El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres presentará el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para reclamar 51.000 millones de pesos que, según la provincia, le adeuda el Estado nacional.
Los fondos que pide Chubut corresponden a la caja previsional de la provincia.
“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017; por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, explicó Torres.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró este miércoles optimista por la resolución del conflicto por la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires tiene abierto con el Estado nacional. “No descarto volver a la Corte Suprema”, dijo el mandatario porteño sobre la deuda que tiene el Gobierno nacional con el distrito, aunque enseguida aclaró: “voy a tratar de no tener que volver ahí”.
“La deuda de Alberto [Fernández] fue de más de cinco mil millones de dólares. Tres líneas de subte y me sobra. Un descontrol”, apuntó el funcionario porteño. Y dijo que si bien la gestión de Javier Milei había comenzado un plan de pago en cuotas acordado en septiembre de 2024 con el aval de la Corte, volvió a atrasarse y desde agosto se adeudan 450 mil millones de pesos más, “es mucho también porque trescientos es, por ejemplo, casi la obra, o sea, los túneles del subte lo pagamos con eso, o son, eh, veintipico de resonadores o tomógrafos para, para hospitales”.
El presidente Javier Milei difundió el miércoles un mensaje de Navidad en el que repasó su gestión, destacó como logros de su administración la baja de la inflación y del déficit, así como los resultados electorales legislativos, y anticipó “muchas más reformas” para la segunda etapa de Gobierno. “Abróchense los cinturones”, advirtió el mandatario al cierre de un video de menos de 90 segundos.
“Nosotros bajamos el déficit consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso en la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, aseguró el mandatario en el comienzo del video, que lo muestra encabezando actos o en distintas recorridas.
Tras ser sometida a una cirugía por apendicitis, la expresidenta Cristina Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi, según confirmó el último parte médico. Allí se indica que la exvicepresidenta presenta síntomas “compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, se comunica en el parte difundido este miércoles por la tarde. “La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo”, se aclara luego.
El Gobierno dispuso la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos en el calendario oficial de 2026. La normativa lleva la firma del jefe de gabinete, Manuel Adorni.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial este viernes, que estableció como días no laborables el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año.
La decisión se apoya en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables, y faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres jornadas con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes. Según se desprende de la normativa, el objetivo es incentivar el turismo interno y atenuar los efectos de la estacionalidad del sector.
La resolución también se enmarca en el Decreto 614/2025, que designó a la Jefatura de Gabinete como autoridad de aplicación de la ley y la habilitó a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación.
El historiador Tulio Halperín Donghi sostiene que a Juan Manuel de Rosas se lo suele exaltar por su tenacidad para resistir el avasallamiento de capitales extranjeros, en especial británicos, sobre el Río de la Plata. Observa que se trata de un error porque el verdadero mérito de Rosas consistió en organizar una economía autosuficiente cuando esos capitales carecían por completo de interés en estas tierras.
De Luis “Toto” Caputo se podría afirmar, salvando las distancias, algo parecido. Acaba de proponer que la Argentina se libere de la dependencia que mantiene con Wall Street. Es una dependencia imaginaria porque su programa no está en condiciones de que el sistema financiero internacional le facilite los dólares que necesita. La última vez que la Argentina realizó una mega emisión de deuda fue en 2018, gobierno de Mauricio Macri. El ministro que la diseñó fue Caputo. Pero aquel mundo era otro, el país era otro y Caputo era otro. Eterno Heráclito.
El Ministerio de Economía ya no puede tomar deuda como en aquel entonces. Hoy necesitaría emitir bonos por 10 o 15.000 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras del año. La presunción de queScott Bessentfacilitaría 20.000 millones de dólares persuadiendo a bancos norteamericanos a proveer ese crédito se desvaneció. Esos bancos pidieron garantías que el Tesoro de los Estados Unidos no puede suministrar. Ahora se especula con que ese préstamo, si se consigue, no supere los 7000 millones de dólares.
El gobierno nacional enviará en el próximo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que comienza el 1° de marzo, el proyecto para cambiar de la Ley de Salud Mental que actualmente está vigente en el país.
Así lo supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo que explicaron que se trata de una decisión que se vino trabajando y contempla tanto reclamos de familiares de pacientes como profesionales y de las fuerzas de seguridad.
El proyecto tendría el espíritu que ya se contempló en el apartado sobre el tema que incluía la Ley de Bases, y que finalmente quedaron fuera de la versión final que se aprobó en el Parlamento de la primera ley del Gobierno. Incluiría la creación de centros especializados y las internaciones involuntarias, uno de los principales reclamos de familiares, profesionales y agentes de seguridad, según reconstruyeron fuentes consultadas por este diario,
“Volveremos a lo que debe ser”, sintetizaron fuentes del Ejecutivo. “Hay que volver atrás y hacer algo más parecido a la ley anterior”, completaron.
Se trataría del segundo intento por parte de la administración libertaria de introducir cambios en la actual ley de Salud Mental, cuya aprobación data de 2010.
La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de “modernización laboral” que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) –unos US$ 5500 millones anuales– y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley.
El impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición.
Con el agravante de que el Gobierno, contrario a lo que pregona –e incluso impone como regla para todas las leyes que se discutan en el Congreso-, no explicita en ningún párrafo de su proyecto cuáles serán las fuentes de financiamiento de ese costo fiscal.
La oposición se lo reprocha sin ambigüedades: mientras a ella se le achaca la sanción de dos leyes –las de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad- por su costo fiscal sin su correspondiente financiamiento –incluso intentó derogarlas en el presupuesto 2026 por ese motivo-, el Gobierno parece tener piedra libre para subir o bajar impuestos sin dar explicaciones ni considerar que de la recaudación federal no solo se sostiene la Nación, sino también las finanzas de las provincias.
Sin demasiado margen para el error, el oficialismo buscará sancionar en el Senado, en una sesión atípica prevista para el día después de Navidad, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, una herramienta que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei venía despreciando, pero que en esta oportunidad necesita para mostrar a los mercados y, sobre todo, negociar con el Fondo Monetario Internacional los pagos de la deuda que vencen el mes próximo.
La sesión está convocada para las 12 de este viernes y el temario incluye, también, el proyecto de ley denominado de Inocencia Fiscal, que relaja el concepto del delito de evasión fiscal y facilita el blanqueo de dólares ocultados fuera del sistema financiero. Por eso, también se lo conoce como el proyecto de los “dólares bajo el colchón”.
Además, jurará su banca el rionegrino libertario Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde, que debió resignar su lugar como senadora ante el rechazo que generó en la Cámara alta sus antecedentes penales, uno de ellos relacionado con una causa por narcotráfico en los Estados Unidos.
A priori, la flamante jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal) confía en que tendrá los votos para sancionar en general el proyecto de ley de Presupuesto.
El oficialismo contará, incluso, con el apoyo de senadores peronistas del bloque Convicción Federal, que integra el interbloque Popular que preside el kirchnerista José Mayans (Formosa).
Si, como todo indica, eso ocurre, será la primera vez que el peronismo votará dividido en el Senado, en una nueva señal de la vertiginosa pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Congreso.
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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