La confirmación oficial de tres casos de scrapie en ovinos en la Argentina encendió una fuerte señal de alarma en toda la cadena productiva, que observa con preocupación un escenario sanitario complejo, con interrogantes abiertos y potenciales consecuencias económicas y comerciales. El sábado pasado, el Senasa confirmó resultados positivos a la enfermedad en tres ejemplares ubicados en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos que luego fueron ratificados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A partir de ese momento, comenzaron a conocerse detalles que profundizan la inquietud en el sector.

Los tres establecimientos donde se detectaron los casos son “El Luchador”, de Sergio Taffarel, en Entre Ríos; y las cabañas santafesinas Dorper Santa Fe, de Andrés Lebus, y El Tacurú, de Luciano Toldo. Taffarel habló con LA NACION y fue crítico con el accionar del Senasa. Es criador de las razas Dorper, Santa Inés y Hampshire Down.

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Según fuentes de la actividad, dos de los animales afectados habían sido importados desde Paraguay en 2021 y 2022. En ese contexto, recordaron que “es obligación del productor remitir la cabeza del ejemplar importado al organismo sanitario una vez que muere para realizar el análisis correspondiente”.

Sin embargo, indicaron que las cabezas de los animales muertos en 2025 que fueran remitidas de manera inmediata, no fueron analizadas en ese momento, sino que “lo hicieron recién a fin de año por un tema de costos”, lo que retrasó la detección de la enfermedad.

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El protocolo vigente establece que, cuando se importa un animal, el productor firma una responsabilidad para su seguimiento sanitario. “Cada seis meses el funcionario viene al campo para observar el animal importado, pero si el ejemplar muere, es el productor quien debe mandar la cabeza del animal”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que el deber del Senasa es analizar el cerebro de los animales para determinar la presencia de scrapie, pero advirtieron que la decisión de esperar a reunir más muestras para optimizar el uso de los reactivos provocó demoras en los estudios, dejando las cabezas almacenadas durante largos períodos sin ser examinadas. “Eso fue lo que pasó”. Para los actores del sector, la situación refleja fallas en el sistema de control. “Ningunearon la enfermedad, teniendo el estatus sanitario de Brasil con scrapie en la frontera”, enfatizaron. Como se dijo, la importación fue en rigor desde Paraguay.

Cuestionaron que los tres establecimientos afectados fueron interdictados en un contexto donde ya se modificó el estatus sanitario del país. Mientras tanto, crece la preocupación entre los productores, que expresaron su solidaridad con los criadores involucrados.

En paralelo, también surgieron tensiones dentro del propio sector. “Salvo un cabañero que intenta aprovechar esta situación para promocionar su plantel con genética que supuestamente tendría resistencia (ARR) a la enfermedad. Hacer leña del árbol caído en este contexto es una verdadera vergüenza”, advirtieron.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de llevar tranquilidad al consumo. “Debemos hacer una movida para concientizar de que el animal que tiene la enfermedad es apto para consumo humano”, remarcaron. Además, anticiparon gestiones institucionales: “Vamos a pedir una reunión con el Gobierno”.

El problema, según advirtieron, no se limita a los establecimientos afectados. “No es un problema de solo estas tres cabañas, en la Patagonia han comprado genética en una de estas cabañas implicadas. Esto podría impactar en el mercado de manera negativa y resentir los valores no solo de la raza Dorper sino de las otras razas”, alertaron.

En el plano sanitario, también surgieron reflexiones sobre la detección temprana: “El estatus sanitario de un país depende de la sinceridad de la población. Un veterinario nos mencionó que productores llamaban y decían que tenían animales que se rascaban, uno de los primeros síntomas de la enfermedad”. A ese signo se suman manifestaciones neurológicas. “El animal es como que está echado, al rato se para, sale corriendo 10 metros, se tira al piso, y le temblequea la cabeza”, describieron.

En este contexto, también se puso el foco en el ingreso de genética. “Hubo una fuerte importación desde Paraguay de la raza Dorper, que alcanzó un pico en 2022, con más de 1000 animales ingresados de manera legal”, señalaron, y estimaron que con fronteras laxas “por vías informales podrían haber entrado al menos otros 2000 ejemplares”.

En este contexto, Taffarel expresó su malestar por la situación y por el mal manejo de las autoridades nacionales. “Hoy, nosotros somos culpables de una ineficiencia de Senasa que se durmió en los laureles y dijo que éramos libres; libres hasta que te explota una bomba en las manos”, afirmó.

El productor relató que cumplió con todos los protocolos: “Fueron unas cuatro importaciones de Paraguay, realizadas con todos los protocolos y todos los análisis correspondientes, fue todo legalmente autorizado por Senasa”.

También explicó que actuó conforme a las exigencias sanitarias: “Mandamos los cerebros de todo animal importado que muere al laboratorio de Senasa”. Sin embargo, las consecuencias fueron severas. “Mi cabaña está interdictada. El Senasa ayer me notificó que estoy bloqueado durante dos años como mínimo. Recién analizó las muestras en diciembre y a mí me avisaron en febrero de este año. Me cerraron toda la cabaña y estoy imposibilitado de vender animales. No voy a subsistir durante dos años, me fundo”, dijo. Taffarel también apuntó a falencias en los controles sanitarios: “Si se hubiera cuidado la frontera, no estaríamos pasando esto”.

Repercusiones en la Patagonia

La preocupación se extiende con fuerza a la Patagonia, una región altamente dependiente del negocio ovino. Allí, el productor y director del distrito 14 (Santa Cruz y Tierra del Fuego) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcelo Díaz, advirtió sobre posibles consecuencias comerciales. “Si llega a salir una medida de que no podemos exportar, nos matan porque tenemos las cámaras de los frigoríficos llenas”, alertó.

En esa misma línea, Díaz remarcó la relevancia estratégica de la industria frigorífica ovina en la región. “Hay tres frigoríficos de ovinos habilitados para la Comunidad Europea que pueden exportar a cualquier lugar del mundo”, señaló. Sobre el impacto económico, fue categórico: “En la Patagonia se faenan en los tres frigoríficos más o menos unos 300.000 lanares, y se exporta de eso el 70%, mientras que el animal adulto se exporta el 98%”, detalló, y agregó que “es un ingreso clave de divisas para el sector, porque prácticamente toda la producción depende del mercado externo”.

En paralelo, el dirigente indicó que por estas horas el sector busca definiciones oficiales. “Hay una reunión de la Cámara de Frigoríficos de la Patagonia con el Senasa. Ya el viernes se empezó a hablar con Agricultura para ver qué medida van a tomar y cómo sigue esto”, explicó. A la espera de esa instancia, el clima es de máxima cautela. “Necesitamos certezas. No nos pueden involucrar en una medida cuando siempre fuimos independientes”, advirtió, al tiempo que insistió en la necesidad de preservar el estatus sanitario diferencial de la región.

“Debemos seguir respetando que la Patagonia era libre del resto del país”, expresó. También describió la dependencia estructural del sector: “Vivimos del ovino que exporta lana y carne”. Frente a la incertidumbre, el clima es de cautela. “Estamos todos cruzando los dedos a ver qué es lo que va a pasar”, expresó Díaz.

Mientras tanto, continúan las gestiones entre el sector privado y las autoridades para definir los pasos a seguir, en un contexto donde la aparición del scrapie abrió un frente sanitario inesperado y de alto impacto para toda la cadena ovina argentina. LA NACION intentó tener una opinión de funcionarios del Senasa, pero aún no obtuvo respuesta.

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