l histórico emblema de los lácteos enfrenta uno de sus momentos más críticos. El fuerte déficit operativo, sumado a una deuda que no deja de crecer y a un concurso de acreedores que no muestra avances, tiene a SanCor al filo del cierre definitivo. La cooperativa debe más de $20.000 millones sólo en concepto de sueldos atrasados y cargas sociales y sindicales, mientras suma más de 300 pedidos de quiebra presentados en su contra.
En este contexto, el juez Guillermo Vales, encargado del concurso, instó a los acreedores a acercar propuestas que apunten a la reactivación de SanCor, en una medida que se considera inédita dentro del rubro.
Recientemente, la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que contempla como eje central la reducción de 304 puestos laborales, buscando equilibrar sus finanzas. Hoy, la cooperativa apenas logra sostenerse mediante contratos a fasón, es decir, producciones para terceros como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.
Vales convocó a los acreedores interesados a que “presenten al juzgado a cargo de este trámite como ‘amicus curiae’ sus iniciativas, a través de proyectos de explotación y gestión empresarial viables, con aporte específico de conocimiento, capacidades técnicas, industriales y comerciales, de reorganización o modificación necesaria, para hacer económicamente viable la explotación de la concursada y que oportunamente, legitimen las decisiones que se tomen en el presente proceso”.
Crecen los pedidos de quiebra contra SanCor
Frente a esta decisión judicial, Aldo Regali, abogado que representa a un importante grupo de trabajadores, aseguró que se trata de “un acto desesperado, ya que por no declararle la quiebra (el juez) sacó esto. Los plazos vigentes refieren a la contestación del pedido de quiebra”.
“Actualmente hay un poco más de 300 pedidos de quiebra y ahora se le corrió traslado a la empresa, que debe contestar y defenderse de esos pedidos”, añadió Regali.
En paralelo, el próximo 12 de noviembre deberán declarar indagatoriamente los expresidentes de la firma, José Pablo Gastaldi (2020-2022) y Alberto Eduardo Sánchez (2022-2024), en la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitadas y otros, sobre infracción a la ley 27.430”, donde se los investiga por presunta evasión de aportes y contribuciones.
SanCor y su plan de ajuste
A comienzos del mes pasado, la conducción de la cooperativa presentó ante la Justicia su plan de crisis, que plantea como medida central el recorte de 304 empleos para intentar recomponer su situación económica. En los últimos dos años ya concretó 370 despidos, aunque esos recortes no alcanzaron para revertir el déficit financiero.
“El sostenimiento de la marcha del negocio durante el concurso se está tornando dificultoso sin la participación de terceros que aporten capital de trabajo”, señala el documento presentado ante el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, en Santa Fe.
El plan también incluye desde “reactivar plantas mediante acuerdos con terceros en distintas modalidades” hasta “vender activos no operativos (inmuebles y ex plantas) para reducir pasivos”.
Asimismo, la empresa plantea “continuar con la reestructuración de personal, que ya redujo un 54% la plantilla desde 2019”. Según el texto, la dotación “óptima” debería ser de 632 empleados, por lo que “lo conveniente” sería eliminar 304 puestos.
El objetivo de la compañía, sostienen, es “alcanzar primero un equilibrio operativo” y, en una etapa posterior, “cubrir con ingresos los gastos corrientes; y luego generar un superávit que permita reducir deudas y salir del concurso preventivo”.
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