La participación del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en actos de la campaña electoral republicana para las elecciones de medio mandato ha abierto esta semana el debate sobre los límites entre la política y el Departamento de Justicia y la independencia del mismo.
Blanche, exabogado del presidente Donald Trump y fiscal general desde el pasado 10 de agosto, ha intervenido desde entonces en tres actos electorales del Partido Republicano.
El pasado 14 de agosto intervino en Long Island (Nueva York), en un evento de apoyo al candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman; el 9 de septiembre participó en la convención de medio mandato que los republicanos celebraban en Dallas, y este miércoles habló en un mitin de campaña de Michael Whatley, candidato a Senador en Carolina del Norte.
Estas intervenciones han reabierto el debate en medios estadounidenses sobre la independencia del Departamento de Justicia del poder o los intereses políticos, un principio no escrito pero que se respetaba en el país desde el célebre caso Watergate que tumbó al presidente republicano Richard Nixon en 1974.
Blanche habría roto esa tradición de que los fiscales generales se mantuvieran al margen de actos electorales, pese a que desde el Departamento de Justicia se afirma que esas intervenciones son a título personal y financiadas por el propio fiscal.
A su vez, una norma interna del Departamento de Justicia que prohibía a los funcionarios designados políticamente asistir a actos de campaña o recaudaciones de fondos fue revocada el pasado mes de marzo por la exfiscal general y predecesora de Blanche, Pam Bondi.
Además del debate público sobre la pertinencia de las intervenciones de Blanche en actos republicanos, una organización estadounidense sin ánimo de lucro, Public Citizen, ya presentó el pasado mes de agosto una queja ante la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos.
La queja de Public Citizen, que alegó que el fiscal general vulneró la Ley Hatch, una norma que prohíbe a empleados federales usar su cargo o actuar oficialmente para influir en elecciones, sigue pendiente de resolución.
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