La Voz
La Provincia dio a conocer este lunes los detalles de la reglamentación de la flamante Ley de Equidad Jubilatoria con la que busca reducir el impacto de la crisis de la Caja previsional cordobesa en las cuentas del Panal.
Los datos fueron proporcionados por el propio gobernador, Martín Llaryora, en un discurso grabado de unos tres minutos de duración.
Según lo explicado (este martes se conocerán más detalles en una conferencia de prensa del titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele), habrá un adicional no remunerativo para los que menos ganan, se redujo el alcance del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (Focca) y se redefinió el esquema de aportes con un criterio progresivo.
Las generalidades de estos cambios ya se conocían, sólo faltaban las precisiones.
Por ejemplo, se confirmó que el adicional no remunerativo impactará para aquellos que ganan hasta $ 1,3 millones (en bruto, en noviembre), que son, según el Gobierno, unos 52 mil pasivos.
“Empezaremos a transitar el camino para darle solución a dos reclamos históricos de los jubilados provinciales”, expresó el mandatario. “Primero, recuperar progresivamente hasta llegar al 82%, comenzando por las jubilaciones más bajas. Y segundo, atenuando los efectos del descuento del artículo 58, excluyendo en esta etapa casi al 50% de los incluidos
El artículo 58 de la Ley 8.024, incorporado en 2023 por el propio Llaryora, es el que da sustento legal al Focca, el fondo con el que el Gobierno implementó un descuento adicional del 4% sobre los aportes personales de los trabajadores del sistema. Con la nueva ley, ese mecanismo se atenúa y es reemplazado por una escala de aportes progresivos según el nivel de ingresos.
La ley introduce una nueva escala para el aporte solidario y eleva el piso mínimo para su aplicación de $ 1.260.000 a $ 1.890.000.
Con este cambio, 9.856 jubilados y pensionados dejarán de realizar ese descuento. A partir de ahora, las alícuotas se aplicarán de manera escalonada según el nivel de ingresos, con porcentajes que van del 5% al 20%: quienes perciban entre $ 1.890.000 y $ 2.100.000 aportarán el 5%; entre $ 2.100.000 y $ 2.520.000, el 10%; entre $ 2.520.000 y $ 2.940.000, el 15%; y para los ingresos superiores a $ 2.940.000, el aporte alcanzará el 20%.
Escalas
Por otra parte, y como tema central, se especificó que la reglamentación de la nueva ley elimina el aporte fijo del 4% que regía para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo, en función del nivel de ingresos.
De esta manera, quienes perciban hasta $ 755.000 mensuales pasarán a aportar un 2%; entre $ 755.000 y $ 1.000.000, el aporte será del 3%; entre $ 1.000.000 y $ 2.500.000, del 4%; entre $ 2.500.000 y $ 3.500.000, del 6%; y para los ingresos superiores a $ 3.500.000, el aporte se elevará al 8%.
Según cifras oficiales, el 74% de los trabajadores activos no tendrá cambios en su nivel de aporte, cifra que asciende al 87% en el sector docente.
Se aplicará desde los haberes de diciembre que comienzan a pagarse antes de fin de año y, según Llaryora, implicará “una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos”.
Esfuerzo
En el discurso, el mandatario dijo que los trabajadores y pasivos de mayores ingresos harán un “esfuerzo mayor” para sostener el sistema. “Vamos a aplicar una tabla de aportes progresivos entre los activos y jubilados que más ganan. Pero para que esa medida tenga el menor impacto económico posible, esos descuentos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos”, explicó.
“Son momentos difíciles y todos sabemos que la manera de salir adelante es todos juntos, sumando nuevas soluciones para resolver problemas viejos”, cerró Llaryora. “Este, no tengo dudas, es el rumbo”.
Hay que aclarar que la restitución del 82% móvil es parcial y no automática, vía un adicional no remunerativo. Lo que finalmente se aprobó y que ahora reglamentó el Ejecutivo no devuelve el 82% como parte del cálculo habitual del haber, sino que lo hace a través de un adicional mensual no remunerativo para quienes cobran menos (menos $ 1,3 millones). Esta estructura no genera derechos contributivos futuros ni se consolida como parte base del haber, tal como han advertido desde la oposición.
“Queridos cordobeses”
Llaryora inició su mensaje sobre la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria haciendo eje en el carácter estructural del déficit que arrastra la Caja de Jubilaciones provincial. Recordó que este problema no es nuevo y se mantiene “desde hace muchos años”, incluso durante gestiones de distintos signos políticos.
También remarcó que una parte sustancial de ese déficit se cubre con los recursos que aportan todos los cordobeses a través del pago de sus impuestos. En ese sentido, señaló que “parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo”, en referencia a los fondos previsionales que el Gobierno nacional aún no transfiere a la Provincia.
“Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó, al destacar que el Ejecutivo mantiene un reclamo formal ante la Justicia para que se cumpla con esas transferencias.
La Provincia dio a conocer este lunes los detalles de la reglamentación de la flamante Ley de Equidad Jubilatoria con la que busca reducir el impacto de la crisis de la Caja previsional cordobesa en las cuentas del Panal.Los datos fueron proporcionados por el propio gobernador, Martín Llaryora, en un discurso grabado de unos tres minutos de duración. Según lo explicado (este martes se conocerán más detalles en una conferencia de prensa del titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele), habrá un adicional no remunerativo para los que menos ganan, se redujo el alcance del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (Focca) y se redefinió el esquema de aportes con un criterio progresivo.Las generalidades de estos cambios ya se conocían, sólo faltaban las precisiones. Por ejemplo, se confirmó que el adicional no remunerativo impactará para aquellos que ganan hasta $ 1,3 millones (en bruto, en noviembre), que son, según el Gobierno, unos 52 mil pasivos. “Empezaremos a transitar el camino para darle solución a dos reclamos históricos de los jubilados provinciales”, expresó el mandatario. “Primero, recuperar progresivamente hasta llegar al 82%, comenzando por las jubilaciones más bajas. Y segundo, atenuando los efectos del descuento del artículo 58, excluyendo en esta etapa casi al 50% de los incluidos El artículo 58 de la Ley 8.024, incorporado en 2023 por el propio Llaryora, es el que da sustento legal al Focca, el fondo con el que el Gobierno implementó un descuento adicional del 4% sobre los aportes personales de los trabajadores del sistema. Con la nueva ley, ese mecanismo se atenúa y es reemplazado por una escala de aportes progresivos según el nivel de ingresos.La ley introduce una nueva escala para el aporte solidario y eleva el piso mínimo para su aplicación de $ 1.260.000 a $ 1.890.000. Con este cambio, 9.856 jubilados y pensionados dejarán de realizar ese descuento. A partir de ahora, las alícuotas se aplicarán de manera escalonada según el nivel de ingresos, con porcentajes que van del 5% al 20%: quienes perciban entre $ 1.890.000 y $ 2.100.000 aportarán el 5%; entre $ 2.100.000 y $ 2.520.000, el 10%; entre $ 2.520.000 y $ 2.940.000, el 15%; y para los ingresos superiores a $ 2.940.000, el aporte alcanzará el 20%.EscalasPor otra parte, y como tema central, se especificó que la reglamentación de la nueva ley elimina el aporte fijo del 4% que regía para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo, en función del nivel de ingresos. De esta manera, quienes perciban hasta $ 755.000 mensuales pasarán a aportar un 2%; entre $ 755.000 y $ 1.000.000, el aporte será del 3%; entre $ 1.000.000 y $ 2.500.000, del 4%; entre $ 2.500.000 y $ 3.500.000, del 6%; y para los ingresos superiores a $ 3.500.000, el aporte se elevará al 8%.Según cifras oficiales, el 74% de los trabajadores activos no tendrá cambios en su nivel de aporte, cifra que asciende al 87% en el sector docente.Se aplicará desde los haberes de diciembre que comienzan a pagarse antes de fin de año y, según Llaryora, implicará “una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos”.EsfuerzoEn el discurso, el mandatario dijo que los trabajadores y pasivos de mayores ingresos harán un “esfuerzo mayor” para sostener el sistema. “Vamos a aplicar una tabla de aportes progresivos entre los activos y jubilados que más ganan. Pero para que esa medida tenga el menor impacto económico posible, esos descuentos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos”, explicó.“Son momentos difíciles y todos sabemos que la manera de salir adelante es todos juntos, sumando nuevas soluciones para resolver problemas viejos”, cerró Llaryora. “Este, no tengo dudas, es el rumbo”.Hay que aclarar que la restitución del 82% móvil es parcial y no automática, vía un adicional no remunerativo. Lo que finalmente se aprobó y que ahora reglamentó el Ejecutivo no devuelve el 82% como parte del cálculo habitual del haber, sino que lo hace a través de un adicional mensual no remunerativo para quienes cobran menos (menos $ 1,3 millones). Esta estructura no genera derechos contributivos futuros ni se consolida como parte base del haber, tal como han advertido desde la oposición. “Queridos cordobeses”Llaryora inició su mensaje sobre la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria haciendo eje en el carácter estructural del déficit que arrastra la Caja de Jubilaciones provincial. Recordó que este problema no es nuevo y se mantiene “desde hace muchos años”, incluso durante gestiones de distintos signos políticos.También remarcó que una parte sustancial de ese déficit se cubre con los recursos que aportan todos los cordobeses a través del pago de sus impuestos. En ese sentido, señaló que “parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo”, en referencia a los fondos previsionales que el Gobierno nacional aún no transfiere a la Provincia.“Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó, al destacar que el Ejecutivo mantiene un reclamo formal ante la Justicia para que se cumpla con esas transferencias.
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