La Voz
En el oficialismo dan por hecho que el próximo miércoles el Presupuesto 2026 será aprobado “sin tocar una coma”. El proyecto ya cuenta con el visto bueno legislativo en su primera lectura y, si se confirma ese escenario, quedará firme una de las facultades que puso en pie de guerra a los gremios estatales: la potestad del gobernador para aumentar los aportes previsionales de los empleados públicos “hasta un 4%”.
Esa posibilidad encendió la alarma en los gremios, que rechazan de plano esa herramienta y advierten que podrían profundizar las protestas. Incluso, no descartan un paro provincial para antes de fin de año.
Este miércoles, los estatales volverán a movilizarse hacia la Legislatura para expresar su rechazo a un eventual incremento de los aportes. El malestar no es nuevo. Desde septiembre pasado, cuatro de los gremios públicos con mejores ingresos vienen reclamando que se elimine el aumento del 4% aprobado por la Legislatura en diciembre de 2023, apenas días después de que Martín Llaryora asumió la gobernación.
La tensión creció pese a que la semana pasada se conformó una “mesa de trabajo” en la Legislatura para abordar el histórico déficit de la Caja de Jubilaciones. Los gremios ya dejaron en claro que si el artículo 63 del Presupuesto queda firme –el que habilita al gobernador a subir los aportes–, el diálogo podría quebrarse.
“Si quieren dialogar en serio, no pueden imponer la posibilidad de aumentar otra vez los aportes. Si se aprueba ese artículo, es porque el gobernador está decidido a aplicarlo”, cuestionó el titular del gremio bancario, Ezequiel Morcillo.
Desde el oficialismo, Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura y futuro jefe del bloque del PJ, ratificó que no habrá modificaciones en el proyecto de Presupuesto. Para el Gobierno, ese artículo funciona como un respaldo ante un escenario económico incierto.
“Es un resguardo que el gobernador debe tener ¿Qué pasa si la Nación deja de enviar fondos a la Caja de Jubilaciones en marzo, cuando venza el acuerdo firmado en mayo pasado? El déficit de la Caja es un tema que tenemos que discutir. Es un debate que los cordobeses nos tenemos que dar de una buena vez”, sostuvo Torres. El exintendente de Alta Gracia es hoy la voz más potente del oficialismo legislativo tras la salida de Miguel Siciliano, quien asumió como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional provincial.
Torres aclaró, además, que la aprobación de ese artículo no implica una suba inmediata de los aportes.
Debate interno
Puertas adentro, los gremios estatales reconocen que el artículo será aprobado y que el gobernador contará el año próximo con la cuestionada facultad. Ese escenario empuja, por estas horas, un debate interno sobre la necesidad de endurecer las medidas de fuerza.
Más allá de las movilizaciones previstas para este miércoles, algunos sindicatos ya proponen avanzar con un paro provincial antes de fin de año. Sin embargo, no hay una posición unificada.
Existe consenso en rechazar la eventual suba de los aportes, pero no todos están dispuestos a profundizar el conflicto en la recta final del año. En ese debate conviven dos posturas bien marcadas.
Por un lado, los gremios que negocian paritarias con la Provincia –los de menores ingresos– se muestran más cautos y reticentes a impulsar un paro general.
Del otro lado se ubican los bancarios, el Suoem, los judiciales y Luz y Fuerza: los sectores de mejores salarios y los más afectados por una eventual suba de los aportes. Son estos cuatro sindicatos los que presionan con mayor fuerza por una huelga provincial.
La discusión gremial se intensificará desde el próximo jueves, cuando la potestad para aumentar los aportes previsionales ya sea un hecho. Si el gobernador eventualmente decidiera aplicar la suba de 4 puntos de los aportes, los cuatro gremios con mejores ingresos pasaría a aportar del 22% al 26%.
Fuentes oficiales aseguran que Llaryora analiza con cautela el escenario y que no avanzaría con un incremento generalizado. De hacerlo, sería de manera escalonada y focalizada en los salarios superiores a 1,5 millón de pesos.
En la “mesa de trabajo”, Torres intentará llevar calma. Insistirá ante los gremios en que el “mal menor” sería aumentar los aportes de los sueldos más altos, una idea que, puertas adentro, los sindicatos saben que deberán empezar a procesar.
Sobre la mesa, advierten en el oficialismo, también existen alternativas más drásticas, como fijar un techo a las jubilaciones, una propuesta impulsada por el socialista Matías Chamorro, aliado del Gobierno provincial.
En el oficialismo dan por hecho que el próximo miércoles el Presupuesto 2026 será aprobado “sin tocar una coma”. El proyecto ya cuenta con el visto bueno legislativo en su primera lectura y, si se confirma ese escenario, quedará firme una de las facultades que puso en pie de guerra a los gremios estatales: la potestad del gobernador para aumentar los aportes previsionales de los empleados públicos “hasta un 4%”.Esa posibilidad encendió la alarma en los gremios, que rechazan de plano esa herramienta y advierten que podrían profundizar las protestas. Incluso, no descartan un paro provincial para antes de fin de año. Este miércoles, los estatales volverán a movilizarse hacia la Legislatura para expresar su rechazo a un eventual incremento de los aportes. El malestar no es nuevo. Desde septiembre pasado, cuatro de los gremios públicos con mejores ingresos vienen reclamando que se elimine el aumento del 4% aprobado por la Legislatura en diciembre de 2023, apenas días después de que Martín Llaryora asumió la gobernación.La tensión creció pese a que la semana pasada se conformó una “mesa de trabajo” en la Legislatura para abordar el histórico déficit de la Caja de Jubilaciones. Los gremios ya dejaron en claro que si el artículo 63 del Presupuesto queda firme –el que habilita al gobernador a subir los aportes–, el diálogo podría quebrarse.“Si quieren dialogar en serio, no pueden imponer la posibilidad de aumentar otra vez los aportes. Si se aprueba ese artículo, es porque el gobernador está decidido a aplicarlo”, cuestionó el titular del gremio bancario, Ezequiel Morcillo.Desde el oficialismo, Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura y futuro jefe del bloque del PJ, ratificó que no habrá modificaciones en el proyecto de Presupuesto. Para el Gobierno, ese artículo funciona como un respaldo ante un escenario económico incierto.“Es un resguardo que el gobernador debe tener ¿Qué pasa si la Nación deja de enviar fondos a la Caja de Jubilaciones en marzo, cuando venza el acuerdo firmado en mayo pasado? El déficit de la Caja es un tema que tenemos que discutir. Es un debate que los cordobeses nos tenemos que dar de una buena vez”, sostuvo Torres. El exintendente de Alta Gracia es hoy la voz más potente del oficialismo legislativo tras la salida de Miguel Siciliano, quien asumió como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional provincial.Torres aclaró, además, que la aprobación de ese artículo no implica una suba inmediata de los aportes. Debate interno Puertas adentro, los gremios estatales reconocen que el artículo será aprobado y que el gobernador contará el año próximo con la cuestionada facultad. Ese escenario empuja, por estas horas, un debate interno sobre la necesidad de endurecer las medidas de fuerza.Más allá de las movilizaciones previstas para este miércoles, algunos sindicatos ya proponen avanzar con un paro provincial antes de fin de año. Sin embargo, no hay una posición unificada.Existe consenso en rechazar la eventual suba de los aportes, pero no todos están dispuestos a profundizar el conflicto en la recta final del año. En ese debate conviven dos posturas bien marcadas.Por un lado, los gremios que negocian paritarias con la Provincia –los de menores ingresos– se muestran más cautos y reticentes a impulsar un paro general. Del otro lado se ubican los bancarios, el Suoem, los judiciales y Luz y Fuerza: los sectores de mejores salarios y los más afectados por una eventual suba de los aportes. Son estos cuatro sindicatos los que presionan con mayor fuerza por una huelga provincial.La discusión gremial se intensificará desde el próximo jueves, cuando la potestad para aumentar los aportes previsionales ya sea un hecho. Si el gobernador eventualmente decidiera aplicar la suba de 4 puntos de los aportes, los cuatro gremios con mejores ingresos pasaría a aportar del 22% al 26%.Fuentes oficiales aseguran que Llaryora analiza con cautela el escenario y que no avanzaría con un incremento generalizado. De hacerlo, sería de manera escalonada y focalizada en los salarios superiores a 1,5 millón de pesos.En la “mesa de trabajo”, Torres intentará llevar calma. Insistirá ante los gremios en que el “mal menor” sería aumentar los aportes de los sueldos más altos, una idea que, puertas adentro, los sindicatos saben que deberán empezar a procesar.Sobre la mesa, advierten en el oficialismo, también existen alternativas más drásticas, como fijar un techo a las jubilaciones, una propuesta impulsada por el socialista Matías Chamorro, aliado del Gobierno provincial.
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