El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández y a otras 38 personas por el escándalo de los cobro de comisiones de los seguros. Uno de los convocados es el pampeano Mauro Tanos, exintegrante de La Cámpora -alejado hace años- que integró el Gobierno de Alberto Fernández y que, ya con Javier Milei, ascendió a gerente general de Nación Seguros.
Fernández deberá presentarse el 20 de noviembre. Al día siguiente fueron citados el empresario Héctor Martinez Sosa y su mujer María Cantero, la histórica secretaria del expresidente.
La extensa lista incluye al expresidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros exfuncionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, y Mauro Tanos, publicó Infobae. En el caso de Tanos, está bajo la lupa judicial por sus vínculos con un conjunto de socios de empresas aseguradoras que cobraron millones de pesos de comisiones por los negocios con el Estado.
También fueron citados varios empresarios ligados a las principales empresas aseguradoras que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023.
La ronda de indagatorias, que empezará con la del expresidente, terminará el 18 de diciembre a las 12. Después, Ercolini resolverá si hay mérito suficiente para procesar a Fernández y a cada uno de los otros investigados.
Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”.
“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de “Nación Seguros SA” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “Nación Seguros”, dice la resolución del juez Ercolini a la que tuvo acceso Infobae.
La causa comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por Ricardo Roa en el diario Clarín. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en decenas de organismos. En esos operativos, se secuestraron decenas de celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la Anses.
Además fue citado a indagatoria el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Al menos dos aseguradoras investigadas por el juez Julián Ercolini figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering.
La cooperativa 7 de mayo era la dueña de una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500, y había tramitado un subsidio con el INAES de $15 millones. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial al que tuvo acceso Infobae. “La Cooperativa no dio respuesta a la información acerca de a qué persona, humana o jurídica, se ha extendido cada uno de esos cheques”, admitió el INAES en mayo de este año. Un mes después, tuvo que suspenderla ante la magnitud del escándalo.
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