Corrupción en la AFA: quién es el juez que decide dónde tramitará la causa por la quinta de Pilar

El futuro procesal de una de las principales causas que investigan a la AFA y a sus autoridades recayó en las manos del camarista Juan Pablo Salas, presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que estará de turno hasta el 15 de enero, durante la primera mitad de la feria judicial.

Salas deberá decidir, de manera unipersonal, si la causa que busca dilucidar quiénes son los verdaderos dueños de la millonaria e impactante quinta en Villa Rosa, Pilar, queda radicada en el juzgado de Marcelo Aguinsky, en el fuero Penal Económico, adonde llegó desde Comodoro Py, o si pasa a manos del juez federal Adrián González Charvay, en Campana, quien la reclama por una cuestión territorial.

El juez es respetado por quienes conocen en profundidad el paño judicial de la jurisdicción. Es un “nacido y criado” en los tribunales de Morón, señala un letrado que lo conoce, y referente de la lista Celeste, ligada al peronismo. Hizo su recorrido como secretario del juez Jorge Rodríguez, una figura a la que se le atribuye una extendida influencia en el territorio. Pero arrastra una mancha que muchos no le perdonan: revocó el procesamiento por asociación ilícita contra el polémico fiscal Claudio Scapolan, que estaba acusado de haber actuado en complicidad con policías que se dedican a extorsionar a narcotraficantes fraguando causas.

Hoy, como camarista, Salas revisa los fallos de su exjefe y los de otros magistrados con presencia, como la jueza Sandra Arroyo Salgado.

“Intachable”, lo describe una fuente que lo valora. “Un juez clásico del conurbano”, lo define otra, que destaca sus “buenos vínculos” con las fuerzas policiales, el Estado y la política en general, sobre todo con el peronismo.

El caso sobre el que debe decidir avanzó a gran velocidad desde sus primeros días, cuando quien tenía las riendas del expediente era el juez Daniel Rafecas. Al tiempo que declaraba su incompetencia, Rafecas ordenó una primera ráfaga de medidas, entre ellas, el allanamiento que expuso la millonaria colección de autos en la quinta. Están a nombre de los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que, en los papeles, son también los dueños formales del predio.

Cuando, por decisión de la Cámara Federal, el caso se trasladó al fuero penal, tanto Pantano como Conte fueron “invitados” a hacer un descargo por el juez Marcelo Aguinsky, quien, como parte de sus primeras medidas, levantó la feria judicial para que la causa no perdiera ritmo. Pantano y Conte presentaron finalmente un pedido de inhibitoria ante el juez González Charvay y la reunión con Aguinsky se suspendió.

Ahora será Salas quien decida cuáles serán las costas en las que recalará ese expediente, en donde se acumulan cada vez más indicios que vinculan la quinta con la AFA.

Por la feria, Salas estará al frente de la Sala I de la Cámara hasta el 24 de enero. Luego, a su vuelta, la continuará presidiendo el resto del año.

Su tribunal interviene en el caso por tratarse de un conflicto de competencia que se origina con un pedido de inhibitoria, explicaron fuentes del caso. Fueron Pantano y Conte, cuya representación legal está en manos de Mariano Morán, quienes hicieron el planteo ante el juez González Charvay, que hizo propio ese reclamo ante el juez Aguinsky.

Salas ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego como juez en Morón. Integró una terna que aprobó el Consejo de la Magistratura en 2011 y luego en 2015. Fue finalmente designado en 2016 por el expresidente Mauricio Macri, luego de que su pliego fuera retirado y revisado por el Ejecutivo.

Recientemente, Salas intervino en una causa de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Resolvió que el caso dejara de tramitarse en el juzgado de Arroyo Salgado, en San Isidro, para unificar las investigaciones en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien se terminaría apartando.

Como juez de primera instancia intervino en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro “Lauchón” Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.

​Se trata del camarista de San Martín Juan Pablo Salas; un juez “clásico” del conurbano, afín al peronismo, que revisa fallos de jueces con fuerte presencia en la jurisdicción  

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