El fiscal general Máximo Paulucci se refirió a las denuncias de apremios policiales que se difundieron durante la cuarentena y rescató que la fuerza provincial funciona «como un brazo judicial».
“La policía tiene las atribuciones para detener personas y secuestrar vehículos. Si en ese procedimiento surge algo que amerita una investigación, se inician las actuaciones correspondientes”, aseveró.
Ayer el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa emitió un duro comunicado en el que afirmaron que se violaban los derechos humanos y la Constitución Nacional durante los controles en el marco del DNU presidencial que determinó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
“Las acciones de la policía están previstas en el Código Procesal Penal pero no me voy a referir a las opiniones de ningún sector en particular. Si voy a recordar que nuestro trabajo como parte del Ministerio Público Fiscal y el de la policía, está vinculados por la ley procesal. La policía trabaja en función judicial, a cargo de los fiscales”, indicó.
“Eso implica que las detenciones o secuestros de vehículos se producen acorde a lo que establece el Código Procesal Penal. La fuerza tiene la atribución para realizar detenciones y secuestros de vehículos”, añadió.
“Es la misma atribución que tienen los particulares si ven que alguien comete un delito en la vía pública”, explicó.
“En función de eso las detenciones so secuestros de vehículos se comunican a los fiscales y los fiscales generales, quienes somos los encargados de tomar conocimiento directo de las detenciones y de hacer las comunicamos a defensores y jueces en turno”, resaltó.
Apremios.
Ante las denuncias de apremios policiales, Paulucci señaló que “al conocer la posibilidad de que se cometan delitos de acción pública, tenemos la obligación es iniciar las investigaciones correspondientes. Y eso lo hacemos a partir de denuncias judiciales o a partir de tomar conocimiento por los medios u otra vía de difusión pública de esas denuncias que realizan las personas”.
El fiscal aclaró que “obviamente, hemos iniciado investigaciones. No solo recibimos las denuncias en sede judicial, también estamos atentos a cualquier denuncia pública. Tanto en Santa Rosa como en General Pico hay fiscalías temáticas para investigar delitos cometidos por funcionarios públicos. Y si ocurriera en otra parte de la provincia, también se inician las investigaciones”.
Consultado sobre la confianza en la policía, el fiscal Paulucci aseveró que “nosotros trabajamos en función judicial. No quiero decir una palabra que pueda malinterpretarse. No se trata de confiar o avalar. Si ocurre algo fuera de la ley, se investiga”.
Detenidos.
Desde el inicio del aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, hubo más de 5.200 detenidos. El dato se dejó de contar el jueves pasado, cuando los organismos oficiales dejaron de dar esa información. El promedio indicaba que se detenían unas 22 personas por día
“Puede llamar la atención. Que haya más de 5 mil personas, puede tener distintas lecturas. Nuestra responsabilidad es ajustar el proceder al Código Procesal Penal. Claro que el número es mayor a lo que habitualmente se inician en la provincia”, resaltó.
“Pero claro, son números exponenciales, significativos y superan ampliamente lo legajos iniciados en una situación previa a la pandemia, pero nuestro actuar es el mismo de siempre. Cada policía que entiende que hay una actividad ilícita, tiene la atribución de detener a la persona y el secuestro del vehículo. Después los fiscales comunican y se piden distintos tipos de medidas. Esto no es avalar o respaldar a nadie”, reiteró.
Detenciones.
La provincia no cuenta con lugares de detención para más de 5 mil personas, por ello aclaró que “hay algunos que quedan detenidos más tiempos y en algunos casos con prisión preventiva sustituida domiciliaria. Pero no quiere decir que las más de 5 mil van a comisarías. La mayoría está con prisión preventiva domiciliaria”.
Respecto de la resolución de tantas causas, Paulucci indicó que “el plazo máximo para terminar una investigación es de 18 meses. Pero se pueden resolver en ese tiempo o ante. Que se los haya detenido durante la cuarentena, no significa que el delito esté probado o no. Toda investigación necesita tener un plazo de investigación y siempre rige la garantía constitucional del principio de inocencia”, finalizó.
Fuente:EL DIario
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