El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, se presentó este jueves en la Legislatura Provincial para comparecer ante la comisión investigadora encargada de analizar las actuaciones en torno al procedimiento del bebé de Rancul. Antes de ingresar, el funcionario brindó declaraciones en las que cuestionó con dureza el funcionamiento de la comisión.
En primer lugar, Álvarez cuestionó las formas en las que la comisión ha manejado las citaciones y el trato dispensado hacia el equipo ministerial. Denunció un "destrato institucional muy importante" al señalar que, a diferencia de la familia y sus representantes legales —a quienes se les permitió el ingreso de forma conjunta—, al equipo de gestión del ministerio se le vedó esa posibilidad, exigiendo presentaciones individuales y realizando convocatorias con escaso margen de tiempo.
Asimismo, criticó que integrantes de la comisión se hubieran presentado directamente en su despacho ministerial para exigir explicaciones fuera de los carriles reglamentarios que regulan la relación entre los poderes del Estado.
Además, el ministro ratificó el proceder de los funcionarios y profesionales del área de Niñez, recordando que su actuación ya fue validada en sucesivas instancias judiciales y que, recientemente, el Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia penal tras constatar que no existió comisión de delitos ni irregularidades en los operativos desplegados en Eduardo Castex y en Santa Rosa.
"Hemos actuado conforme a derecho y conforme a una orden judicial emanada por el Juzgado de Familia Nº 1 de General Pico. No se hizo ni más ni menos que eso", enfatizó Álvarez ante la prensa. Y aclaró que, como funcionarios públicos, estaban obligados a cumplir el mandato de la justicia civil, bajo el riesgo de incurrir en responsabilidades directas si la medida no se efectivizaba.
El ministro recordó que el objetivo inicial del organismo fue priorizar el bienestar del niño y otorgar plazos de contención a la familia —como la oportunidad brindada el fin de semana del 4 de septiembre en Rancul para una entrega voluntaria y pacífica—, la cual no se concretó al no acatar la manda judicial y trasladarse hacia Santa Rosa con interposición de recursos que ya habían sido desestimados.
"Carancheo político"
En el tramo más firme de su contacto con la prensa, el titular de Desarrollo Social diferenció la situación de la familia de los manejos externos. Si bien manifestó empatía frente al dolor humano y el sentido de vinculación de los adultos involucrados —pese a no compartir las vías elegidas y señalar que recibieron un asesoramiento jurídico tendencioso con información imprecisa—, apuntó directamente contra la utilización política del conflicto.
"Creo que hay un tema puntual que está bien que la sociedad quiera saber realmente lo que pasó. Yo dije en su momento lo del carancheo político y lo vuelvo a sostener. No lo dije por la familia, porque la familia, más allá de que no comparto un montón de cosas, entiendo que actúa en base a su dolor y en su sentido de querer tener un niño por un camino que no es el adecuado", afirmó.
Finalmente, lamentó que legisladores con responsabilidades institucionales no hayan colaborado para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y la ejecución de una resolución judicial orientada, en todo momento, a resguardar el interés superior del niño.
eldiariodelapampa
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