La Voz

La sanción de una ordenanza para restringir y regular la difusión de las sesiones públicas del Concejo Deliberante de la localidad de Tanti generó el rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa, que reúne a las empresas periodísticas) y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea, que nuclea a periodistas).

Ambas organizaciones salieron en tándem a denunciar la violación a la Constitución Nacional al pretender imponer condiciones para la difusión de la información pública, como lo son las sesiones de un órgano legislativo como lo es un Concejo Deliberante, y a reclamar la derogación de la ordenanza.

A través de la ordenanza 1542/25, denominada “Políticas de filmación en sesiones públicas”, cuya autora es la edil peronista Rosario Álvarez, establece restricciones a la filmación, registro y difusión de las sesiones públicas del Concejo Deliberante de Tanti e “impone condiciones incompatibles con los estándares constitucionales y democráticos que rigen la libertad de expresión permitiendo la difusión de ideas y opiniones sin autorización previa del Estado”, advirtió Fopea en un comunicado.

A través de un comunicado, Fopea pidió la derogación de la ordenanza mordaza y recordó que “la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”.

“Las sesiones legislativas son públicas porque la ciudadanía tiene derecho a conocer, observar y analizar cómo actúan sus representantes. Ningún órgano de gobierno puede arrogarse la facultad de decidir cómo deben ser narrados sus propios actos”, señaló el colectivo de periodistas.

Por su parte, Adepa exhortó al Concejo Deliberante de Tanti a “revisar esta decisión, cesar cualquier acción intimidatoria y reafirmar su compromiso con los principios básicos de transparencia, pluralismo informativo y libertad de expresión, pilares esenciales de toda sociedad democrática”.

“La libertad de prensa es un derecho constitucional, no una potestad de los gobiernos locales para administrar la visibilidad de sus decisiones. Prohibir la difusión de fragmentos, resúmenes o recortes de debates públicos equivale a condicionar la labor periodística y limitar el acceso ciudadano a la información”, dijo Adepa en su comunicado.

Tanti es uno de los experimentos de Provincias Unidas: el intendente es el radical Emiliano Paredes, un aliado del Gobierno de Martín Llaryora que integró la lista de diputados nacionales que encabezó Juan Schiaretti. Sin embargo, la concejala Álvarez llegó a su banca en la lista peronista que enfrentó a Paredes en la elección local.

​La sanción de una ordenanza para restringir y regular la difusión de las sesiones públicas del Concejo Deliberante de la localidad de Tanti generó el rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa, que reúne a las empresas periodísticas) y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea, que nuclea a periodistas). Ambas organizaciones salieron en tándem a denunciar la violación a la Constitución Nacional al pretender imponer condiciones para la difusión de la información pública, como lo son las sesiones de un órgano legislativo como lo es un Concejo Deliberante, y a reclamar la derogación de la ordenanza. A través de la ordenanza 1542/25, denominada “Políticas de filmación en sesiones públicas”, cuya autora es la edil peronista Rosario Álvarez, establece restricciones a la filmación, registro y difusión de las sesiones públicas del Concejo Deliberante de Tanti e “impone condiciones incompatibles con los estándares constitucionales y democráticos que rigen la libertad de expresión permitiendo la difusión de ideas y opiniones sin autorización previa del Estado”, advirtió Fopea en un comunicado.A través de un comunicado, Fopea pidió la derogación de la ordenanza mordaza y recordó que “la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”. “Las sesiones legislativas son públicas porque la ciudadanía tiene derecho a conocer, observar y analizar cómo actúan sus representantes. Ningún órgano de gobierno puede arrogarse la facultad de decidir cómo deben ser narrados sus propios actos”, señaló el colectivo de periodistas. Por su parte, Adepa exhortó al Concejo Deliberante de Tanti a “revisar esta decisión, cesar cualquier acción intimidatoria y reafirmar su compromiso con los principios básicos de transparencia, pluralismo informativo y libertad de expresión, pilares esenciales de toda sociedad democrática”.“La libertad de prensa es un derecho constitucional, no una potestad de los gobiernos locales para administrar la visibilidad de sus decisiones. Prohibir la difusión de fragmentos, resúmenes o recortes de debates públicos equivale a condicionar la labor periodística y limitar el acceso ciudadano a la información”, dijo Adepa en su comunicado.Tanti es uno de los experimentos de Provincias Unidas: el intendente es el radical Emiliano Paredes, un aliado del Gobierno de Martín Llaryora que integró la lista de diputados nacionales que encabezó Juan Schiaretti. Sin embargo, la concejala Álvarez llegó a su banca en la lista peronista que enfrentó a Paredes en la elección local.  ​

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