La sentencia fue dictada por el juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, tras la realización del juicio oral. Durante los alegatos finales, la fiscala Paula Duscher había requerido una sanción de 13 años de prisión por la calificación legal de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal (sexo oral), mediando abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no pudo consentir libremente la acción; agravado por resultar un grave daño en la salud mental en la victima ambos como delito.
La defensa particular del imputado, ejercida por el abogado Omar Gebruers y la abogada Alejandra Lezcano López, solicitó la absolución y, subsidiariamente, una condena a seis meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple.
Con las pruebas incorporadas en el debate, el magistrado dio por probado que durante algo más de un año, el acusado abusó sexualmente del adolescente, de distintas formas, a pesar de la negativa de la víctima, y que además lo amenazó con perjudicar a su familia.
Martín Miguez, además, mantuvo hasta la finalización del proceso la prohibición de contacto y acercamiento del imputado al damnificado. También le fijó como medidas de coerción complementarias, el impedimento de salir del país y la obligación de presentarse todos los lunes en la Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescencia.
Al fijar la sanción, el juez valoró como agravante, entre otros, “el aprovechamiento del agresor de la mayor vulnerabilidad del adolescente frente a los ataques sexuales llevados a cabo por un adulto en posición de poder asimétrico (…) La selección de la víctima y el medio empleado para coaccionarla estuvieron estrechamente vinculados. La falta de madurez del adolescente lo posicionó como una víctima más vulnerable a los efectos de la manipulación ejercida sobre él”.
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