La ejecución presupuestaria devengada de la administración nacional en el primer semestre 2024 sufrió una caída del 30% interanual en la ejecución. En plena crisis, los principales recortes estuvieron en programas de la seguridad social.
En ese sentido, lo que experimentaron un recorte mayor fueron: Asignaciones Familiares (-8%), PUAM (-48%), Pensiones no Contributivas (-33%), y Prestaciones Previsionales (-44%), según el informe del Centro de Economía Política (CEPA).
Otros programas clave también caen como Potenciar Trabajo (-72%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-80%).
También en materia educativa existieron fuertes recortes en Conectar Igualdad (-88%), FONID (-88%), Becas Estudiantiles (-61%), y Jardines Infantiles (-77%).
En salud los recortes incluyen el Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (-50%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-65%) y Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-89%). La Respuesta al VIH, Tuberculosis y Hepatitis Virales cae 75%.
cuadro cepa ajuste
Las transferencias a las provincias caen drásticamente por hasta el 100% en el caso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, -92% en el caso de la Asistencia Técnica a Municipios, y -99% en la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.
El ajuste sobre estas áreas continuaría el próximo año. El Gobierno envió en las últimas joras al Congreso un adelanto del Presupuesto 2025, en el se planteó mantener «las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos».
«Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público”, indicó el oficialismo en su informe de avance del Presupuesto 2025.
Planteó como otra meta central la eliminación de las organizaciones sociales para la asistencia social y, en ese sentido, señaló que habrá «acompañamiento social sin intermediaciones, realizando esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones».
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