Patricia Bullrich publicó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad y la difundió en su cuenta de X. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la funcionaria explicó que la dimisión se hará efectiva a partir del 1° de diciembre. El 10, asumirá en su banca de senadora nacional.

Su sucesora será Alejandra Monteoliva, actualmente la segunda al mando en la cartera. Bullrich será la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. El viernes, cuando juró como legisladora, tuvo su primer cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado.

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Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.

La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Según reveló LA NACION, ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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El economista Martín Redrado analizó este domingo por la noche el rumbo económico del Gobierno y las perspectivas hacia 2026. En diálogo con José Del Rio para Comunidad de Negocios (LN+), el extitular del Banco Central sostuvo que el “gran desafío” de la próxima etapa será recrear empleo formal y darle previsibilidad macroeconómica a la Argentina, y advirtió que el optimismo hacia adelante dependerá de decisiones concretas en materia laboral, tributaria y cambiaria.

Redrado afirmó que, pese a la desaceleración inflacionaria, “no crece el salario y tampoco crece el empleo”, y alertó que la economía ya perdió 150.000 puestos de trabajo, principalmente en construcción, industria y comercio. “No hay vistas de una transformación que ponga a la economía en crecimiento”, planteó.

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El Gobierno oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas que rigen desde el 1° de diciembre, mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Los nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas incorporan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y mecanismos de actualización mensual. Las medidas responden a las indicaciones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la corrección de precios relativos.

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A través del decreto 849/2025, el Gobierno realizó un reajuste del Presupuesto 2025 antes de la presentación del correspondiente al de 2026. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, redistribuye partidas para reforzar gastos en prestaciones previsionales y programas sociales, otorga financiamiento extra para hospitales, universidades y organismos estatales.

El decreto dispone incrementos significativos para Anses, que deberá afrontar mayores costos por movilidad previsional, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas alimentarios y el refuerzo del PAMI. También amplía los fondos destinados a salud, incluidas transferencias a los hospitales de alta complejidad S.A.M.I.C., y eleva el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

En paralelo, se destinan nuevos recursos a la Secretaría de Educación para atender aumentos salariales universitarios, becas Progresar y comedores escolares, además de programas laborales del Ministerio de Capital Humano.

No obstante, uno de los puntos centrales de la medida es la asignación de $406.557 millones para cancelar deudas previsionales con retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluidas “sentencias firmes reconocidas por la Justicia”.

En tanto la norma también habilita al Ministerio de Economía a «modificar, transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (Fondesgas)», con el fin de “redefinir su esquema de financiamiento para obras de transporte de gas”.

Cuentan en los pasillos de la Casa Rosada que unos meses atrás, antes de las elecciones, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a hacerle al presidente Javier Milei un planteo sensible. Le dijo algo así: que quería contratar profesionales pero que, por los sueldos congelados, nadie quiere trabajar para el Gobierno. Milei no se hizo eco.

Desde el inicio de la gestión, el Presidente se resiste a dar un aumento a su staff. Es el justificativo que usó durante todo este tiempo para decir que el ajuste no solo lo pagó la gente sino también la casta, es decir, ellos mismos. Fue también eje de su campaña y de sus dardos al kirchnerismo.

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La investigación judicial contra la financiera de Ariel Vallejo, Sur Finanzas, comienza a aportar datos sobre “la billetera del fútbol”. Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. En el listado completo, al que tuvo acceso LA NACION, figuran los detalles de los movimientos. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. A los nombres que habían trascendido se suma Argentinos Juniors y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.

Los clubes aparecen en un anexo de la denuncia que hizo esta semana la Dirección General Impositiva (DGI). Son más de 250 personas jurídicas donde hay varias cerealeras y hasta mutuales.

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​El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios  

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