La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzará con el pedido de que Cristina Kirchner reintegre cerca de $1000 millones correspondientes a jubilaciones y pensiones que había recibido.
Según informó TN, el Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, solicitará la devolución de las sumas percibidas “indebidamente”, cuyo monto estimado asciende a $1000 millones. La decisión llega después de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazara una medida cautelar presentada por la expresidenta.
Cristina Kirchner había buscado mediante este recurso que se le restablezca el beneficio de “asignación mensual vitalicia” que se le había otorgado como viuda del expresidente Néstor Kirchner, con fecha de inicio de pago del 14 de diciembre de 2010, y respecto del cual ya existe una sentencia judicial.
En diciembre pasado, el gobierno de Javier Milei había suspendido la “jubilación de privilegio” de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia, tras confirmarse la condena de la expresidenta en la Causa Vialidad. Según el Ejecutivo, Kirchner percibía unos $21.827.624 mensuales netos, y la medida se fundamenta en que se trata de un “beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.
Ante la decisión del gobierno, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad, calificando la medida de “ilegal y autoritaria” por la suspensión de los haberes mensuales que recibía por su paso como presidenta de la Nación. Su abogado sostuvo que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado” y agregó que, aunque la administración justificó la suspensión de un acto administrativo, “no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.
La expresidenta también argumentó que la demora en la resolución afectaba sus derechos a la seguridad social. Sin embargo, este miércoles la Justicia destacó que la asignación no constituye una jubilación ordinaria, sino “una gracia otorgada como reconocimiento al mérito y honor del cargo presidencial”.
La jueza señaló además que no existe un riesgo grave e irreversible que justifique adelantar la decisión, y que conceder la medida cautelar sería anticipar un fallo que requiere un análisis más profundo y la valoración de pruebas.
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