La estafadora se hacía pasar por funcionaria pública.

Tras un sigiloso escape desde Río Gallegos, S. Benítez y su pareja fueron capturados en un departamento céntrico de la capital pampeana. La organización, que defraudó a decenas de personas por más de 50 millones de pesos, utilizaba la suplantación de identidad y el prestigio de cargos públicos.

La banda desarticulada en un edificio de la calle 9 de Julio operaba mediante un sofisticado sistema de ingeniería social que le permitía tomar el control total de las finanzas de sus víctimas. El método se basaba en la suplantación de identidad: Benítez se presentaba como funcionaria pública o judicial para solicitar fotos de DNI y validaciones biométricas. Con esa información, la organización abría cuentas en billeteras virtuales (como Mercado Pago) a nombre de los damnificados, desde donde gestionaban créditos y transferencias de dinero que luego desviaban a su propio circuito de consumo.

Según publicó La Oponió Austral, una vez que el dinero ingresaba al sistema de la banda, se iniciaba una fase de «lavado» a través de compras suntuosas. Los investigadores detectaron que los fondos fueron utilizados para adquirir artículos de electrónica, ropa de alta gama y muebles en Buenos Aires y otras provincias. Para borrar el rastro digital, la pareja utilizaba terminales posnet para simular ventas comerciales y extraer el efectivo, una maniobra que les permitió financiar un nivel de vida de lujo mientras eran buscados por la Justicia.

El esquema delictivo se apoyaba fuertemente en el perfil público de la sospechosa. Benítez, quien había ganado notoriedad en Santa Cruz por campañas solidarias vinculadas a un tratamiento de leucemia, aprovechaba esa «confianza social» para que sus víctimas no sospecharan al momento de entregar datos sensibles. Esta fachada de vulnerabilidad y compromiso social funcionaba como el escudo perfecto para ocultar una conducta reincidente, ya que la mujer se encontraba cumpliendo una condena previa bajo el régimen del Patronato de Liberados.

La caída en La Pampa fue el resultado de un seguimiento que comenzó cuando la pareja abandonó abruptamente su domicilio en el sur tras ser identificados por las estafas en el edificio «Sur 1» de Río Gallegos. El operativo de captura en Santa Rosa, encabezado por el Ministerio de Seguridad santacruceño y la policía local, permitió secuestrar celulares, dispositivos electrónicos y documentación clave que ahora es peritada para determinar si la red de estafas sumó víctimas en territorio pampeano durante su estadía.

¿Encubrimiento?

La Justicia de Santa Cruz inició una investigación paralela para determinar cómo la pareja logró sortear los controles y huir de Río Gallegos a pesar de estar bajo la lupa judicial.

El foco está puesto en la Policía de Santa Cruz, ante la sospecha de que Benítez y su pareja pudieron haber recibido información filtrada o «zona liberada» para abandonar la provincia.

El Ministerio de Seguridad santacruceño ya solicitó sumarios internos para deslindar responsabilidades y establecer si existió complicidad oficial en la fuga que terminó en Santa Rosa.

eldiariodelapampa

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