Luego de enfrentar el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro en Brasil, la Policía Penal de la Ciudad le retiró la tobillera electrónica a Agostina Páez, acusada de racismo y podrá regresar a la Argentina este miércoles.
Inicialmente, la joven la pena contemplaba 15 años de prisión, pero el pasado lunes obtuvo un habeas corpus de la Justicia, pagó US$20.000 de fianza que le permitirá su regreso.
El regreso de la joven ocurre este miércoles tras el cumplimiento de las exigencias técnicas del juzgado y luego de que la Policía Penal de Río de Janeiro retiró el martes la tobillera electrónica. Además, recuperó sus documentos de identidad y posee la autorización expresa para cruzar la frontera.
La abogada enfrentó el martes 24 de marzo el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Brasil, luego de pasar dos meses bajo vigilancia estatal. El caso se originó el 14 de enero, cuando un video registró gestos racistas contra empleados en un bar de Ipanema.
Requisitos legales y económicos para la libertad
La Justicia de Río de Janeiro fijó condiciones estrictas para autorizar el regreso de la acusada. En este marco, Páez debe declarar un domicilio actualizado en la Argentina para mantener el vínculo con el proceso penal.
Asimismo, el magistrado exigió el pago de una fianza de 60 salarios mínimos nacionales, cifra que equivale a cerca de US$20.000 del depósito, cuyo pago le permitió el levantamiento de las medidas cautelares.
La decisión judicial, a la que accedió LA NACION, autoriza el traslado de la joven bajo el compromiso de presentarse ante los llamados del tribunal.
La estrategia de la defensa a lo largo del caso
La defensa de la joven logró una modificación sustancial en la acusación durante la primera audiencia y la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno solo, una nueva calificación que le permitiría que la sanción consista en servicios comunitarios y el pago de resarcimiento económico a las víctimas.
“He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”, expresó en sus disculpas públicas. En ese entonces, la letrada manifestó alivio al salir de la sesión judicial que duró más de tres horas.
“En estos días me van a dejar volver a casa”, sostuvo y agregó: “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó.
El respaldo diplomático
El Consulado Argentino en Río de Janeiro brindó apoyo técnico y garantías procesales ante el magistrado Duarte. El cónsul adjunto Maximiliano Alaniz acompañó a la joven durante la audiencia clave en el edificio judicial, mientras que el organismo diplomático, a cargo de Jorge Perren, presentó una nota formal para asegurar que la Argentina monitoreará el cumplimiento del proceso. Ese documento también ofreció garantías y explicó que el Estado nacional asegura que el proceso penal pueda cumplirse.
La abogada santiagueña de 29 años regresará tras dos meses de permanencia en Río de Janeiro; el depósito de una caución económica y la fijación de domicilio habilitan su salida
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