En el texto del proyecto Guzzo sostiene, siguiendo a la ONU, que el acceso a un inodoro es «un derecho humano» de manera que «todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos».
Guzzo remarcó además que el tener sistemas de saneamientos inadecuados, dañados o rotos, pueden provocar contaminación como así también, el surgimiento de enfermedades que pueden llegar a ser mortales.
Más allá de las enfermedades a las que se exponen las personas bajo condiciones inadecuadas de higiene, se consideró que el no contar con los servicios adecuados vulnera aún más a mujeres y niñas, «lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad».
Por otra parte, la diputada sostuvo en su proyecto que el «Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales».
En esa línea se refirió al Plan Federal Sanitario Mi Baño lanzado durante en 2023 y recordó que son los Estados los que deben proteger los servicios y abastecimiento de agua para que la población se encuentre protegida.
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