La Voz
El clima político en Córdoba sigue subiendo la tensión tras la decisión del Gobierno provincial de judicializar el conflicto con el Tribunal de Cuentas (TCP). La reacción del senador nacional Luis Juez no se hizo esperar: a través de su cuenta en la red social X, el referente opositor lanzó una ácida crítica contra la gestión del gobernador Martín Llaryora, calificando la licitación de un sistema de drones para la Policía como un “negociado”.
Juez utilizó sus redes sociales para responder a la denuncia penal que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentó contra los vocales juecistas del TCP. En su mensaje, Juez no solo apuntó contra el ministro, a quien llamó irónicamente “ministro de Inseguridad”, sino que también utilizó el apodo de “Gildo Llaryora” para referirse al gobernador cordobés, trazando una comparación con el mandatario formoseño.
El punto central de su descargo fue un juego de palabras: “Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los LA-DRONES”. Según el senador, la denuncia judicial es una represalia porque el órgano de control rechazó lo que él denomina un “negociado disfrazado de licitación”.
El gobierno de Gildo Llaryora envía a su ministro de ‘Inseguridad’ a denunciar a los vocales del Tribunal de Cuentas porque le rechazaron un negociado, disfrazado de licitación para la adquisición de drones. Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los… pic.twitter.com/xNqKfxVPDn
— Luis Juez (@ljuez) January 30, 2026
Otro juecista que salió a criticar la movida judicial del ministro Quinteros fue el titular de la bancada de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala. “¿No será demasiado Ministro Quinteros? Ahora apretando y denunciando a los Tribunos de Cuenta que controlan y cuidan los fondos públicos. Triste, muy triste papel. SI NO VAN A ROBAR, DÉJENSE CONTROLAR.
La denuncia judicial: abuso de autoridad y motivaciones políticas
El conflicto escaló cuando el ministro Quinteros, con el respaldo político de Llaryora, denunció ante la Justicia provincial a los tribunos Beltrán Corvalán (presidente del TCP) y María Fernanda Leiva. La acusación formal sostiene que los funcionarios habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para el Ministerio de Seguridad, los vocales excedieron sus facultades legales, las cuales deberían limitarse exclusivamente al control de legalidad y no a cuestionar decisiones de políticas públicas o criterios de oportunidad y conveniencia. En la presentación judicial, Quinteros alega que el freno al expediente tiene como objetivo brindar a un “jefe político” (en alusión a Juez) un marco discursivo para una campaña “falaz y estigmatizante”.
El núcleo de la disputa es la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos no Tripulados (Svant) destinado a la Policía de Córdoba, con una inversión prevista de 6,8 millones de dólares.
Los vocales del Tribunal de Cuentas, estrechos colaboradores de Juez, fundamentaron su rechazo basándose al sostener que la licitación se realizó bajo la modalidad de “renglón único”, lo que habría beneficiado a la UTE Vanta SAC-Huinol SA, la única oferente con capacidad para cumplir los requisitos.
Por su parte, el Gobierno defiende la modalidad de compra única alegando normativas técnicas aeronáuticas. Según la Anac, un Svant es un sistema integrado, por lo que fragmentar la compra de drones y software pondría en riesgo la seguridad operacional y la compatibilidad técnica del equipamiento.
¿Qué hará el Gobierno?
Como adelantó La Voz, el Ejecutivo provincial asegura que la decisión de adquirir la tecnología para las fuerzas de seguridad está tomada y que ya se analizan vías para reactivar la compra. Mientras tanto, la denuncia penal contra Corvalán y Leiva será tramitada por uno de los dos fiscales del fuero Penal Económico (Anticorrupción) una vez finalizada la feria judicial.
Para el Ministerio de Seguridad, las expresiones de la oposición como “fraude”, “cajas negras” o “sobreprecios” son injurias que no pueden quedar sin consecuencias legales. Por el momento, la batalla se libra en dos frentes: el judicial, donde se determinará si hubo abuso de poder, y el de las redes y los medios, donde Juez mantiene activa su estrategia de denuncia pública.
Mientras tanto, el ministro Quinteros publicó este sábado un extenso posteo en sus redes en el que insiste con los argumentos técnicos de la licitación frustrada por los opositores y señala que Juez es el máximo responsable político de la caída de la compra de los drones y el resto del equipamiento.
La licitación de tecnología de punta responde a una decisión estratégica de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, orientada a dotar al Estado, a través de una división especial de la Policía de Córdoba, de capacidades modernas de vigilancia aérea, prevención y apoyo… pic.twitter.com/EonK4bomQS
— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) January 31, 2026
El clima político en Córdoba sigue subiendo la tensión tras la decisión del Gobierno provincial de judicializar el conflicto con el Tribunal de Cuentas (TCP). La reacción del senador nacional Luis Juez no se hizo esperar: a través de su cuenta en la red social X, el referente opositor lanzó una ácida crítica contra la gestión del gobernador Martín Llaryora, calificando la licitación de un sistema de drones para la Policía como un “negociado”.Juez utilizó sus redes sociales para responder a la denuncia penal que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentó contra los vocales juecistas del TCP. En su mensaje, Juez no solo apuntó contra el ministro, a quien llamó irónicamente “ministro de Inseguridad”, sino que también utilizó el apodo de “Gildo Llaryora” para referirse al gobernador cordobés, trazando una comparación con el mandatario formoseño.El punto central de su descargo fue un juego de palabras: “Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los LA-DRONES”. Según el senador, la denuncia judicial es una represalia porque el órgano de control rechazó lo que él denomina un “negociado disfrazado de licitación”.El gobierno de Gildo Llaryora envía a su ministro de ‘Inseguridad’ a denunciar a los vocales del Tribunal de Cuentas porque le rechazaron un negociado, disfrazado de licitación para la adquisición de drones. Vieron que tenía razón: el problema no son los DRONES, sino los… pic.twitter.com/xNqKfxVPDn— Luis Juez (@ljuez) January 30, 2026Otro juecista que salió a criticar la movida judicial del ministro Quinteros fue el titular de la bancada de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala. “¿No será demasiado Ministro Quinteros? Ahora apretando y denunciando a los Tribunos de Cuenta que controlan y cuidan los fondos públicos. Triste, muy triste papel. SI NO VAN A ROBAR, DÉJENSE CONTROLAR.La denuncia judicial: abuso de autoridad y motivaciones políticasEl conflicto escaló cuando el ministro Quinteros, con el respaldo político de Llaryora, denunció ante la Justicia provincial a los tribunos Beltrán Corvalán (presidente del TCP) y María Fernanda Leiva. La acusación formal sostiene que los funcionarios habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.Para el Ministerio de Seguridad, los vocales excedieron sus facultades legales, las cuales deberían limitarse exclusivamente al control de legalidad y no a cuestionar decisiones de políticas públicas o criterios de oportunidad y conveniencia. En la presentación judicial, Quinteros alega que el freno al expediente tiene como objetivo brindar a un “jefe político” (en alusión a Juez) un marco discursivo para una campaña “falaz y estigmatizante”.El núcleo de la disputa es la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos no Tripulados (Svant) destinado a la Policía de Córdoba, con una inversión prevista de 6,8 millones de dólares.Los vocales del Tribunal de Cuentas, estrechos colaboradores de Juez, fundamentaron su rechazo basándose al sostener que la licitación se realizó bajo la modalidad de “renglón único”, lo que habría beneficiado a la UTE Vanta SAC-Huinol SA, la única oferente con capacidad para cumplir los requisitos.Por su parte, el Gobierno defiende la modalidad de compra única alegando normativas técnicas aeronáuticas. Según la Anac, un Svant es un sistema integrado, por lo que fragmentar la compra de drones y software pondría en riesgo la seguridad operacional y la compatibilidad técnica del equipamiento.¿Qué hará el Gobierno?Como adelantó La Voz, el Ejecutivo provincial asegura que la decisión de adquirir la tecnología para las fuerzas de seguridad está tomada y que ya se analizan vías para reactivar la compra. Mientras tanto, la denuncia penal contra Corvalán y Leiva será tramitada por uno de los dos fiscales del fuero Penal Económico (Anticorrupción) una vez finalizada la feria judicial.Para el Ministerio de Seguridad, las expresiones de la oposición como “fraude”, “cajas negras” o “sobreprecios” son injurias que no pueden quedar sin consecuencias legales. Por el momento, la batalla se libra en dos frentes: el judicial, donde se determinará si hubo abuso de poder, y el de las redes y los medios, donde Juez mantiene activa su estrategia de denuncia pública.Mientras tanto, el ministro Quinteros publicó este sábado un extenso posteo en sus redes en el que insiste con los argumentos técnicos de la licitación frustrada por los opositores y señala que Juez es el máximo responsable político de la caída de la compra de los drones y el resto del equipamiento.La licitación de tecnología de punta responde a una decisión estratégica de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, orientada a dotar al Estado, a través de una división especial de la Policía de Córdoba, de capacidades modernas de vigilancia aérea, prevención y apoyo… pic.twitter.com/EonK4bomQS— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) January 31, 2026
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