Estaba cumpliendo un año de prisión condicional por otro delito contra la propiedad.
La escena judicial se desarrolló este martes en los tribunales de General Pico, donde el juez Diego Ambrogetti formalizó la investigación preparatoria contra Matías Gabriel Romero, imputado por un violento robo con escalamiento en una vivienda del barrio Ranqueles VII, ocurrido el pasado domingo. El hecho tomó notoriedad por la crueldad hacia el animal de la familia, un pequeño caniche que fue presuntamente asesinado durante el asalto.
Una audiencia cargada de tensión
Durante la audiencia, en la que intervinieron el fiscal Damián Campos y el defensor Federico Freigedo, se detallaron minuciosamente los elementos que vinculan a Romero con el hecho: fue detenido el lunes en la vía pública con la misma ropa que habría usado durante el robo. Entre los objetos sustraídos figuran dos televisores, botellas de champán, botines, hamburguesas y otros elementos personales de valor.
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Además, se lo acusa de haber causado la muerte del perro de la familia, lo que motivó que la investigación incorpore la Ley 14.346 de Maltrato Animal, en lo que sería un caso de robo agravado por escalamiento en concurso con actos de crueldad animal.
Pruebas anticipadas y análisis genético
El juez ordenó una serie de medidas urgentes y técnicas. Entre ellas:
Análisis de ADN en el Laboratorio de Genética Forense de Santa Rosa, con hisopados secuestrados en la causa.
Secuestro de prendas clave: un pantalón corto azul que Romero tenía puesto y una gorra bordó.
Reconocimiento de objetos: la damnificada, Marianela Luján Rodríguez, será convocada a reconocer un par de botines secuestrados en allanamientos recientes.
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Estas acciones buscan consolidar la línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que Romero fue autor material del hecho, y que habría incluso intentado desviar la investigación, proporcionando datos falsos a la víctima y deshaciéndose de una remera que podría implicarlo aún más.
Tensión entre fiscalía y defensa
El fiscal Campos fue contundente al solicitar la prisión preventiva por tres meses, argumentando:
“Existen elementos de convicción suficientes para presumir su participación. Romero tiene antecedentes penales y ya recibió beneficios como suspensión de juicio a prueba y criterio de oportunidad”.
En contraposición, el defensor Freigedo solicitó medidas sustitutivas:
Prohibición de acercamiento a las víctimas
Arresto domiciliario
En última instancia, prisión preventiva por solo 30 días, si el juez así lo decidía.
Sin embargo, el juez Ambrogetti no dio lugar a esos pedidos, y resolvió:
“Corresponde imponer la prisión preventiva por el término de tres meses corridos, hasta el 14 de enero de 2026. No están dadas las condiciones para un monitoreo domiciliario”.
El fallo y la escena final
La audiencia fue pública, como ratificó el propio juez ante la consulta del imputado. En la parte final, Ambrogetti ordenó que Romero sea provisto de colchón, abrigo y alimentación acorde mientras dure su detención, en respuesta a una solicitud de su defensor.
Romero, visiblemente alterado, preguntó al finalizar:
“¿Me van a tapar la cara? ¿Van a hacer reconocimiento de persona?”
La respuesta fue clara y cortante:
“No sé si el fiscal va a pedir después una prueba jurisdiccional de reconocimiento personal”, respondió el juez, sin quitarle la mirada.
Una investigación en curso
El caso recién comienza, pero ya está cargado de controversia, crueldad, y pruebas que parecen dejar poco margen de duda sobre la participación del acusado. El trabajo de las próximas semanas será clave para determinar el rumbo judicial de Romero, que ya arrastra antecedentes y podría enfrentar una condena de cumplimiento efectivo.
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