El Procurador General interino, Eduardo Casal, se encuentra ultimando su pronunciamiento sobre el recurso de queja presentado por el fiscal federal Mario Villar ante la Corte Suprema. Villar busca que la condena a Cristina Fernández de Kirchner sea extendida de seis a doce años. Con este paso, los jueces del Máximo Tribunal dan inicio a la última fase del caso, encaminándola hacia un veredicto que no podrá ser apelado.
Aunque la opinión del Procurador no tendrá carácter vinculante, se anticipa que Casal respaldará la solicitud de Villar. Este pide que la expresidenta también reciba una condena por el delito de asociación ilícita, al considerarla jefa de una supuesta organización criminal que «estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos».
Una vez que Casal envíe su dictamen, la Corte podrá avanzar en decidir si confirma, revoca o modifica el fallo. Este no solo pone en riesgo la libertad de Cristina Kirchner, sino también su posibilidad de presentarse como candidata en las elecciones próximas. Además, sigue pendiente la cuestión de su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El dictamen de Casal también abordará la queja contra la decisión que excluyó de la condena por asociación ilícita al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López; al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y al empresario Lázaro Báez. Asimismo, se referirá a las absoluciones que favorecieron a De Vido, al exsubsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala, y al exadministrador general de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor Garro.
El caso investiga el pago de sobreprecios, la cartelización de licitaciones, la falta de control y el abandono de obras en 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz, que beneficiaron a las empresas del Grupo Báez entre 2003 y 2015.
Se espera que Casal emita su dictamen antes de fin de mes, y desde ese momento, la Secretaría de Derecho Penal, bajo la dirección de Daniel Seitún, iniciará el proceso de revisión, examinando cada vocalía.
Este procedimiento podría demorar varios meses o incluso años, a menos que los jueces coincidan en que los puntos planteados son irrelevantes o carecen de importancia, lo que llevaría al rechazo de la queja mediante el artículo 280 del Código Procesal, sin un análisis profundo del fondo del asunto. Si los tres miembros del Máximo Tribunal no logran un consenso, deberán convocar a conjueces, lo que retrasaría aún más la resolución.
En total, la Corte Suprema tiene 17 recursos de queja pendientes en la causa Vialidad, que incluyen las solicitudes de revisión de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Oral Federal 2, la cual fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras tanto, el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner dependerá en gran medida de la decisión de la Corte Suprema. Si el Congreso no aprueba el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir las candidaturas de personas condenadas por corrupción en segunda instancia, la expresidenta podrá seguir adelante con sus aspiraciones políticas, siempre que el Alto Tribunal se pronuncie rápidamente.
El tiempo será crucial. Si la Corte se pronuncia rápidamente, podría determinar si Cristina Kirchner podrá competir en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, e incluso a nivel nacional. En caso de que la Corte permanezca en silencio, podría habilitar su candidatura, y luego, tras las elecciones, recuperar los fueros que la protegerían de ir a prisión. Otra posibilidad a su favor sería un fallo que revocara su condena de inhabilitación perpetua.
El plazo para que la exmandataria pueda competir en las elecciones vence el 17 de agosto, fecha límite que la Cámara Nacional Electoral ha establecido para la presentación de candidatos a legisladores nacionales. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, el plazo se cierra 10 días antes si se realizan las PASO, o el 24 de mayo si la Legislatura provincial aprueba la suspensión de las mismas.
Finalmente, cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner presentó una queja ante la Corte Suprema, argumentando que «el Tribunal de Casación Macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas».
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