que estará vigente para su aplicación hasta julio del 2027. La inversión total estimada es de US$49.766 millones. El número escala a US$174.000 millones si se consideran los que están en evaluación.
Entre los aprobados, el Gobierno argentino estima que se invertirán este año unos US$ 6.196 millones, otros US$6.251 millones en 2027 y un pico de US$ 6.644 millones en 2028. A partir de ahí la cifra va en descenso. Eso responde principalmente al compromiso de inversiones mínimas que el RIGI establece para los dos primeros años.
De los 23 proyectos que cuentan con los beneficios del RIGI, hay ocho que ya registran importaciones por un total de US$451,3 millones. De ese total, la Cámara promotora de Valor Agregado Nacional señaló que “US$300,8 millones corresponden a las 60 posiciones arancelarias que la Cámara mantiene en observación permanente por su relación con la producción nacional de bienes de capital”.
El RIGI beneficia a los proyectos con la exención de aranceles para las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes y componentes que se relacionen directamente con el plan de inversiones aprobado. La Ley exige un compromiso, con carácter de declaración jurada, de contratación a empresas locales para la provisión de bienes y obras con un piso del 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores.
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