La empresa enfrenta una grave crisis.
Los accionistas deberán definir la continuidad del proceso iniciado por el Directorio de la empresa, en medio de casi dos centenas de despidos, actividad paralizada y una deuda millonaria.
El Frigorífico General Pico S.A. convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para el 24 de abril en la que se tratará la ratificación de la decisión de solicitar el concurso preventivo de acreedores, en el marco de una crisis financiera que incluye despidos masivos, paralización de la actividad y una deuda millonaria.
La convocatoria fue publicada en el último Boletín Oficial de La Pampa (N° 3722, página 165) y fija la reunión a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda, en la sede social ubicada en calle 24 esquina 47 de General Pico.
El orden del día establece como punto central la «ratificación, en los términos del artículo 6 de la Ley 24.522, de la decisión de la reunión de Directorio de fecha 5 de febrero de 2026 de solicitar la formación del concurso preventivo de la Sociedad y consideración de su continuación». La convocatoria lleva la firma del presidente de la firma, Ernesto Samuel Lowenstein.
El concurso preventivo, previsto en la norma mencionada, es un mecanismo judicial que permite a empresas en cesación de pagos reestructurar sus deudas mediante acuerdos con acreedores, con el objetivo de evitar la quiebra y sostener la continuidad operativa. En su artículo 6 se establece que la decisión debe contar con respaldo del órgano societario correspondiente, por lo que la asamblea resulta un paso necesario para formalizar el proceso.
Crisis profunda
La decisión se inscribe en un proceso de deterioro que se profundizó desde comienzos de año. La firma paralizó su actividad productiva y avanzó con la desvinculación de alrededor de 200 trabajadores en sus plantas de General Pico y Trenel, luego de haber dispuesto previamente suspensiones masivas que alcanzaron a gran parte de su personal.
En ese contexto, la empresa acumula un pasivo estimado entre 24.000 y 34.000 millones de pesos y registra cheques rechazados por más de 15.800 millones, lo que refleja el grado de compromiso de su cadena de pagos.
El escenario se agravó tras el fracaso de negociaciones con inversores externos que buscaban reactivar la planta. Según informaron las autoridades del frigorífico, se analizaron propuestas que incluían esquemas de explotación a largo plazo, entre ellas una alternativa cercana a los 40 millones de dólares mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago al contado, que no prosperaron.
En ese marco, desde la conducción señalaron: «Un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor ha obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación».
También indicaron que «ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo, que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial».
En ese sentido, Ernesto «Tito» Lowenstein y su vicepresidente, Alan Lowenstein, sostuvieron que el recurso del concurso preventivo busca «blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera».
El proceso mantiene en vilo a la economía regional por el peso del frigorífico en la actividad cárnica y su impacto en la cadena productiva, que abarca desde productores ganaderos hasta proveedores de servicios y logística.
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