El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos.
Esta solicitud, en medio de las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria.
El fiscal espera el resultado final de un estudio contable que encargó a los expertos contadores de la Procuración General de la Nación que integran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Los análisis deberán arrojar un número final sobre los bienes del funcionario y sus ingresos. A este estudio se suma otro sobre criptomonedas y las operaciones realizadas por Adorni.
El fiscal conoce las cuentas nominadas, de donde surge la trazabilidad y las operaciones realizadas, pero espera un informe de dos contadores y un especialista en criptomonedas que reconstruyan el recorrido del dinero de una cuenta a otra.
Ese informe técnico de los expertos contadores de la DATIP es el que dará el numero final del dinero a justificar por Adorni, que aún no presentó su última declaración jurada de bienes.
Independientemente del número que arroje este trabajo, la fiscalía ya considera que no cierran las cuentas y por eso Pollicita trabaja en la redacción del requerimiento de justificación de bienes, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
Hay muchas páginas ya escritas. El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes.
Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación.
Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni; o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria.
El trámite es prolongado y no se esperan noticias en tribunales por lo menos en un mes y medio, lo que coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol, que arranca esta semana en México, Estados Unidos y Canadá.
Ese es el plazo que pueden demorar los peritos contadores en terminar de elaborar ese informe. Con esta información, los investigadores buscan bajar las expectativas sobre la causa que va a entrar en un compás de espera en cuanto al patrimonio de Adorni.
En tanto, hay otra causa que está en manos del juez Ariel Lijo referida a las relaciones entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio.
El magistrado analiza los contratos entre Grandio y la TV Pública y la relación con Adorni. Por eso, además de los convenios, pidió los cruces de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, la empresa productora de Grandio.
Lijo citaría a Adorni a prestar declaración indagatoria en esta parte de la causa antes de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.
Sin embargo, en el Gobierno -según fuentes oficiales- no creen que Lijo tome esa decisión, pues entienden que, al mismo tiempo que avanza con esta causa, están pendientes de la decisión oficial los pliegos de ascenso de secretarios y exsecretarios suyos que aspiran a convertirse en jueces federales.
La posible declaración indagatoria sería más “un mensaje” que un acto concreto, dijo una fuente oficial. Es la mirada que también compartió un funcionario judicial.
La indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado. No implica que sea culpable.
“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial, que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.
Por lo pronto, Lijo tiene en su agenda un viaje París a realizarse entre el 15 y el 19 de junio para exponer sobre las causas que lleva adelante la Argentina por lavado de dinero, al rendir informes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Será parte de una comitiva que integran el juez Sebastián Casanello, el director de la oficina de la Corte especializada en investigaciones complejas Tomás Rodríguez Ponte y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
En Comodoro Py 2002 evalúan que si el juez Lijo decide llamar a indagatoria a Adorni, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la Justicia Federal es raro pensar en otro desenlace.
La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse. La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Adorni antes de que este asumiera como funcionario.
Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo abonó Grandio.
Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de Imhouse
Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Grandio no rompió lazos con la firma que –según consta en redes sociales– produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.
En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas. No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete. También se analiza la geolocalización de los teléfonos.
“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron claves para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial.
Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. Imhouse asume los costos de producción ( incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
Los contratos incluyen el programa radial La caja de Pandora, firmado en abril de 2024, y otros envíos como Giros en Línea Recta, Enredados y La Sala. En el streaming de la señal estatal también figura Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.
En este programa de 2022, a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.
En 2024, Grandio fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a LA NACION una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.
Es el trámite previo que puede derivar en un llamado a prestar declaración indagatoria; la fiscalía espera el resultado de un peritaje contable y otro sobre criptomonedas; llevaría 90 días
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