La Voz
La cúpula del sindicato de recolectores de residuos (Surrbac), encabezada por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, sigue esquivando el juicio oral para determinar sus eventuales responsabilidades en el entramado de supuestos negocios montados cuando el gremio copó la desaparecida empresa Crese y, luego, el Esyop (hoy Coys), desde 2009.
Hay dos causas conexas. En la principal, la cúpula gremial está acusada por los delitos de asociación ilícita, defraudación y usura en perjuicio de afiliados del sindicato, de la mutual Amsurrbac y de la obra social Ossurrbac. A raíz de esos supuestos negocios espurios, la cúpula sindical habría lavado dinero mediante la compraventa de lotes y/o inmuebles en Mendiolaza, Casonas de Manantiales, Fincas del Sur II, Casonas del Sur II, Altos de Manantiales, entre otros, a través de testaferros y fideicomiso.
En 2024, y para zafar del juicio, Saillén, Catrambone y los otros sindicalistas propusieron hacer borrón y cuanta nueva y abonar 751 mil dólares para reparar el daño causado con las supuestas maniobras de usura montadas desde el gremio.
El TOF1 rechazó esa posibilidad. Convalidó así la postura del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, que dijo que ese dinero no tiene trazabilidad, es decir que no está claro de dónde sacaron los gremialistas los miles de dólares.
Ante esto, la defensa fue a la Cámara de Casación Penal, donde ahora se dilata la resolución del expediente. Saillén y Catrambone sostiene que el fiscal se había extralimitado al rechazar el pago de los más de 700 mil dólares y cerrar el caso. El fiscal general ante Casación, Javier De Luca, sostuvo el planteo de Hairabedian y solicitó al tribunal con sede en Buenos Aires que rechace las casaciones de los imputados.
¿Habrá juicio?
Si la Cámara de Casación Penal les da la razón a Saillén y a Catrambone, no habrá juicio. Además de gambetear una eventual condena, al no haber un juicio el Ministerio Público Fiscal no podrá obtener nuevos elementos para avanzar sobre los otros aspectos de los negocios de la basura en Córdoba, en particular los vínculos que sobreviven entre empresarios, políticos y sindicalistas.
De hecho, el fiscal Hairabedian dijo que debe existir una sentencia que establezca la verdad de lo ocurrido. Es que el demorado juicio sólo abarca a la “pata sindical” del negocio de la basura.
Si el planteo de la defensa es rechazado y el juicio finalmente se realiza, el Tribunal Oral Federal N° 1 deberá designar a un reemplazante de Jaime Díaz Gavier (jubilado) y un juez sustituto para integrarse. En un eventual juicio deberán analizarse los dos delitos de manera conjunta: el “precedente”, de defraudación y usura, y el de lavado de activos.
La supremacía actual de la familia Saillén en el entramado de la recolección de basura es reconocida por fuentes municipales. En un hecho que no pasó inadvertido en la última elección, Juan Carlos Saillén (procesado en la causa) fue candidato a diputado nacional por el partido FE. Aunque el resultado general no fue bueno para él, sí hubo un mensaje hacia la política: en barrio Villa El Libertador, fue la tercera fuerza, y desplazó del podio a Natalia de la Sota.
Si alguna vez hay juicio, el trámite oral podría develar ese entramado de negocios detallado por los fiscales Enrique Senestrari y Hairabedian.
Según la acusación, hijos y familiares de Saillén y Catrambone habrían sido sus testaferros: Juan y el exlegislador Franco Saillén, Agustín Catrambone, Cecilia Oviedo (exesposa de Catrambone) y Gisel Monjes (expareja de Saillén). Además, están procesados Héctor Blanes; Juan Carlos Delgado; Juan Manuel Krainbuhl; Osvaldo César Medina; Juan Manuel Riba; Salome Alfazak, y Daniel Ayerbe.
La cúpula del sindicato de recolectores de residuos (Surrbac), encabezada por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, sigue esquivando el juicio oral para determinar sus eventuales responsabilidades en el entramado de supuestos negocios montados cuando el gremio copó la desaparecida empresa Crese y, luego, el Esyop (hoy Coys), desde 2009. Hay dos causas conexas. En la principal, la cúpula gremial está acusada por los delitos de asociación ilícita, defraudación y usura en perjuicio de afiliados del sindicato, de la mutual Amsurrbac y de la obra social Ossurrbac. A raíz de esos supuestos negocios espurios, la cúpula sindical habría lavado dinero mediante la compraventa de lotes y/o inmuebles en Mendiolaza, Casonas de Manantiales, Fincas del Sur II, Casonas del Sur II, Altos de Manantiales, entre otros, a través de testaferros y fideicomiso. En 2024, y para zafar del juicio, Saillén, Catrambone y los otros sindicalistas propusieron hacer borrón y cuanta nueva y abonar 751 mil dólares para reparar el daño causado con las supuestas maniobras de usura montadas desde el gremio. El TOF1 rechazó esa posibilidad. Convalidó así la postura del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, que dijo que ese dinero no tiene trazabilidad, es decir que no está claro de dónde sacaron los gremialistas los miles de dólares. Ante esto, la defensa fue a la Cámara de Casación Penal, donde ahora se dilata la resolución del expediente. Saillén y Catrambone sostiene que el fiscal se había extralimitado al rechazar el pago de los más de 700 mil dólares y cerrar el caso. El fiscal general ante Casación, Javier De Luca, sostuvo el planteo de Hairabedian y solicitó al tribunal con sede en Buenos Aires que rechace las casaciones de los imputados. ¿Habrá juicio?Si la Cámara de Casación Penal les da la razón a Saillén y a Catrambone, no habrá juicio. Además de gambetear una eventual condena, al no haber un juicio el Ministerio Público Fiscal no podrá obtener nuevos elementos para avanzar sobre los otros aspectos de los negocios de la basura en Córdoba, en particular los vínculos que sobreviven entre empresarios, políticos y sindicalistas. De hecho, el fiscal Hairabedian dijo que debe existir una sentencia que establezca la verdad de lo ocurrido. Es que el demorado juicio sólo abarca a la “pata sindical” del negocio de la basura. Si el planteo de la defensa es rechazado y el juicio finalmente se realiza, el Tribunal Oral Federal N° 1 deberá designar a un reemplazante de Jaime Díaz Gavier (jubilado) y un juez sustituto para integrarse. En un eventual juicio deberán analizarse los dos delitos de manera conjunta: el “precedente”, de defraudación y usura, y el de lavado de activos. La supremacía actual de la familia Saillén en el entramado de la recolección de basura es reconocida por fuentes municipales. En un hecho que no pasó inadvertido en la última elección, Juan Carlos Saillén (procesado en la causa) fue candidato a diputado nacional por el partido FE. Aunque el resultado general no fue bueno para él, sí hubo un mensaje hacia la política: en barrio Villa El Libertador, fue la tercera fuerza, y desplazó del podio a Natalia de la Sota. Si alguna vez hay juicio, el trámite oral podría develar ese entramado de negocios detallado por los fiscales Enrique Senestrari y Hairabedian. Según la acusación, hijos y familiares de Saillén y Catrambone habrían sido sus testaferros: Juan y el exlegislador Franco Saillén, Agustín Catrambone, Cecilia Oviedo (exesposa de Catrambone) y Gisel Monjes (expareja de Saillén). Además, están procesados Héctor Blanes; Juan Carlos Delgado; Juan Manuel Krainbuhl; Osvaldo César Medina; Juan Manuel Riba; Salome Alfazak, y Daniel Ayerbe.
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