Las defensas pidieron absolver a la cúpula de Luz y Fuerza Córdoba

La Voz

Los defensores del secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y a su antecesor, Gabriel Suárez, pidieron enérgicamente este viernes su absolución por los graves delitos de presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de millonarios fondos del sindicato en perjuicio de los afiliados.

La penúltima audiencia del debate se desarrolla, como desde el inicio, en la sala de juicio del Tribunal Oral Federal (TOF2) de Córdoba, que, por sus escasas dimensiones, se limita solo a la presencia de los imputados, defensores, fiscales, personal judicial, prensa y jueces.

Los familiares de los acusados y querellantes siguen las alternativas a través del circuito cerrado instalado en una sala contigua de la vieja casona de estilo afrancesada de Nueva Córdoba.

El juicio a la cúpula de Luz y Fuerza

Los dos referentes sindicales están siendo juzgados aquí junto a otros siete imputados por maniobras vinculadas a la presunta defraudación por administración fraudulenta de millones de pesos de fondos que habrían librado mediante cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con los imputados.

El dinero luego habría retornado a Molina Herrera, Suárez y el entonces secretario de Finanzas del gremio (hoy, secretario de Vivienda y Obras), Fernando Navarro, también investigados por lavado de activos de grandes caudales de dinero con la compra de fichas en casinos, vehículos, propiedades y viajes por el mundo, según el caso.

La mecánica defraudatoria habría contado con las complicidades de Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas), Roque Daniel Tapia (actual secretario adjunto, exsecretario de Previsión Social), Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo (apoderado gremial), José Ramón Galván (apoderado sindical) y Martín López (empleado de limpieza), todos acusados en el debate.

Los imputados habían ofrecido, antes de iniciar el juicio, 198.433.940 de pesos como reparación del daño para evitar el proceso y ser el sobreseídos, lo que fue rechazado por el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, y el tribunal, integrado por Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y José Asís.

Pedido de penas

Durante sus alegatos, el fiscal había arremetido contra la cúpula por haberse “valido de recursos materiales” (“una montruosa cantidad de cheque librados”) y “humanos (personal de menor jerarquía del gremio o eslabones)” para sus presuntos fines ilegales.

Respecto al pedido de penas, había solicitado al tribunal condenar a 10 años de prisión a Suárez y nueve años y medio de prisión a Molina Herrera y a Navarro como presuntos jefes de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

También había pedido cinco años y seis meses para Lozano (defraudación por administración fraudulenta); cinco años para Tapia (defraudación), Fidelbo (asociación ilícita como miembro defraudación) y Galván (asociación ilícita como miembro y defraudación); tres años condicional para Victoria Molina (defraudación; y absolución por otro hecho); y un año para López (defraudación; 3 años en total al unificarse con una condena previa).

El representante del Ministerio Público además pidió inhabilitaciones especiales de varios años para que no vuelvan a ocupar cargos gremiales.

Por su parte, la querellante Mabel Sessa, en representación de los empleados y jubilados de Epec, solicitó seis años de cárcel para Molina Herrera y Navarro e inhabilitaciones.

El turno de las defensas

En esta penúltima audiencia, el defensor Iván Mochkofsky (por Fidelbo, Galván y López) solicitó aplicar para López la misma pena pedida por el fiscal.

Sin embargo, discrepó respecto a Fidelbo y Galván al sostener que no se pudo probar la hipótesis acusatoria. “No ha logrado demostrar una conducta específica o puntual sobre ellos, no genérica. Ni los propios gendarmes contadores interventores pudo llegar a demostrar una conducta de defraudación. No dejan de ser informes de Gendarmería, sin control de la defensa”, añadió.

Sobre de punto dijo que si ni la contadora interventora pudo llegar a una conclusión de defraudación, “menos el fiscal”. Dedicó un párrafo al señalar que el análisis de los cheques no debió ser por “muestreo” sino total y “serio” del período evaluado.

Y sostuvo que los cheques librados por la cúpula, que Fidelbo y Galván utilizaban como apoderados para endosarlos, tenían como fin pagar servicios y que las operatorias de hasta 50 mil pesos “redondos” respondía al límite bancario impuesto por el Banco Central. “Era una operatoria con cheques totalmente documentada y habitual del sindicato. L, indicó.

El penalista además cuestionó al “único testigo” de la fiscalía que había afirmado que la cúpula pagaba servicios con sobreprecios y realizaba maniobras ilegales con cheques. Dijo que tiene antecedentes penales por haber sido el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba y una persona violenta y psicópata.

En consecuencia, pidió absolver a Galván y Fidelbo.

Por su parte, los defensores Ernesto y Tristán Gavier, en representación de Suárez, Molina Herrera y su hija, Navarro, Tapia y Lozano, comenzaron sus alegatos.

Al referirse a la presunta defraudación de fondos de la obra social, Ernesto Gavier afirmó que Molina Herrera y Navarro no cometieron delitos. “No hubo desvíos de fondos”, agregó y pidió la absolución para ambos.

En tanto, sobre el supuesto desvío de millones del Fondo Compensador, maniobras por las que están acusadas Victoria Molina, Tapia, Lozano y Navarro, negó ilicitudes y apuntó contra el “festejo” de los interventores al haber logrado “ahorrar” 1.800 millones de pesos. “Con ‘lápiz rojo’ deshumanizaron a los afiliados. No pagaban Caruso ni colchones antiescara y sillas de ruedas. Se dejó de gastar a los abuelos. El derecho penal no está para congelar la distribución de los fondos de una organización sindical cuando se usan con fines lícitos “, añadió.

En ese sentido, solicitó la absolución de Navarro, Lozano, Tapia y la hija de Molina Herrera. Respecto a esta última, el defensor sostuvo que al trabajar en Recursos Humano de Epec debía acercar a Tapia datos de afiliados. “Pero no tenía permiso gremial. No tenía poder de decisión sobre los cheques. Nunca manejó fondos. Nunca tuvo intervención en algún hecho acusado”, dijo. “Lo que la condenó a llegar a estar sentada como acusada es su apellido. Solamente eso”, indicó.

“El que los cheques fueran y volvieran tiene un significado: los retiros por caja tenían un límite de $ 50 mil impuesto por el Banco Central. Por eso un pago a un proveedor por $ 400 mil tenía que dividirse en ocho cheques”, ejemplificó.

A su turno, Tristán Gavier pidió nuevamente la nulidad de los informes de la UIF respecto a la millonaria compra de fichas de Molina Herrera porque no pueden -consideró- utilizarse como prueba sino como “guía”. Evaluó que se violó el derecho de defensa en jucio y debido proceso.

Luego consideró que la causa penal en contra de la cúpula comenzó por “una cuestión política dentro del sindicato” luego de que se reprimiera una protesta de Luz y Fuerza en 2019 y fuera detenido Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente del gremio Agustín Tosco.

Sostuvo que Tosco quedó libre y tanto él, como Gustavo Aimino (querellante actualmente) presentaron denuncias y seis meses después, con motivo de las elecciones en el gremio, Tosco “no salió segundo, salió tercero” detrás de Suárez (reelecto) y Tomás Di Toffino. “Un Tosco que perdió una elección…de eso nunca se recuperó”, opinó.

Finalmente, solicitó las absoluciones de sus defendidos por asociación ilícita (en calidad de organizadores y miembros) y por lavado en caso de Molina Herrera, Suárez y Navarro.

En la última audiencia, prevista para el martes, los imputados tendrán la posibilidad de emitir la última palabra y luego el tribunal pasará a un cuarto a intermedio para deliberar y dar conocer el veredicto.

Acuerdos con los “coleros”

Si bien nueve acusados principales llegaron finalmente a juicio, otros nueve también fueron imputados. Los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario acordaron con el fiscal Casas Nóblega indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco, lo que les permitió evitar sentarse en el banquillo.

El mismo tribunal homologó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) en favor de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).

​Los defensores del secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y a su antecesor, Gabriel Suárez, pidieron enérgicamente este viernes su absolución por los graves delitos de presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de millonarios fondos del sindicato en perjuicio de los afiliados.La penúltima audiencia del debate se desarrolla, como desde el inicio, en la sala de juicio del Tribunal Oral Federal (TOF2) de Córdoba, que, por sus escasas dimensiones, se limita solo a la presencia de los imputados, defensores, fiscales, personal judicial, prensa y jueces. Los familiares de los acusados y querellantes siguen las alternativas a través del circuito cerrado instalado en una sala contigua de la vieja casona de estilo afrancesada de Nueva Córdoba.El juicio a la cúpula de Luz y Fuerza Los dos referentes sindicales están siendo juzgados aquí junto a otros siete imputados por maniobras vinculadas a la presunta defraudación por administración fraudulenta de millones de pesos de fondos que habrían librado mediante cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con los imputados. El dinero luego habría retornado a Molina Herrera, Suárez y el entonces secretario de Finanzas del gremio (hoy, secretario de Vivienda y Obras), Fernando Navarro, también investigados por lavado de activos de grandes caudales de dinero con la compra de fichas en casinos, vehículos, propiedades y viajes por el mundo, según el caso.La mecánica defraudatoria habría contado con las complicidades de Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas), Roque Daniel Tapia (actual secretario adjunto, exsecretario de Previsión Social), Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo (apoderado gremial), José Ramón Galván (apoderado sindical) y Martín López (empleado de limpieza), todos acusados en el debate.Los imputados habían ofrecido, antes de iniciar el juicio, 198.433.940 de pesos como reparación del daño para evitar el proceso y ser el sobreseídos, lo que fue rechazado por el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, y el tribunal, integrado por Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y José Asís.Pedido de penasDurante sus alegatos, el fiscal había arremetido contra la cúpula por haberse “valido de recursos materiales” (“una montruosa cantidad de cheque librados”) y “humanos (personal de menor jerarquía del gremio o eslabones)” para sus presuntos fines ilegales.Respecto al pedido de penas, había solicitado al tribunal condenar a 10 años de prisión a Suárez y nueve años y medio de prisión a Molina Herrera y a Navarro como presuntos jefes de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.También había pedido cinco años y seis meses para Lozano (defraudación por administración fraudulenta); cinco años para Tapia (defraudación), Fidelbo (asociación ilícita como miembro defraudación) y Galván (asociación ilícita como miembro y defraudación); tres años condicional para Victoria Molina (defraudación; y absolución por otro hecho); y un año para López (defraudación; 3 años en total al unificarse con una condena previa).El representante del Ministerio Público además pidió inhabilitaciones especiales de varios años para que no vuelvan a ocupar cargos gremiales. Por su parte, la querellante Mabel Sessa, en representación de los empleados y jubilados de Epec, solicitó seis años de cárcel para Molina Herrera y Navarro e inhabilitaciones.El turno de las defensasEn esta penúltima audiencia, el defensor Iván Mochkofsky (por Fidelbo, Galván y López) solicitó aplicar para López la misma pena pedida por el fiscal. Sin embargo, discrepó respecto a Fidelbo y Galván al sostener que no se pudo probar la hipótesis acusatoria. “No ha logrado demostrar una conducta específica o puntual sobre ellos, no genérica. Ni los propios gendarmes contadores interventores pudo llegar a demostrar una conducta de defraudación. No dejan de ser informes de Gendarmería, sin control de la defensa”, añadió.Sobre de punto dijo que si ni la contadora interventora pudo llegar a una conclusión de defraudación, “menos el fiscal”. Dedicó un párrafo al señalar que el análisis de los cheques no debió ser por “muestreo” sino total y “serio” del período evaluado.Y sostuvo que los cheques librados por la cúpula, que Fidelbo y Galván utilizaban como apoderados para endosarlos, tenían como fin pagar servicios y que las operatorias de hasta 50 mil pesos “redondos” respondía al límite bancario impuesto por el Banco Central. “Era una operatoria con cheques totalmente documentada y habitual del sindicato. L, indicó.El penalista además cuestionó al “único testigo” de la fiscalía que había afirmado que la cúpula pagaba servicios con sobreprecios y realizaba maniobras ilegales con cheques. Dijo que tiene antecedentes penales por haber sido el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba y una persona violenta y psicópata. En consecuencia, pidió absolver a Galván y Fidelbo. Por su parte, los defensores Ernesto y Tristán Gavier, en representación de Suárez, Molina Herrera y su hija, Navarro, Tapia y Lozano, comenzaron sus alegatos.Al referirse a la presunta defraudación de fondos de la obra social, Ernesto Gavier afirmó que Molina Herrera y Navarro no cometieron delitos. “No hubo desvíos de fondos”, agregó y pidió la absolución para ambos.En tanto, sobre el supuesto desvío de millones del Fondo Compensador, maniobras por las que están acusadas Victoria Molina, Tapia, Lozano y Navarro, negó ilicitudes y apuntó contra el “festejo” de los interventores al haber logrado “ahorrar” 1.800 millones de pesos. “Con ‘lápiz rojo’ deshumanizaron a los afiliados. No pagaban Caruso ni colchones antiescara y sillas de ruedas. Se dejó de gastar a los abuelos. El derecho penal no está para congelar la distribución de los fondos de una organización sindical cuando se usan con fines lícitos “, añadió.En ese sentido, solicitó la absolución de Navarro, Lozano, Tapia y la hija de Molina Herrera. Respecto a esta última, el defensor sostuvo que al trabajar en Recursos Humano de Epec debía acercar a Tapia datos de afiliados. “Pero no tenía permiso gremial. No tenía poder de decisión sobre los cheques. Nunca manejó fondos. Nunca tuvo intervención en algún hecho acusado”, dijo. “Lo que la condenó a llegar a estar sentada como acusada es su apellido. Solamente eso”, indicó.“El que los cheques fueran y volvieran tiene un significado: los retiros por caja tenían un límite de $ 50 mil impuesto por el Banco Central. Por eso un pago a un proveedor por $ 400 mil tenía que dividirse en ocho cheques”, ejemplificó.A su turno, Tristán Gavier pidió nuevamente la nulidad de los informes de la UIF respecto a la millonaria compra de fichas de Molina Herrera porque no pueden -consideró- utilizarse como prueba sino como “guía”. Evaluó que se violó el derecho de defensa en jucio y debido proceso.Luego consideró que la causa penal en contra de la cúpula comenzó por “una cuestión política dentro del sindicato” luego de que se reprimiera una protesta de Luz y Fuerza en 2019 y fuera detenido Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente del gremio Agustín Tosco. Sostuvo que Tosco quedó libre y tanto él, como Gustavo Aimino (querellante actualmente) presentaron denuncias y seis meses después, con motivo de las elecciones en el gremio, Tosco “no salió segundo, salió tercero” detrás de Suárez (reelecto) y Tomás Di Toffino. “Un Tosco que perdió una elección…de eso nunca se recuperó”, opinó. Finalmente, solicitó las absoluciones de sus defendidos por asociación ilícita (en calidad de organizadores y miembros) y por lavado en caso de Molina Herrera, Suárez y Navarro.En la última audiencia, prevista para el martes, los imputados tendrán la posibilidad de emitir la última palabra y luego el tribunal pasará a un cuarto a intermedio para deliberar y dar conocer el veredicto.Acuerdos con los “coleros”Si bien nueve acusados principales llegaron finalmente a juicio, otros nueve también fueron imputados. Los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario acordaron con el fiscal Casas Nóblega indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco, lo que les permitió evitar sentarse en el banquillo.El mismo tribunal homologó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) en favor de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).  ​

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