Polémica por la seguridad en las escuelas cordobesas

La Voz

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba licitó públicamente la contratación de servicios de seguridad privada para las escuelas. El legislador de la UCR, Miguel Nicolás, afirmó que esa tarea es responsabilidad del Estado y que financiar a estas compañías es un negocio “sin control”.

La Cámara de Empresas de Seguridad Privada de Córdoba (Casecor) publicó una solicitada firmado por su director, Daniel Rinaldi, en la que cuestionó la posición del legislador radical. En el escrito se destacó la validez legal e institucional de sus servicios, prestadores y personal profesional.

La cámara del sector se manifestó en contra de los dichos del legislador acudiendo a las leyes provinciales número 10.571 y 10.954, que en sus términos, establecen de manera clara los requisitos, las condiciones de habilitación, formación, antecedentes y aptitudes que se deben reunir en seguridad privada.

“Resulta razonable esperar el conocimiento del marco normativo antes de efectuar declaraciones públicas que se contradicen con la realidad y confunden a los cordobeses”, estableció Casecor.

Apelaron, además, a un registro público de acceso libre en el que los ciudadanos pueden comprobar si una empresa se encuentra habilitada o consultar sobre la situación de los trabajadores del área.

“No puede sostenerse que se desconozcan a las empresas, el personal afectado a la actividad o a los responsables”, comentó la Casecor para respaldar que la información es de libre acceso y está bajo legislación.

En este sentido, remarcaron que la actividad de seguridad privada no puede efectuarse por fuera del marco legal y que es obligatorio, en toda licitación pública, contar con los requisitos requeridos por la autoridad.

El Estado provincial, además de licitar contrataciones de seguridad en escuelas, también lo está haciendo en el área de salud, en hospitales y otras instituciones del estilo.

La respuesta de Miguel Nicolás

Tras el comunicado, el político radical no tardó en responder. Calificó de “falsas y tendenciosas” las declaraciones de las privadas y las rechazó categóricamente.

“La seguridad en las escuelas es responsabilidad del Estado, no de empresas privadas que nacen por la ineficiencia estatal”, sostuvo Miguel Nicolás.

Agregó que no se puede permitir la precarización de la educación ni dejar a docentes sin trabajo mientras se “entregan miles de millones a privados sin ningún tipo de control”.

Sostuvo, finalmente, que la educación va primero y que invertir en ella es fundamental. Sin embargo, aclaró que la financiación debería estar dirigida hacia quienes enseñan y aprenden, y “no a negocios”.

​El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba licitó públicamente la contratación de servicios de seguridad privada para las escuelas. El legislador de la UCR, Miguel Nicolás, afirmó que esa tarea es responsabilidad del Estado y que financiar a estas compañías es un negocio “sin control”. La Cámara de Empresas de Seguridad Privada de Córdoba (Casecor) publicó una solicitada firmado por su director, Daniel Rinaldi, en la que cuestionó la posición del legislador radical. En el escrito se destacó la validez legal e institucional de sus servicios, prestadores y personal profesional. La cámara del sector se manifestó en contra de los dichos del legislador acudiendo a las leyes provinciales número 10.571 y 10.954, que en sus términos, establecen de manera clara los requisitos, las condiciones de habilitación, formación, antecedentes y aptitudes que se deben reunir en seguridad privada. “Resulta razonable esperar el conocimiento del marco normativo antes de efectuar declaraciones públicas que se contradicen con la realidad y confunden a los cordobeses”, estableció Casecor. Apelaron, además, a un registro público de acceso libre en el que los ciudadanos pueden comprobar si una empresa se encuentra habilitada o consultar sobre la situación de los trabajadores del área. “No puede sostenerse que se desconozcan a las empresas, el personal afectado a la actividad o a los responsables”, comentó la Casecor para respaldar que la información es de libre acceso y está bajo legislación. En este sentido, remarcaron que la actividad de seguridad privada no puede efectuarse por fuera del marco legal y que es obligatorio, en toda licitación pública, contar con los requisitos requeridos por la autoridad. El Estado provincial, además de licitar contrataciones de seguridad en escuelas, también lo está haciendo en el área de salud, en hospitales y otras instituciones del estilo. La respuesta de Miguel NicolásTras el comunicado, el político radical no tardó en responder. Calificó de “falsas y tendenciosas” las declaraciones de las privadas y las rechazó categóricamente. “La seguridad en las escuelas es responsabilidad del Estado, no de empresas privadas que nacen por la ineficiencia estatal”, sostuvo Miguel Nicolás. Agregó que no se puede permitir la precarización de la educación ni dejar a docentes sin trabajo mientras se “entregan miles de millones a privados sin ningún tipo de control”. Sostuvo, finalmente, que la educación va primero y que invertir en ella es fundamental. Sin embargo, aclaró que la financiación debería estar dirigida hacia quienes enseñan y aprenden, y “no a negocios”.  ​

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