La organización defensora de derechos humanos Foro Penal reportó que, desde el 8 de enero hasta el domingo pasado, verificó la excarcelación de 310 presos políticos en Venezuela, en el marco de un proceso de liberaciones tras el anuncio de un proyecto de amnistía general.
El abogado Alfredo Romero, director de la ONG, valoró los avances, aunque urgió a que las liberaciones continúen sin quedar supeditadas a la aprobación de la futura Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional.
1/ Desde el Foro Penal recibimos con optimismo, pero con cautela, el anuncio de una Ley de Amnistía para todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela.
— Alfredo Romero (@alfredoromero) January 31, 2026
Excarcelaciones verificadas y ritmo del proceso
Según el recuento de la ONG, las liberaciones han mostrado un incremento en las últimas semanas: entre el 8 de enero y el domingo pasado se registraron 159 excarcelaciones, a las que se sumaron otras 151 en la última semana.
Romero destacó que, aunque el ritmo de las liberaciones ha sido más rápido recientemente, más de 700 presos políticos siguen detenidos, según las cifras de Foro Penal que contrastan con las estadísticas oficiales del gobierno.
La organización atiende además a los familiares de los presos, muchos de los cuales se mantienen en vigilia a las puertas de los centros de reclusión a la espera de la libertad plena de sus seres queridos.
Peticiones de Foro Penal para la ley de amnistía
Foro Penal insistió en que el proceso debe incorporar varias garantías fundamentales para asegurar una transición más amplia:
- Participación de víctimas, sociedad civil y ONG de derechos humanos en la redacción, aplicación y seguimiento de la ley.
- Que la ley no sirva como “manto de impunidad” para quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.
- Desmantelamiento del sistema represivo y garantías de no repetición de persecuciones políticas.
- Restitución de derechos a las personas afectadas por detenciones arbitrarias.
Romero subrayó que es “indispensable” que el proyecto de ley cuente con redacción clara y que se evite que la amnistía beneficie a quienes cometieron crímenes graves o violaciones de derechos humanos.
Contexto de la amnistía en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a fines de enero un proyecto de Ley de Amnistía destinado a liberar a cientos de presos políticos en el país en el marco de un impulso hacia la reconciliación nacional. Varios medios internacionales destacaron que esta medida responde a presiones internas y externas y que la iniciativa será debatida con urgencia en la Asamblea Nacional.
Rodríguez también indicó que la futura ley excluirá a personas condenadas por homicidio, narcotráfico y violaciones graves de derechos humanos, aunque aún no se conocen todos los detalles del texto que será presentado.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan contabilizando las liberaciones y reclamando transparencia y garantías para que el proceso de amnistía cumpla con estándares legales y de justicia, sin dejar a familias y víctimas en el margen de las decisiones.
La organización defensora de derechos humanos Foro Penal reportó que, desde el 8 de enero hasta el domingo pasado, verificó la excarcelación de 310 presos políticos en Venezuela, en el marco de un proceso de liberaciones tras el anuncio de un proyecto de amnistía general.El abogado Alfredo Romero, director de la ONG, valoró los avances, aunque urgió a que las liberaciones continúen sin quedar supeditadas a la aprobación de la futura Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional.1/ Desde el Foro Penal recibimos con optimismo, pero con cautela, el anuncio de una Ley de Amnistía para todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela.— Alfredo Romero (@alfredoromero) January 31, 2026Excarcelaciones verificadas y ritmo del procesoSegún el recuento de la ONG, las liberaciones han mostrado un incremento en las últimas semanas: entre el 8 de enero y el domingo pasado se registraron 159 excarcelaciones, a las que se sumaron otras 151 en la última semana.Romero destacó que, aunque el ritmo de las liberaciones ha sido más rápido recientemente, más de 700 presos políticos siguen detenidos, según las cifras de Foro Penal que contrastan con las estadísticas oficiales del gobierno.La organización atiende además a los familiares de los presos, muchos de los cuales se mantienen en vigilia a las puertas de los centros de reclusión a la espera de la libertad plena de sus seres queridos.Peticiones de Foro Penal para la ley de amnistíaForo Penal insistió en que el proceso debe incorporar varias garantías fundamentales para asegurar una transición más amplia:Participación de víctimas, sociedad civil y ONG de derechos humanos en la redacción, aplicación y seguimiento de la ley.Que la ley no sirva como “manto de impunidad” para quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.Desmantelamiento del sistema represivo y garantías de no repetición de persecuciones políticas. Restitución de derechos a las personas afectadas por detenciones arbitrarias.Romero subrayó que es “indispensable” que el proyecto de ley cuente con redacción clara y que se evite que la amnistía beneficie a quienes cometieron crímenes graves o violaciones de derechos humanos.Contexto de la amnistía en VenezuelaLa presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a fines de enero un proyecto de Ley de Amnistía destinado a liberar a cientos de presos políticos en el país en el marco de un impulso hacia la reconciliación nacional. Varios medios internacionales destacaron que esta medida responde a presiones internas y externas y que la iniciativa será debatida con urgencia en la Asamblea Nacional. Rodríguez también indicó que la futura ley excluirá a personas condenadas por homicidio, narcotráfico y violaciones graves de derechos humanos, aunque aún no se conocen todos los detalles del texto que será presentado. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan contabilizando las liberaciones y reclamando transparencia y garantías para que el proceso de amnistía cumpla con estándares legales y de justicia, sin dejar a familias y víctimas en el margen de las decisiones. La Voz
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