Organizaciones sociales, gremiales, políticas y de la diversidad convocaron a concentrarse este miércoles por la tarde noche. Denunciaron el desmantelamiento de políticas de género y reclamaron una mayor responsabilidad institucional frente a los femicidios.
Fotos: Kassandra Sosa.
Al cumplirse 11 años del surgimiento de la histórica consigna contra la violencia de género, una masiva movilización recorrió este miércoles por la tarde las calles de Santa Rosa, replicando la Jornada Nacional de Lucha del movimiento Ni Una Menos.
La convocatoria, que congregó a agrupaciones sociales, políticas, gremiales y de la diversidad, tuvo su epicentro inicial en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), desde donde las columnas marcharon hacia la Casa de Gobierno para visibilizar sus reclamos.
A diferencia de ediciones anteriores, el eje de la protesta estuvo fuertemente marcado por el impacto del ajuste fiscal y la eliminación de ministerios y programas asistenciales. Durante la manifestación, se dio lectura a un documento de unidad que trazó una radiografía de la vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y diversidades en distintos puntos del país.
Sin Estado
El duro diagnóstico de las organizaciones ya había sido anticipado por sus referentes. La dirigente gremial Roxana Rechimont fue tajante al señalar que el retroceso de las políticas públicas tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. «Cuando el Estado se corre de las políticas públicas para las mujeres y diversidades, significa la muerte», sentenció, apuntando al impacto que genera el desmantelamiento de los programas nacionales dedicados a la prevención y atención de la violencia machista.
Bajo la consigna «Nos queremos vivas, libres y con derechos», la marcha sirvió para recordar que la problemática continúa vigente y se cobró vidas recientes, mencionando los femicidios de Agostina en Córdoba, Dulce en Misiones y Noelia en Lomas de Zamora. En ese sentido, Rechimont apuntó contra la «connivencia del Poder Judicial y las decisiones de los gobiernos provinciales y nacionales» que desamparan a las víctimas.
Por su parte, Mónica Molina, integrante de las organizaciones convocantes, puso el foco en la deficiente implementación de las herramientas del Estado, como la Ley Micaela, exigiendo que sea aplicada con rigurosidad en todos los niveles del poder público. «Los funcionarios judiciales, policiales y del Poder Ejecutivo deben tener en cuenta que la Ley Micaela tiene que ser bien implementada», reclamó Molina. Como ejemplo de las fallas del sistema, citó el caso de Córdoba, donde el agresor de Agostina había sido liberado por un fiscal y posteriormente incorporado a un municipio a pesar de las denuncias previas en su contra.
Asimismo, la referente hizo un llamado de atención a los medios de comunicación respecto al tratamiento periodístico de los femicidios, advirtiendo sobre el peligroso avance de discursos que revictimizan a las mujeres asesinadas y a sus entornos familiares. «Estamos en un contexto en el que se culpabiliza a las víctimas y a las mujeres de su entorno», alertó, exigiendo coberturas con estricta perspectiva de género.
La jornada de lucha en territorio pampeano no se limitó a la capital, ya que de forma simultánea se registraron expresiones y movilizaciones similares en las plazas principales de General Pico y General Acha.
eldiariodelapampa
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