Roberto Ayala renunció a su cargo en la jefatura de la policía de La Pampa. A lo largo de su ciclo al frente de la policía provincial, el comisario –que responde directamente al vernismo- se fue allanando el terreno para ejercer un mandato caracterizado por amenazas, aprietes, maltratos y corrupción, que resultó en la pérdida de prestigio de las fuerzas de seguridad.
Según las recientes declaraciones del ex ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, en diálogo con Impacto Castex, Ayala ha cobrado millones de pesos en calidad de “gastos reservados” a lo largo de su gestión, que no han sido redirigidos a las fuerzas de la provincia. Además, Tierno remarcó que, durante su mandato, Ayala respondía directamente a las órdenes del ex gobernador Carlos Verna.
En ese entonces, el ex intendente de Santa Rosa aseguró que Ayala ya empezaba a dar órdenes ilegítimas a sus subalternos, y su poder comenzaba a acrecentarse. Con la salida de Tierno del Ministerio, y la posterior llegada de Julio “Tato” González, el poder del comisario creció a límites peligrosos.
Antes de que finalice la gestión del ex intendente castense al frente del Ministerio de Seguridad, tanto Ayala como González coordinaron la llegada de David Bazán y Juan Oses a la comisaría de Eduardo Castex, así como el arribo de Franco Farías a la departamental de Montenievas.
El accionar de Ayala –según agregó Tierno- se ha caracterizado por “persecuciones, acosos y maniobras que generaron temor en la sustentabilidad del puesto de trabajo de más de un policía”. Según han informado varios efectivos desde el interior de la policía provincial, el respeto hacia la figura de Ayala se limitaba a una estructura jerárquica. Los maltratos dentro de los pasillos de cada comisaría empujaron a más de un agente a solicitar carpetas psicológicas, razón por la que aún se investiga el suicidio del cabo primero Gastón Jesús Rodríguez en General Acha.
Además, a principio de año, el fiscal Oscar Cazenave logró interceptar a un efectivo policial de la localidad de Bernasconi, que se dirigía armado a la capital provincial para atentar contra la vida de Ayala.
Por otra parte, los antecedentes marcan conflictos de intereses en la cabeza de Ayala, que ha sabido cuando hacer “la vista gorda” y cuando tomar medidas contra algunos de sus efectivos. Un productor agropecuario de Rucanelo encontró el cargador de un rifle perteneciente a Lucas Beanatte, encargado del destacamento de esa localidad –que responde a las órdenes directas del comisario de Eduardo Castex, David Bazán-, que se dedica a la caza y faenamiento de animales. Desde la policía provincial jamás tomaron cartas en el asunto.
Sin embargo, Ayala ha solicitado el traslado de ciertos efectivos, acusados sin fundamentos de filtrar información a la prensa. Por ejemplo, el oficial Lagos de la comisaría de Conhelo, fue acusado de proveer información a Impacto Castex, razón por la cual también fueron trasladadas dos efectivas policiales que operaban en el puesto caminero de Castex.
A fines del año pasado, además, Ayala se comunicó con Natalia Piris -directora de Impacto Castex- para “sugerirle” algunos puntos a reveer antes de publicar ciertas novedades. El apriete fue sucedido, meses más tarde, por una amenaza directa de David Bazán a la periodista. Ayala no sólo no realizó declaraciones ni tomó medidas al respecto, sino que salió a apoyar al comisario Bazán tras las numerosas denuncias públicas de apremios ilegales en la localidad durante el período de aislamiento por el coronavirus.
“Estoy convencido que Horacio Di Nápoli se ha dado cuenta de lo que es Ayala, y que lo ha querido cambiar, pero no lo dejan. Ni a él ni a (Sergio) Ziliotto”, había declarado Tierno la semana pasada, junto al resto de sus acusaciones. Aparentemente, Ayala no ha podido hacer frente a los dichos del ex ministro, que fueron la gota que rebalsó el vaso y llevaron al comisario a dar un paso al costado.
Su lugar será ocupado por Héctor Lara, quien se desempeñaba como subjefe de la policía y gozaba de un respeto y cariño mayor que el de Ayala. El lugar de Lara será ocupado a su vez por René Bossio, ex rector del Instituto Superior Policial.
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