Denuncian aprietes de los jefes y un despido de un guardaparque

Las CTA encabezan este martes un reclamo  por una suma compensatoria, paritarias y recomposición salarial. Liliana Rechimont, de ATE, denunció aprietes y aseguró que el gobierno tiene recursos. Denuncian el despido de un guardaparques en la reserva de Pichi Mahuida.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma encabezan este martes una movilización para reclamar al Gobierno provincial una suma compensatoria, convocatoria a paritarias y recomposición salarial. Liliana Rechimont, de ATE, denunció aprietes y aseguró que el gobierno tiene recursos. Denunció el despido de un guardaparques en la reserva de Pichi Mahuida, por haber reclamado ropa de trabajo. La gremialista dijo que la movilización quedó diezmada por los aprietes y por licencias vacacionales de los agentes públicos.

La concentración se hace el martes a las 10 de la mañana en la plaza San Martín, para luego marchar a Casa de Gobierno «por mejores salarios, suma compensatoria y paritarias, en un contexto de ajuste que afecta a toda la clase trabajadora», informaron. Los trabajadores que presentaron la nota podían retirarse desde las 9:30 horas.

Liliana Rechimont, dirigente de ATE, afirmó que desde hace tiempo vienen trabajando junto a los compañeros y compañeras del gremio y de la mesa intersindical para pedirle al gobierno provincial que se sensibilice con la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado. Señaló que el escenario es «muy angustiante» y consideró «muy triste» tener que salir a reclamar la devolución de un bono que, según remarcó, costó mucho conseguir.

Rechimont sostuvo que hoy los trabajadores «no tienen un peso», están endeudados y, además, enfrentan presiones de algunos jefes funcionales que —aunque también son trabajadores— han salido a «apretar» a sus compañeros con amenazas de descuentos, pérdida del presentismo y otras maniobras que calificó como «viles y bajas». En ese sentido, afirmó que nadie llega a fin de mes y que, si algunos lo hacen, es porque cobran adicionales, aunque aclaró que salario digno no hay. Remarcó que el reclamo surge de manera legítima de los mandatos votados en las asambleas.

La dirigente denunció que en los lugares de trabajo se están produciendo aprietes y «operetas» para impedir que los trabajadores y trabajadoras se sumen a la jornada de lucha, una situación que consideró repudiable. Cuestionó además que quienes dicen oponerse a la derecha «terminan operando de la misma forma».

Rechimont explicó que enero es un mes particular, ya que cerca del cincuenta por ciento del personal está de licencia y el resto queda garantizando los servicios. Aclaró que los jefes deben garantizar esa cobertura y que los trabajadores están en condiciones de salir a manifestarse, ya que no abandonan sus tareas. Detalló que, en el caso del sector Salud, ingresan a trabajar a las seis de la mañana, realizan la salida de la jornada de lucha alrededor de las nueve y media y regresan a sus puestos a las doce para completar la jornada laboral.

En ese marco, subrayó que no se trata de un paro, sino de una medida de acción directa que se toma porque la patronal no dejó otra alternativa. Indicó que no hubo cierre del diálogo, ni aceptación de propuestas, ni sensibilidad hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado, a quienes definió como «el motor que moviliza la economía privada de la provincia».

Consultada sobre la postura oficial, Rechimont rechazó el argumento del gobierno de que no hay dinero para pagar el bono. Aseguró que es «una mentira» y recordó que el propio Ejecutivo provincial reconoce tener superávit fiscal, del orden del veintiún por ciento, y un ahorro acumulado del nueve coma cinco por ciento. «Ese superávit es a costa nuestra», afirmó, y comparó esa política con la del gobierno nacional.

La referente de ATE remarcó que, históricamente y sin distinción política, son los trabajadores y trabajadoras quienes sostienen y pagan las crisis con su sacrificio. Insistió en que plata hay, pero que el gobierno debe dejar de contratar tantos funcionarios, achicar la estructura política y «abrirle la mano» a los trabajadores.

Un despido

Por otro lado, Rechimont repudió públicamente a la secretaria de Ambiente, Claudia Bazo, por la rescisión del contrato de un guardaparque, quien quedó sin trabajo el 31 de diciembre. Denunció que el despido se produjo por el solo hecho de reclamar ropa y condiciones dignas de trabajo, y consideró contradictorio que una funcionaria que se reivindica como «nacional y popular» despida a un trabajador por luchar.

Finalmente, señaló que existe un conflicto histórico con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y que, ante la falta de respuestas del gobierno provincial, las decisiones futuras se debatirán nuevamente en asambleas. Indicó que la jornada actual es una «gran jornada de lucha» y aseguró que cualquier medida que se adopte de aquí en adelante será consultada con las bases y coordinada en unidad con los demás sindicatos.

«No hay plata»

Recminont también chicaneó al gobierno provincial, que argumentó que no hay recursos para satisfacer el reclamó. «Que no hay plata es una respuesta del gobierno de Milei, no es una respuesta de este gobierno», ironizó.

Los gremios convocantes marcha reclamando el bono de fin de año, la apertura de la paritaria y una recomposición salarial.

El lunes 5, las CTA entregaron una nota dirigida al gobernador Sergio Ziliotto formalizando el reclamo. Lo fundamentaron en «la profunda brecha existente entre los salarios de las y los trabajadores y el costo de vida real».

Pero la respuesta desde Casa de Gobierno fue negativa: aseguraron que La Pampa fue la provincia que más aumentó los salarios públicos y que un bono de 400 mil pesos demandaría al menos $13.000 millones, descartando un pago que era ya habitual desde hace varios años.

En la respuesta oficial, el Gobierno pampeano defendió la política salarial de la administración provincial y sostuvieron que La Pampa «siempre hizo la mayor oferta y produjo el mayor aumento posible» en los ingresos del sector público.

En relación con el sector docente, indicaron que hay cuestiones que dejan de lado en el debate salarial y señalaron que si el Gobierno nacional no hubiera frenado el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los docentes tendrían hoy un salario 10% más alto.  Además, advirtieron que actualmente la Provincia no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el pago de un bono.

Otro de los pedidos de las centrales de trabajadores era que los fondos que ingresarán por el pago de la deuda previsional de ANSES sirvieran para este reclamo inmediato. Pero también fue descartado: desde Casa de Gobierno adelantaron que esos recursos serán utilizados para reforzar áreas clave como salud, educación y sostener a largo plazo la política salarial y los haberes jubilatorios.

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