El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un paro total de actividades que suspenderá la novena fecha del torneo de Primera División y el Ascenso.
La sorpresiva medida de fuerza se anunció luego de que la Justicia citara a indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció irregularidades impositivas por más de 19 mil millones de pesos.
Ante este conflicto de alto impacto público, el Gobierno nacional resolvió no emitir declaraciones para evitar que el expediente derive en una disputa netamente política.
Los detalles de la millonaria denuncia
El juez en lo penal económico, Diego Amarante, convocó a los principales dirigentes para los días 5 y 8 de marzo, fechas que coinciden exactamente con las jornadas de la huelga.
Según la denuncia formal del ente recaudador, la institución deportiva actuó como agente de retención de impuestos y contribuciones de seguridad social que no fueron ingresados al Estado.
La documentación incorporada a la causa contabiliza un total de 69 hechos autónomos ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Demoras y el argumento judicial
Las planillas presentadas por los inspectores muestran que la AFA habría depositado los fondos retenidos con atrasos considerables de hasta 149, 92, 62 y 57 días.
La actual ley penal tributaria establece que el delito de apropiación indebida se configura si el dinero no se deposita dentro de los 30 días corridos posteriores a su vencimiento.
“Lo sancionable es la falta de ingreso de las sumas retenidas en el plazo oportuno, sin que el ingreso de estas con posterioridad exculpe el actuar”, sostiene la acusación basándose en fallos de la Corte Suprema.
La defensa de la dirigencia y las ausencias
Frente a la inminente citación, la AFA emitió un duro comunicado donde negó categóricamente las acusaciones y aseguró que “no tiene deuda alguna exigible”.
La entidad rectora del fútbol argumentó que los pagos se realizaron “en forma previa a su vencimiento” y los dirigentes deslizaron internamente que se trata de una persecución política.
Aunque la cúpula afirmó que la medida de fuerza fue votada de manera “unánime”, el cónclave en Ezeiza no contó con la presencia de clubes de peso como Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.
Tampoco asistieron a la convocatoria los directivos en representación de los clubes Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.
La estrategia de la Casa Rosada
Frente a la parálisis de los torneos y las quejas de los hinchas, la administración libertaria optó por mantener un deliberado y estricto silencio institucional y digital.
“Es un tema de la AFA con la Justicia. No tenemos nada que decir”, indicaron voceros y fuentes con acceso a la mesa chica del Gobierno nacional.
La lectura del Ejecutivo es que la conducción deportiva buscó provocar una reacción oficial rápida para poder validar y alimentar su narrativa de ataque gubernamental.
Mientras los plazos procesales avanzan sin freno, el juez deberá determinar la responsabilidad de la cúpula directiva, en un caso que pone bajo la lupa el manejo financiero del deporte más popular del país.
El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un paro total de actividades que suspenderá la novena fecha del torneo de Primera División y el Ascenso.La sorpresiva medida de fuerza se anunció luego de que la Justicia citara a indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció irregularidades impositivas por más de 19 mil millones de pesos.Ante este conflicto de alto impacto público, el Gobierno nacional resolvió no emitir declaraciones para evitar que el expediente derive en una disputa netamente política.Los detalles de la millonaria denunciaEl juez en lo penal económico, Diego Amarante, convocó a los principales dirigentes para los días 5 y 8 de marzo, fechas que coinciden exactamente con las jornadas de la huelga.Según la denuncia formal del ente recaudador, la institución deportiva actuó como agente de retención de impuestos y contribuciones de seguridad social que no fueron ingresados al Estado.La documentación incorporada a la causa contabiliza un total de 69 hechos autónomos ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.Demoras y el argumento judicialLas planillas presentadas por los inspectores muestran que la AFA habría depositado los fondos retenidos con atrasos considerables de hasta 149, 92, 62 y 57 días.La actual ley penal tributaria establece que el delito de apropiación indebida se configura si el dinero no se deposita dentro de los 30 días corridos posteriores a su vencimiento.“Lo sancionable es la falta de ingreso de las sumas retenidas en el plazo oportuno, sin que el ingreso de estas con posterioridad exculpe el actuar”, sostiene la acusación basándose en fallos de la Corte Suprema.La defensa de la dirigencia y las ausenciasFrente a la inminente citación, la AFA emitió un duro comunicado donde negó categóricamente las acusaciones y aseguró que “no tiene deuda alguna exigible”.La entidad rectora del fútbol argumentó que los pagos se realizaron “en forma previa a su vencimiento” y los dirigentes deslizaron internamente que se trata de una persecución política.Aunque la cúpula afirmó que la medida de fuerza fue votada de manera “unánime”, el cónclave en Ezeiza no contó con la presencia de clubes de peso como Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.Tampoco asistieron a la convocatoria los directivos en representación de los clubes Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.La estrategia de la Casa RosadaFrente a la parálisis de los torneos y las quejas de los hinchas, la administración libertaria optó por mantener un deliberado y estricto silencio institucional y digital.“Es un tema de la AFA con la Justicia. No tenemos nada que decir”, indicaron voceros y fuentes con acceso a la mesa chica del Gobierno nacional.La lectura del Ejecutivo es que la conducción deportiva buscó provocar una reacción oficial rápida para poder validar y alimentar su narrativa de ataque gubernamental.Mientras los plazos procesales avanzan sin freno, el juez deberá determinar la responsabilidad de la cúpula directiva, en un caso que pone bajo la lupa el manejo financiero del deporte más popular del país. La Voz
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