“Veinte días sirven para inventar mil historias. Pero tú, si quieres, puedes hacer una residencia por inversión. Con el dinero que pongas aquí en negocios obtienes la residencia de inversionista. Esa te da tres años y luego ciudadanía para ti y tu familia”.
Así, a principios de septiembre pasado, Hodina H., nacida en Siria en febrero de 1973, pero nacionalizada argentina, le explicaba por teléfono a su interlocutor cuál era una de las maneras para poder permanecer en la Argentina sin tener problemas migratorios.
Hodina H. acaba de ser procesada por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti por el delito de “promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio agravado por hacer de ello una actividad habitual”.
La misma suerte corrieron Hamza A., nacido en Túnez el 29 de diciembre de 1992; Aziz N., un marroquí de 49 años, y Walter T., un sanjuanino de 61.
Los cuatro sospechosos, según se desprende del expediente judicial, integraban una organización que se dedicaba a “facilitar el ingreso y la permanencia en el territorio nacional de personas oriundas de países árabes vulnerando las disposiciones legales en materia migratoria, toda vez que la facilitación del ingreso al país incluía evadir los controles migratorios en los pasos fronterizos, y la facilitación de la permanencia en el país implicaba engañar a la Dirección Nacional de Migraciones mediante la celebración de matrimonios ficticios, declaración de domicilios falsos y relaciones laborales inexistentes, entre otros ardides”.
Se trata de una investigación que comenzó en marzo pasado después de que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, presentara una denuncia sobre una banda que operaba en la Argentina y que, según se sospechaba, tenía vínculos con Al-Qaeda.
La hipótesis original no se pudo confirmar, pero sí se descubrió la operatoria de Hodina H., Hamza A., Aziz N. y Walter T.
En la investigación, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Santiago Eyherabide, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata; la fiscal federal Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y el fiscal federal Santiago Marquevich, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), donde también cumplen funciones como fiscal auxiliar Ramiro García Martínez y el secretario penal Francisco Bonetto.
Los interesados en viajar para vivir en la Argentina pagaban entre 26.000 y 30.000 dólares, según consta en la reciente resolución firmada por el juez Inchausti, a la que tuvo acceso LA NACION.
En la comunicación citada, Hodina H. le dijo a su interlocutor: “Si quieres estar tranquilo, haz la residencia de inversionista. Hoy voy a tener toda la información nueva. Si me gusta lo que dicen, te aviso y te consigo permiso de entrada como inversionista. El abogado presenta tus papeles, incluso si estás fuera de Argentina. Él hace todo el proceso”.
Pero la persona que hablaba con la sospechosa quería saber si había alguna otra opción para “no perder tanto tiempo”: “Hay otra opción: casarte. Si te casas, puedes acceder a la residencia y luego a la ciudadanía. En Brasil, por ejemplo, con 35 mil dólares te dan residencia permanente, y al año puedes pedir la nacionalidad. Tengo un socio en Brasil que ya lo hizo varias veces. Incluso él me ofreció esa opción. En Egipto y Turquía hay oficinas que tramitan todo, con billetes de avión incluidos, por 7500 dólares”.
La organización criminal ofrecía otras opciones a los interesados, según consta en el expediente a partir de las pruebas que surgieron en las intervenciones telefónicas: matrimonios arreglados, buscar mujeres embarazadas y darle el apellido al bebé o la figura del asilo.
Así lo explicó en diferentes comunicaciones Hodina H.:
- “Una mujer embarazada aquí que te ponga como padre. Entonces tú obtienes la ciudadanía a través de tu hijo. El trámite tarda un año y unos meses. Pero hay que residir aquí…“
- “Lo más conveniente, legal y tranquilo es el matrimonio. Te casas por un año y medio, luego te divorcias”.
- “Incluso si entras ilegalmente yo te hago una entrada legal, te hago una solicitud de asilo y luego te sacamos. Pero si puedes obtener una entrada legal ven y arreglamos las cosas. ¿Entiendes? Y si consigues entrar, por ejemplo, desde Bolivia, ¿entraste desde Bolivia, cierto? Si entras desde Argentina, tienes una visa para Argentina, te hacemos la entrada”.
En una ocasión, uno de los interlocutores se mostró preocupado y preguntó: “Si hacemos todo y sale bien, ¿después se puede descubrir?”. Hodina H. respondió: “No, porque usamos documentos auténticos. Certificado de nacimiento, identificación, todo coincide. Eso es suficiente”. Y le explicó que el “servicio” tenía un costo de 26.000 dólares.
Según pudieron reconstruir los investigadores, por ejemplo, un ciudadano egipcio pagó 5000 dólares por casarse con una mujer a la que no conocía para poder tener la residencia y ciudadanía argentina y después pagó US$ 2800 por el divorcio.
“En lo que hace a la participación de los imputados, el rol de Hodina H., con base en la valoración y constancias citadas, ha resultado preponderante en la medida en que es ella la encargada de administrar, gestionar y encargarse eventualmente de la logística y del asesoramiento de las personas que requieren sus servicios para obtener su residencia en el país, por lo que deberá considerarse autora de la maniobra imputada”, sostuvo el magistrado en los fundamentos de su resolución.
Allanamientos
Como oportunamente informó LA NACION, a mediados del mes pasado, hubo una serie de allanamientos en Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires, donde la Prefectura Naval secuestró teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos (pendrives y tarjetas de memoria), documentación correspondiente a terceras personas −incluida documentación migratoria en idioma árabe−, agendas con palabras en español y su traducción a distintos idiomas y actas de matrimonio.
Los prefectos también se incautaron de 37 armas blancas y nueve armas de fuego de distintos calibres, como una carabina Ruger calibre 9 milímetros, dos pistolas semiautomáticas CZ calibre 9 milímetros, una pistola Ruger del mismo calibre, un fusil de repetición Sabatti ST-18 calibre .308, una carabina CZ calibre .22, una pistola Ballester Molina calibre .22, un revólver calibre .32 largo sin documentación respaldatoria y un subfusil Walther MP5 calibre .22 largo, esta última arma es la versión creada para venta condicionada civil −con cargador de 25 proyectiles− bajo licencia de la firma alemana Heckler & Koch, cuyo modelo calibre 9 mm es usado por las principales unidades policiales tácticas.
Cuatro sospechosos fueron procesados por el delito de “facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino con el fin de obtener directa o indirectamente un
beneficio”
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